Reflexiones Peruanas Nº 206: Al Volver de Bagua

Viuda y tía de Alejandro Salazar, campesino fallecido en Bagua Grande por los disparos de la policía.

Padre y Viuda de Rogelio Coronel, fallecido en Bagua Grande por el disparo a quemarropa de un policía no identificado.

El jueves pasado, cuando el Congreso derogó por fin los Decretos Legislativos 1090 y 1064, algunas personas creyeron que la crisis amazónica había concluido. Sin embargo, los acontecimientos del 5 de junio, han generado problemas mucho más profundos que en nada soluciona la tardía decisión del Congreso.

Aquel día, la policía se comportó en las ciudades de Bagua y Bagua Grande como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población. El caso de Leidi Luz, una niña de siete años que recibió un balazo en el estómago no fue un incidente aislado: la mayoría de los heridos y fallecidos no tenían relación con las protestas.

Sin embargo, los vecinos de ambas ciudades concuerdan en que la brutalidad de la policía fue mucho mayor en la Curva del Diablo.

Parece ser que ante los primeros disparos de la policía, el reconocido dirigente Santiago Manuim pretendió invocarles a detener el fuego, alzando las manos. En ese momento, sea por torpeza o ensañamiento, el propio Manuim recibió ocho balazos.

Cualquiera que conozca mínimamente a los awajún podía haber previsto lo que sucedería. Ellos se enfrentaron directamente a la policía.

-Cuando vimos caer a Santiago, para nosotros era vivir o morir. Estábamos en guerra y debíamos luchar por nuestra vida –declaran varios indígenas.

Al menos quince policías murieron en el enfrentamiento. ¿Y cuántos awajún? En las dos Baguas nadie cree que hayan sido solamente cuatro, como indican las cifras oficiales y mas bien se asume que durante cinco días la policía impidió el ingreso a la zona del Ministerio Público, la Iglesia y los organismos de derechos humanos, para poder trasladar los cuerpos de los indígenas.

Una mujer awajún relata que, cuando intentaba auxiliar a un nativo herido, un oficial declaró: “Aquí no hay ningún herido” y acto seguido lo mató de un tiro.

-¿Qué somos para Alan García? –exclama ella - ¿No somos personas? ¿Somos perros y perras que hace matar?

Ella cuenta que también vio cómo quemaban los cuerpos de otros nativos. Varias personas vieron cómo los policías disparaban por la espalda a los indígenas que huían, “como si cazaran venados”. Algunas religiosas indican que la policía se llevó dos cuerpos que aparecieron en la orilla del río. Durante varios días, en Bagua se indicaba que había fosas comunes, pero hasta el momento no han sido halladas.

El gobierno sostiene que no existen más muertos, porque los awajún no proporcionan nombres. En realidad, las comunidades vienen elaborando listas, pero no presentan ninguna denuncia, porque temen las represalias.

Mientras los habitantes de Bagua Grande insistieron durante una semana hasta que el Ministerio Público aceptó sus denuncias contra los policías que mataron o hirieron a sus familias, para los awajún resulta absurdo denunciar ante el Estado los hechos que el mismo Estado cometió. Paradójicamente, la principal prueba de las desapariciones de los indígenas es el caso del mayor Felipe Bazán, cuyo cuerpo sigue siendo buscado por su angustiada familia. La hipótesis más probable es que Bazán murió a manos de los awajún y que éstos desnudaron su cadáver. Horas después, la policía lo confundió y sufrió la misma suerte que los cuerpos de los indígenas.

Entretanto, la incertidumbre por los desaparecidos, los permanentes vuelos de helicópteros, las detenciones indiscriminadas y las torturas a los detenidos generan un fuerte clima de terror entre los awajún. Un profesor me contó cómo fue torturado hasta quedar inconsciente por seis miembros de la DINOES, pese a que ni siquiera salió de su comunidad durante las protestas. Ahora es un manojo de nervios y teme que, cuando comiencen las clases, vaya a ser detenido. Otro awajún, Ebelio Petsayit, falleció en su comunidad a consecuencia de los golpes sufridos.

En Bagua, los awajún detenidos sin mayores pruebas eran liberados durante el toque de queda, exponiéndolos a que fueran nuevamente detenidos o inclusive baleados. Los demás han sido trasladados a la cárcel de Chachapoyas, una ciudad muy alejada y actualmente casi incomunicada, lo cual rompe los vínculos con abogados, intérpretes y familiares.

Los awajún están convencidos que Alan García busca su exterminio. Es verdad que ya antes había quienes querían invadir sus tierras, pero ha sido el gobierno actual el que ha otorgado a empresas mineras sus ríos, sus tierras y sus cerros sagrados y los ha insultado repetidas veces, en una afrenta permanente a su dignidad como pueblo.

Lamentablemente, no se percibe ningún esfuerzo para que los awajún confíen mínimamente en las autoridades. Es más, en lugar de aprovechar que Santiago Manuim sobrevivió para establecer un diálogo con él, el Poder Judicial lo acusa de instigar el asesinato de los policías de la Estación 6, aunque estaba inconsciente cuando ello sucedió. El jueves, la policía pretendió esposarlo en su cama del hospital Las Mercedes.

Detener los abusos hacia los indígenas, sancionar a los responsables, devolver los cuerpos a las familias, cambiar a la Ministra del Interior, cancelar las concesiones mineras, otorgar representación política a los indígenas amazónicos, serían señales que podrían iniciar un camino de reconciliación. ¿Será tan difícil que el torpe y arrogante gobierno se dé cuenta de ello?

Fotos de la masacre de Bagua

Algunas de estas fotos son muy fuertes. Fueron tomadas por voluntarios belgas que se encontraban en la zona.

http://catapa.be/en/north-peru-killings

Video del plantón ante el Cineplanet Alcázar

http://agenciaperu.tv/index.php?viewkey=279dced6b3d6d2d646fa&category=&section=12

Reflexiones Peruanas Nº 242: Memorias del Presente

Una familia ayacuchana es asesinada por una patrulla militar. El Ministro de Defensa responde con sarcasmo a los pocos periodistas que se atreven a preguntarle por los cuerpos de los dos niños, que hasta el momento no han sido encontrados.

El gobierno dispone que serán inimputables los policías y militares que maten o hieran empleando sus armas, “en cumplimiento de su deber”. Alrededor de sesenta personas, incluyendo la familia ayacuchana, son asesinadas desde que esta norma es publicada, la mayoría de ellas ejecutada por un escuadrón especial.

En dos días, en ciudades diferentes, tres campesinos son muertos a tiros por efectivos policiales. Los disparos a la cabeza revelarían una estrategia coordinada.

Tres mujeres de edad avanzada y seriamente enfermas son recluidas en una prisión de máxima seguridad acusadas de terrorismo junto con otras cuatro personas, sin prueba alguna.

El uso de la tortura se extiende como parte de los interrogatorios policiales. Las víctimas suelen ser campesinos andinos, nativos amazónicos o jóvenes de rasgos andinos a quienes la policía confunde con criminales. Después de días, semanas o meses de cautiverio, siguen sufriendo las secuelas.

Lo que usted ha leído en los párrafos anteriores no son extractos del Informe de la Comisión de la Verdad. Son historias del año 2008, el peor en materia de derechos humanos desde los tiempos del conflicto armado. Un dato es revelador: durante el gobierno de Toledo, el promedio anual de muertes cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales era de tres o cuatro personas; el año pasado, las muertes se elevaron a 43.

Ante este panorama, personalmente me habría sorprendido que el gobierno de Alan García aceptara la donación alemana para la edificación de un Museo de la Memoria. Un Museo no tendría mayor sentido para el régimen actual, considerando que desde los primeros días en el poder promovió la pena de muerte… y que ha generado tantas muertes concretas.

Algunas muertes parecen excesos aislados, como el caso de Jean Surichaqui, asesinado por un policía en La Oroya o Luis Enrique Ortiz, que apareció muerto en la comisaría de Celendín. Sin embargo, casos como el de los mineros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco (Pataz) se han vuelto reiterados, fallecieron por el uso desproporcionado de la fuerza frente a las movilizaciones sociales, empleándose armas de fuego directamente contra el cuerpo de las personas.

Ahora bien, durante los años 2007 y 2008, la mayoría de muertes han sido cometidas por el Escuadrón de Emergencias de Trujillo en operaciones de “limpieza social”. Uno a uno, delincuentes que integraban diversas bandas han caído abatidos. En todos los casos, el Escuadrón señala que las muertes ocurrieron en enfrentamientos, pero mucha gente sostiene haber visto a los fallecidos cuando eran detenidos. Resulta extraño, además, que nunca se informe sobre policías heridos. Varias necropsias arrojan huellas de tortura o disparos a corta distancia.

Los periódicos trujillanos se refieren con naturalidad a la existencia de “una lista” de delincuentes a ser eliminados, aunque al menos doce personas sin ninguna relación con las bandas mencionadas también han fallecido.

Todas estas muertes se producen al amparo del Decreto Legislativo 982, que desde agosto del 2007 otorga inimputabilidad a policías o militares. En la práctica, en Trujillo ha venido operando la pena de muerte, a cargo del Escuadrón de Emergencias.

En todos los casos que se produjeron el año pasado, los paralelos con lo ocurrido en los años ochenta son impresionantes: las autoridades rechazan todas las denuncias, atribuyéndolas a intereses políticos (inclusive ha sido catalogado así el Departamento de Estado de los EEUU). En cuanto a la población, como antaño, aparecen los mecanismos de defensa: la negación de los hechos (“Es imposible que la policía haya hecho algo así”), o la culpabilización de las víctimas (“seguro son terroristas”). Algún amigo me dijo que era mejor que Carmen Azparrent y Melissa Patiño estuvieran presas, “para que mis hijos vivan seguros”. Sólo en algunos casos, como los de Abrham Nina y los demás ciclistas de San Juan de Lurigancho se manifestó un sentimiento de rechazo frente a los abusos, pero tampoco se produjo una indemnización.

Los hechos demuestran que es un error considerar las violaciones de los derechos humanos como un tema “del pasado”. Desapariciones, violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales vuelven a ocurrir porque no se han resuelto problemas de fondo como la exclusión, la desigualdad, el autoritarismo y el desprecio por el más débil.

Hace algunos años visité en Ámsterdam la casa donde vivió escondida Anna Frank con su familia y me pareció interesante cómo se buscaba que los visitantes reflexionaran sobre las actuales formas de intolerancia y discriminación. Ese sería el principal fin de un Museo de la Memoria: conocer los errores del pasado, para lograr transformar el presente.

Cuando, algún día, tengamos ese Museo, deberá incluirse también el año 2008, para analizar cómo pudimos regresar a convivir con la barbarie, sin darnos mucha cuenta de ello.

Anexo de la RP 237

-La joven campesina Lidia Huerta Méndez ha sido la primera víctima de la Policía Nacional en este año. Su muerte se produjo durante el enfrentamiento entre los policías de la comisaría de Yaután y los comuneros de Calpoc en la sierra de Casma (AN). Al parecer, uno de los policías habría participado en el violento asalto al tesorero de la comunidad.

-En Sivia (AY) un operativo antidrogas desencandenó otro enfrentamiento entre policías y campesinos. Quedaron seriamente heridas Margarita Morales y Judith Cabrera. Según sus familias, ellas no participaron en el enfrentamiento.

-Hablando de víctimas de la policía, más de treinta personas irrumpieron en la Feria del Libro de Trujillo, para acusar al ex ministro Luis Alva Castro de la muerte de sus familiares. Llegarían a 46 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Escuadrón de Emergencias de dicha ciudad entre agosto del 2007 y octubre del 2008.

-La Corte Superior de Tumbes dispuso la liberación de los dirigentes Julio Bustamante, José Antonio Torres y José Luis Zapata, enfrentados a una empresa langostinera que amenaza el Santuario de los Manglares (RP 236). Al día siguiente, millares de peces murieron en un estero de Tumbes por la negligencia de otra langostinera.

-Después de casi seis años, el Ministerio de Defensa aceptó entregar una compensación económica a los estudiantes puneños heridos por los militares el 29 de mayo del 2003 Elmer Hilaíta, que ha sufrido fuertes daños cerebrales por los golpes, recibió la cifra más alta, 31,000 soles. Un poco mayor fue el monto otorgado a los padres del estudiante fallecido Edy Quilca. En tiempos del Ministro Aurelio Loret de Mola, el Ministerio gastó más de 200,000 en asistencia legal para este caso (ver RP 62 y 112).

-Hablando de graves violaciones a los derechos humanos, el Comandante de la Marina Andrés Egoechaga fue condenado a 20 años de prisión por quemar vivo al adolescente Indalecio Pomatanta, en Ucayali en 1995. Sin embargo, otros tres marinos que participaron en el homicidio de Pomatanta fueron absueltos.

-A los dos días del desalojo de los bosques de Pómac, una mujer dio a luz a un niño en la posta médica de Pacora. Se sigue buscando ayuda para las personas más pobres que fueron desalojadas. Entretanto, el Gobierno Regional de Ica ha dispuesto la protección de los bosques de guarangos que todavía subsisten.

-Felicitamos al Gobierno Regional de Lambayeque por la promulgación de la Ordenanza Regional 001-2009 contra la discriminación, la segunda de alcance regional.

-Agradecemos también al programa “Qué Tal Raza” por el reconocimiento hacia nuestra persona, junto con Gisella Ortiz, cuyo hermano fue asesinado por el grupo Colina, el antropólogo forense Juan Pablo Baraybar, el cineasta Josué Méndez, las cantantes Damaris Mallma y Fabiola de la Cuba, el músico Jaime Cuadra, el periodista Enrique Zileri, la activista afrodescendiente Mónica Carrillo, el historiador Luis Repetto y Ricardo Ramón, Director del Centro Cultural de España. Pueden ver el video en:
http://elblogdequetalraza.blogspot.com/2009/01/los-11-del-11-once-personajes-del-2008.html

-Agradecemos al Pub Inglés y al Hotel San Blas por su compromiso de no volver a incluir requisitos discriminatorios en sus ofertas de empleo, así como a Samitex por haberlos eliminado de sus nuevos avisos. Los Colegios Trilce y la empresa Legis han incluido un compromiso contra la discriminación en sus recientes ofertas. Esperamos una respuesta similar de los Colegios Pamer, que han publicado también avisos de empleo discriminatorios.

-Los restaurantes Bocatta y O Mei corren peligro de ser sancionados por el Ministerio de Trabajo, debido a sus ofertas de empleo discriminadoras.

El aporte (sobre la RP 236):

-Alguien muy cercano a los invasores de Pómac me comentó que, cuando araban la tierra con tractor, los huacos aparecían como camotes. Hemos perdido también buena parte de nuestro patrimonio cultural (un amigo chiclayano).

-Esperemos que después de leer el texto de Fernando Nakasone algunas personas, antes de subir a un ascensor, a una combi o a un ómnibus, aprendan a esperar que salgan los demás (una especialista en relaciones interculturales).

-El texto de Nakasone me hace pensar que uno de los medidores del desarrollo de un país son sus obras de infraestructura. Después de la guerra que destruyó Japón, Bretton Woods inyectó millones de dólares en la reconstrucción de pueblos y la construcción de carreteras y puentes. Así el país renació de sus cenizas. En el Perú, a pesar que muchas municipalidades obtienen recursos, no gastan ese dinero adecuadamente.
Quizás por una inconsciente preparación para mi regreso a Lima, van dos veces que he sacado la mano para parar un bus, lo que acá nadie hace, porque igual paran, y también me he puesto de pie para bajar antes que el bus se detenga, sorprendiendo al chofer (una abogada, becada en el Japón).


La frase W:

Una forma eficaz de promover la delincuencia, el rencor entre peruanos y los conflictos sociales es ser mezquino hacia los más débiles.

43 muertes cometidas por las Fuerzas de Seguridad en el 28

En tiempos de Alejandro Toledo el promedio de víctimas de la violencia policial eran tres personas al año. En el 2008 las fuerzas de seguridad mataron a 43 personas.

CASOS CONFIRMADOS

20 PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS POLICIALES

John Acosta, 10 de enero del 2008, Pucallpa

Niño de diez años de Pucallpa, fallecido cuando la policía intentó desalojar a un grupo de invasores en un asentamiento humano de esta ciudad amazónica.

Darwin Guzmán Ruiz, 13 de enero del 2008, Trujillo

Comerciante de la zona de La Esperanza. La Policía sostuvo inicialmente que se trató de un delincuente y que lo mataron en un enfrentamiento. Es el primero de 21 casos que se producen durante este año en dicha ciudad.

Piero Paoli Zavaleta Castillo y Luis Enrique Varas Alfaro, 30 de enero del 2008, Trujillo.

Aparecieron muertos al día siguiente de ser detenidos. Luego se informó que habían muerto en un enfrentamiento. Zavaleta era conocido por pertenecer a una de las mafias más peligrosas de Trujillo. Pese a sus múltiples crímenes fue varias veces liberado por el Poder Judicial.

Julio Rojas, 18 de febrero del 2008, Barranca

Campesino que participaba en un paro agrario. Murió a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía.

Emiliano García y Rubén Pariona, 19 de febrero del 2008, Ayacucho

Campesinos de Quinua que participaban en un paro agrario. Fallecieron a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía. Se ha identificado como responsable al policía Carlos Rodríguez Huamaní, quien confesó ante el Ministerio Público.

Luis Enrique Ortiz, 5 de marzo del 2008, Celendín, Cajamarca.

Ortiz fue detenido, acusado de golpear a su esposa. Pocas horas después se informó que había fallecido en la comisaría. Indignados, los vecinos del lugar atacaron el establecimiento y lo destruyeron, junto con un patrullero.

Santos Antonio López Chancahuaña, 25 de abril del 2008, Acarí, Arequipa

Santos López era un minero informal, que falleció durante un desalojo por parte de la Policía Nacional. Los mineros desalojados argumentaban ser los legítimos propietarios del terreno.

Justo Loma Angles 30 de abril del 2008, Puno.

Campesino que viajaba en un vehículo. Como en los casos del niño Imel Huayta y de Miguel Añamuro, los autores fueron los policías de Aduanas. Los familiares de Loma sostienen que él no tenía ninguna relación con el contrabando

Jean Surichaqui, La Oroya, Junín, 29 de mayo del 2008

Según se informa, la Policía Nacional pretendió realizar una intervención a unos jóvenes que se encontraban bebiendo licor y uno de ellos mató de un tiro a este joven, que pertenecía a un grupo de danza. El responsable ha sido detenido.

Julio Apaza, Independencia, Lima, 5 de junio del 2008

Este joven pretendía evitar el desalojo del inmueble en que vivía con su familia. Ellos argumentaban que el desalojo era injusto.

Los principales jefes policiales involucrados en esta muerte fueron inmediatamente suspendidos y a nuestro parecer esta medida implicó que en los episodios de protestas violentas que se produjeron en la segunda mitad del año, la policía reaccionara de manera sumamente moderado.

Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco Tutuca, Pataz, La Libertad, 12 de julio del 2008

Los jóvenes mineros se enfrentaban a la empresa Marsa conocida por sus abusos hacia los trabajadores y contra el medio ambiente. La Policía Nacional actuó violentamente. Huanaco murió el 22 de julio, tras diez días de quedar malherido.

Alexander Fernández Bazán, 17 de julio del 2008. Trujillo.

Apareció muerto el día siguiente de ser detenido.

Johnny Reyes Velásquez. 20 de julio del 2008, Trujillo.

La versión oficial había sido que Reyes muere en un enfrentamiento, pero diversos testigos informan que fue detenido. Apareció muerto al día siguiente de cuatro tiros por la espalda. Según la policía, era un conocido delincuente, responsable de la masacre de diez personas en marzo del 2005.

Freddy Rodríguez Arce, 9 de setiembre del 2008, Trujillo.

Muerto a sangre fría en presencia de testigos. Era cuñado de Johny Reyes y jefe de la banda Los Plataneros.

Helmer Arpasi Valeriano y Ronald Gamarra Chueca, Tacna, 1º y 4 de noviembre del 2008.

Ambos formaban parte de las protestas contra un cambio en la ley del canon. En este caso la extrema violencia de los manifestantes hace que sea difícil señalar este hecho como un acto de criminalización de la protesta, pero debe investigarse si pudieron haberse producido excesos.

Doris Mendoza Paredes, Concepción, 16 de noviembre del 2008.

Fallecida durante las protestas de la población de esta localidad contra la instalación de una planta de instalación de basura. En este caso la extrema violencia de los manifestantes hace que sea difícil señalar este hecho como un acto de criminalización de la protesta, pero debe investigarse si pudieron haberse producido excesos.

SIETE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Franklin Estalla Enciso, 7 de setiembre del 2008, campesino de Nueva Esperanza, en el VRAE. Su cuerpo fue sepultado en Satipo y presentado inicialmente como un senderista muerto en un enfrentamiento.

Félix Canchanya Limanche, Maximiliano Pichardo Fernández, Alejandro Pichardo Fernández, Rosa Chávez Sihuincha, 14 de setiembre del 2008 Río Seco, Ayacucho. Campesinos asesinados por una patrulla de las Fuerzas Armadas, aparentemente para amedrentar a otros probladores. Rosa Chávez estaba en el sexto mes de gestación.

Moisés Pichardo (6 años), Rosa Linda Pichardo (un año), hijos de Maximiliano Pichardo, probablemente ejecutados también, permanecen en calidad de desaparecidos.

OTRAS 16 POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN TRUJILLO

Orlando Eustaquio Sánchez, 25 de enero.

Freddy Ortecho Rodríguez y Gabriel Aguilar Pretell, 13 de febrero del 2008. Ortecho era el jefe de la peligrosa banda Los Pulpos. La policía sostiene que murieron durante una persecución.

Franco Silva Verona, 2 de marzo del 2008

Luis Fernández Vásquez, 11 de marzo del 2008

José Aredo García y Luis Reyes Armas, 8 de mayo del 2008 y Luis Espinoza Esquivel, 10 de mayo del 2008. Los tres eran integrantes de la banda Los Pulpos.

Carlos Rodríguez Mantilla, 5 de junio del 2008.

Jaime Chávez Escamilo, Segundo Linares Rivas, César Cruz Rodríguez y Carlos Esquivel Mendoza, 17 de junio del 2008

Everson Carvajal Ruiz, 2 de julio del 2008

Segundo Rivera Rojas, 22 de julio del 2008

Enrique Cruzado Bello, 15 de agosto del 2008

Reflexiones Peruanas Nº 232: 2008, balance de un año de violencia y esperanza

Enero: Comienzo de un año conflictivo

Primeras protestas del año: en Cusco contra la ley que autoriza de los lugares arqueológicos la concesión a empresas privadas y en la selva contra los proyectos de facilitar la venta de las tierras de nativos y campesinos. Como para que no queden dudas sobre el respaldo del gobierno a los intereses privados, Jorge Del Castillo bloquea el proceso legal abierto en Estados Unidos contra la Doe Run, al declarar que en el Perú existen condiciones adecuadas para indemnizar a las víctimas de la contaminación en La Oroya.

Hablando de empresas mineras, mueren seis trabajadores en dos accidentes y catorce más fallecen al caer a un abismo el precario vehículo en que viajaban. En Miraflores, nueve obreros quedan heridos debido a la informalidad con que se realizaba la ampliación del colegio Humboldt. A pocas cuadras de allí, en una obra en la calle Reducto, morirán cuatro trabajadores en abril. Los accidentes de trabajo, con numerosas víctimas fatales, se sucederán durante todo el año.

La primera Ordenanza contra la discriminación del año es aprobada en Concepción. Semanas después seguirán este ejemplo las municipalidades de Tarma y Acobamba, gracias a los esfuerzos de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín. Las tres normas se centran en la no discriminación a los consumidores.

Febrero: Abancay marca el camino a seguir

Los distritos arequipeños de Miraflores, Sabandía y Cayma y la Municipalidad Provincial de Jauja (Junín) aprueban Ordenanzas contra la Discriminación. Al finalizar el mes, se promulga en Abancay una Ordenanza integral para enfrentar este problema. Por primera vez un texto legal en el Perú sanciona la discriminación por orientación sexual, indocumentación, condición de salud y actividad laboral. Se exige también al personal municipal el manejo del idioma quechua y atender adecuadamente a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. A lo largo del año, doce municipalidades seguirán el ejemplo de Abancay.

Se publica el Manual para Funcionarios Públicos contra la Discriminación. La primera edición se agota rápidamente, debiendo realizarse otras dos ediciones, actualizadas con los textos de las nuevas Ordenanzas.

Sin embargo, febrero también trae noticias trágicas: los campesinos Emiliano García y Rubén Pariona de Ayacucho y Julio Rojas de Barranca mueren debido a disparos a la cabeza por parte de efectivos policiales, mientras participaban en el Paro Nacional Agrario. Otro campesino, Santiago Lloclla, muere en Arequipa, aparentemente en un accidente, cuando huía de los gases lacrimógenos. Con impresionante insensibilidad, el Presidente García felicita a la Policía por su accionar.

El responsable de estos hechos, el General Octavio Salazar, Director Nacional de la Policía, no parece muy dispuesto a enmendarse y anuncia la semana siguiente la captura en Tumbes de siete personas, supuestas integrantes de un desconocido grupo terrorista. Entre los detenidos están la estudiante sanmarquina Melissa Patiño y la señora Carmen Azparrent, cuyo padre precisamente había sido asesinado por senderistas. La señora Azparrent y otras dos detenidas son mujeres mayores que padecen cáncer.

Marzo: Conflictos en la sierra, conflictos en la selva

Luego de la misteriosa muerte del vecino Luis Enrique Ortiz, cientos de personas destruyen la comisaría de Celendín y también varios patrulleros. Durante el año se producirían incidentes similares en otras localidades como respuesta a abusos policiales, pero también a operativos para enfrentar el contrabando.

Mientras siguen las protestas en Pichanaki y otras localidades amazónicas, en Andoas (Loreto), los efectivos de la DINOES reprimen con brutal violencia una movilización de los habitantes contra la empresa Pluspetrol, cuyas instalaciones son utilizadas como centros de detención. En medio del rechazo general de los loretanos hacia el accionar policial, el Vicariato de Iquitos logra que casi todos los detenidos sean liberados.

Pese al entusiasmo inicial por generar nuevos conflictos, el gobierno retrocede en su intención de prohibir el chacchado de hojas de coca.

Las municipalidades de Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mejía y Yanahuara (Arequipa) aprueban Ordenanzas contra la discriminación

Abril: Tiempos de intolerancia

El gobierno y los medios de comunicación fujimoristas lanzan fuertes ataques contra APRODEH, acusándola de promover o respaldar al MRTA ante el Parlamento Europeo. Pese a que APRODEH simplemente señaló que el MRTA no existía, buena parte de la opinión pública cree inicialmente en estas acusaciones. Se producen varias marchas “espontáneas” contra el local de APRODEH y en agosto un grupo de fujimoristas ataca la ceremonia realizada en el memorial El Ojo que Llora.

La libertad de prensa también es amenazada: se cancela el programa de Guillermo Giacosa en Televisión Nacional del Perú. Una colega de Giacosa en Perú 21, la periodista Esther Vargas es conminada, debido a su condición de lesbiana, a renunciar a la Facultad de Periodismo donde enseña.

Las municipalidades provinciales de Camaná y Mollendo aprueban Ordenanzas contra la discriminación

Mayo: Pese a todo, avances en los derechos ciudadanos

El Congreso no se atreve a convertir al DNI en un documento permanente, pero por lo menos extiende su vigencia a 8 años. Al finalizar el mes, dispone también la eliminación de la Libreta Militar.

Después de 135 años, los socios del Club Regatas aceptan las presiones de la opinión pública y del gobierno y ponen fin a la discriminación hacia las mujeres. En setiembre se incorpora una ingeniera como primera socia. Al finalizar el año serán más de cincuenta.

Son liberadas las seis mujeres capturadas en Tumbes, pero ahora son los choferes Edison Tejada y Lisandro Díaz quienes pasan a sufrir una prolongada detención injusta. Se les acusa, sin ninguna prueba, de haber atropellado a la joven policía Lady Anaya.

Las municipalidades distritales de Mariano Melgar (Arequipa) y San Juan Bautista (Ayacucho) y la municipalidad provincial de Arequipa aprueban Ordenanzas contra la Discriminación. El Gobierno Regional del Cusco declara al quechua como idioma oficial.

Junio: Detenciones y secuestros

Por sus rasgos físicos y provenir de San Juan de Lurigancho, los ciclistas Abrham Nina, César Cavero, Jorge Chávez y Daniel Tavera son detenidos y golpeados por el Serenazgo de Miraflores y luego por el personal de la Comisaría de ese distrito. El Alcalde Manuel Masías los presenta como la banda Los Malditos de Larcomar. El escándalo lleva a la renuncia del Gerente de Seguridad Ciudadana, pero los jóvenes sólo reciben tardías disculpas de Masías y ninguna indemnización.

Miles de moqueguanos protestan porque su región recibiría menos dinero del canon minero. Bloquean el estratégico puente Montalvo y toman como rehenes a decenas de policías. La calmada intervención del General Jordán evita un baño de sangre, pero termina siendo destituido. Un episodio de violencia similar ocurrirá en noviembre.

Acaso para generar mayor inestabilidad social, al finalizar el mes son aprobados decenas de Decretos Legislativos sobre derechos laborales, comunidades nativas, actividad minera, pesquera y un prolongado etcétera. El nuevo Ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack termina respaldando normas contrarias a los principios que hace poco defendía, pero debe reconocerse que logró detener a los agresivos promotores de los cultivos transgénicos.

Las Municipalidades Provinciales de Chiclayo, Caylloma (valle del Colca) y Huamanga aprueban Ordenanzas contra la discriminación.

Julio: Sanciones y procesos

Decenas de personas mueren en sucesivos accidentes de carretera, en una racha fatal que se repetirá en diciembre. El Ministerio de Transportes decide por fin sancionar a las empresas responsables, entre ellas Soyuz, conocida por sus múltiples abusos hacia los pasajeros, pese a sus vínculos con el partido Aprista. En Urubamba, se abre proceso contra Armando Pareja, Gerente de Perú Rail por prácticas discriminatorias hacia pasajeros peruanos y/o de rasgos andinos.

25 dirigentes indígenas son detenidos arbitrariamente y golpeados en Puerto Maldonado por efectivos de la DINOES. El Presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Cayoquispe es torturado en la comisaría. Se les acusaba del incendio del Gobierno Regional, pese a que encontraban en otro lugar cuando se produjo el siniestro.

Decenas de miles de huancaínos abarrotan la nueva tienda de Plaza Vea, cuyos agresivos planes de expansión debieron alterarse este año debido al fuerte rechazo de los vecinos de Chacarilla, San Felipe y Huamanga.

La Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor (Arequipa) aprueban Ordenanzas contra la discriminación

Agosto: Protagonismo indígena

Por primera vez, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convierte en una fecha imposible de ignorar: comienza el levantamiento de los indígenas amazónicos contra los Decretos Legislativos que facilitan la adquisición de sus tierras. Finalmente, el Congreso derogará las normas más graves, pero persiste el descontento.

Coincidentemente, también por primera vez, una indígena, la congresista Hilaria Supa, aparece en las páginas sociales de El Comercio.

Un año después del terremoto, miles de damnificados de Ica, Pisco y Chincha continúan viviendo en el mismo abandono. Nadie puede explicar qué sucedió con las millonarias donaciones recibidas. El FORSUR queda desactivado.

Apurímac es el primer Gobierno Regional, y hasta ahora el único, en publicar una detallada Ordenanza contra la discriminación, que se ocupa de la problemática laboral, la situación de los colegios, los centros de salud, el idioma quechua, etc.

Ordenanzas de Jesús Nazareno (Ayacucho), Sullana (Piura) y Miraflores (Lima) contra la Discriminación. Las dos últimas incluyen la obligación de colocar letreros contra la discriminación en locales comerciales. Al finalizar el año, muchos establecimientos de Miraflores como Metro, Larcomar y Mama Batata han colocado dichos letreros.

Setiembre: Un crimen sin nombre

Inicialmente se habló de un enfrentamiento con una columna subversiva, pero después logró comprobarse que una patrulla militar en Río Seco asesina a Maximiliano y Alejandro Pichardo, Félix Canchanya y Rosa Chávez Sihuincha, que se encontraba en el quinto mes de gestación. No son hallados los restos de Moisés Pichardo de seis años y su hermanita Rosa Linda de apenas un año. Se trata del crimen más atroz protagonizado por las fuerzas de seguridad desde la masacre de Barrios Altos. Otro campesino, Franklin Estalla fue asesinado tres días antes. Los operativos militares vulneran todas las normas nacionales e internacionales sobre desplazamiento de civiles.

Para aumentar preocupaciones por los derechos humanos, se denuncia la ejecución de 22 personas, la mayoría de ellos conocidos delincuentes, abatidos por la policía de Trujillo, bajo la modalidad de un escuadrón de la muerte. Los familiares de Carlos Esquivel y Carlos Mariño denuncian que ellos no tenían ninguna relación con actos delictivos. En el año 2007 se produjeron otras 15 ejecuciones.

Ordenanzas de Andahuaylas (Apurímac) y Catacaos (Piura) contra la Discriminación.

Octubre: La malignidad en la televisión peruana recibe algunos golpes

Después de once años de calumniar, difamar y atentar contra la dignidad de las personas bajo la imagen de moralismo, Magaly Medina es enviada a prisión, donde pasará la Navidad, pese al supuesto interés de Alan García por ayudarla. Meses antes, Alejandro Guerrero y Alamo Pérez Luna recibieron una pena mucho más benévola por difamar al sacerdote Francisco Muguiro y a numerosos ecologistas de Piura.

Otro programa marcado por la malignidad que salió del aire fue el de Laura Bozzo, después que fueron comprobados los testimonios falsos que pagaba. También dejó la televisión Cecilia Valenzuela, quien perdió mucha credibilidad después del falso reportaje emitido contra Melissa Patiño en abril.

Sicuani (Cusco) vive una serie de violentas protestas que llevan al Premier Yehude Simon a trasladarse la zona y reunirse con los campesinos, logrando que se restablezca la calma.

Ordenanza de Socabaya (Arequipa) contra la discriminación.

Noviembre: Llega a su cumbre la violencia social y delictiva

A los disturbios en Moquegua se suma la violencia en Tacna con la destrucción de la Gobernación y de varias comisarías. Mueren los tacneños Helmer Arpasi y Ronald Gamarra Chauca por acción policial. Mientras los tanques patrullan Tacna, en Concepción, turbas ligadas a la Municipalidad amenazan a los vecinos con destruir sus casas si no participan en una movilización contra la planta de tratamiento de desechos de Huancayo. Las turbas incendian seis vehículos del Serenazgo de Huancayo y toman como rehenes a varios funcionarios. En medio de los disturbios, muere la señora Doris Paredes. En esa semana muere también el policía Giuliano Villarreal por el impacto de una piedra arrojada por los trabajadores de la empresa Casapalca en huelga.

Al mismo tiempo, recrudecen los atentados de narcotraficantes contra policías: mueren tres efectivos en las afueras de Huanta y cuatro en Huánuco. Todas estas tragedias suceden en el mismo mes que se desarrolla la cumbre de APEC.

Después de la involuntaria salida de Augusto Alvarez Rodrich de Perú 21, se retira la mayoría de columnistas comprometidos con los derechos humanos. Miles de personas dejan de comprar el diario.

En Lima, se obliga a las combis de la avenida Arequipa a respetar los paraderos, como ya se hizo en las avenidas Javier Prado, La Marina y Arenales. Al principio, muchos pasajeros reclaman violentamente frente a la afrenta a su dignidad que constituye caminar una cuadra, pero luego se ubican en los paraderos.

Ordenanzas contra la discriminación en Jesús María (Lima) y Matahuasi (Junín)

Diciembre: Algunos problemas se resuelven al finalizar el año.

Roque Gonzales, el último de los detenidos en febrero en Tumbes, sale en libertad. Sucede lo mismo semanas antes con el dirigente amazónico Freddy Palomino, también injustamente detenido por varios meses. También se reciben buenas noticias desde el Cusco, donde se archiva el proceso contra más de ochenta campesinos de Espinar acusados de atentar en el año 2005 contra la empresa minera BHP Billiton. Días después, se archiva el proceso contra los jóvenes integrantes del grupo Todas las Voces, que debieron exiliarse después de los sucesos de Tumbes.

El retroceso del gobierno en la venta de los terrenos del Pentagonito en San Borja muestra que es posible lograr que los intereses de los ciudadanos vayan por encima de los intereses económicos. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo meses antes con el Ministerio de Educación.

A mediados del mes, la polémica sobre Perú 21 pasa a segundo plano conforme Augusto Alvarez Ródrich, Jorge Bruce, Ramiro Escobar, Nelson Manrique y Martín Tanaka encuentran una nueva ubicación en La República.

La Municipalidad Provincial de Chanchamayo aprueba una Ordenanza contra la Discriminación, la primera de la selva.

Un año de muertes injustas, detenciones arbitrarias y protestas violentas, pero también de normas y medidas concretas para enfrentar la discriminación. Esperamos que en el 2009 sea la segunda tendencia la que se consolide y no la primera.

¿Quién ordenó la masacre de Río Seco?

A fines de setiembre, cuando la señora Lucy Pichardo llegó a Huamanga y denunció que sus familiares habían sido asesinados en el alejado caserío de Río Seco, sólo se tenía la versión de las Fuerzas Armadas sobre cuatro terroristas fallecidos en un enfrentamiento en ese mismo lugar.

En el mes de agosto, el Ejército lanzó el Plan Excelencia 777 para eliminar los remanentes subversivos en el VRAE (valle de los ríos Apurimac y Ene). Este plan implicaba que se retiraran todos los campesinos que habitaban en las inmediaciones de las zonas de actividad subversiva.

Se declaró que las Fuerzas Armadas respetarían los derechos humanos de los campesinos pero en las últimas semanas, decenas de viviendas han sido destruidas y muchos moradores han sido golpeados para obligarlos a dejar sus chacras. Otros fueron sumergidos en agua con lejía, algunos pasaron varios días detenidos y por lo menos una campesina ha sido violada por los soldados. En algunos casos, se ha disparado desde helicópteros a las plantaciones. Centenares de desplazados han llegado a poblados como Canayre y Llochegua donde están desesperados por recuperar sus escasas propiedades y sus cultivos.

El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y varios organismos de derechos humanos se dirigieron a esta zona para verificar la denuncia de la señora Pichardo. Ella también había declarado que los militares detuvieron a cinco personas que trabajaban para un maderero de la zona, pero éste ha declarado a la Defensoría del Pueblo que sus trabajadores ya fueron liberados.

Sin embargo, en el lugar que señaló Lucy Pichardo fueron hallados los restos de su conviviente, Félix Canchanya (24 años), sus hermanos Maximiliano (32 años) y Alejandro Pichardo (17 años) y Rosa Chávez Sihuincha (21 años), quien era conviviente de Maximiliano y estaba embarazada con cinco meses de gestación.

Los cuerpos estaban sepultados a ras del suelo y encima existía una estructura de calamina para incrementar el calor y acelerar la descomposición de los cuerpos. Los informes forenses revelaron que murieron por disparos de arma de fuego realizados a corta distancia, por la espalda, lo que echa por tierra la versión de un enfrentamiento entre militares y terroristas. Sólo a Maximiliano Pichardo le dispararon inicialmente desde un helicóptero. Ninguno de los fallecidos tenía vínculos con grupos subversivos o cultivos de coca, porque esa zona no es buena para ello. Los tres varones eran, además, parte del Comité de Autodefensa de Mayobamba, del cual Maximiliano era Vicepresidente.

Lo más terrible de todo lo ocurrido es pensar en los pequeños hijos de Maximiliano: Moisés, de seis años y Rosa Linda, de apenas un año, cuyos cuerpos no han sido encontrados. No se sabe si la patrulla militar los asesinó o si los dos niños perecieron abandonados en la selva.

Una primera hipótesis para explicar este crimen es atribuir la responsabilidad al oficial a cargo del operativo, Jorge Hurtado Hurtado, nada menos que hermano del tristemente célebre Telmo Hurtado, quien en 1985 ordenó la masacre de Accomarca, donde también fueron asesinados varios niños pequeños, lo cual el mismo oficial admitió ante los congresistas que investigaron la masacre. Actualmente, él está detenido en Miami y se espera que pronto sea extraditado el Perú.

Sin embargo, en Ayacucho se maneja una segunda hipótesis mucho más grave y es que la muerte de la familia Pichardo tenía la intención de atemorizar a los demás campesinos y lograr que se retiren. Esta segunda hipótesis se confirmaría por todos los abusos denunciados y porque se habría producido otro homicidio: a comienzos de setiembre, el campesino Luis Estalla denunció que su hijo Franklin había desaparecido, tras ser detenido por una patrulla militar. El señor Estalla acudió a diversas instalaciones militares para indagar por él y terminó detenido por varios días. Finalmente fue puesto en libertad. Entretanto, el Ejército ha comunicado que el siete de setiembre en un enfrentamiento fue abatido un subversivo, cuyo cadáver fue trasladado a Satipo. El Ministerio Público de esta localidad va a investigar si se trata de Franklin Estalla.

En la primera hipótesis, la responsabilidad del Ministro de Defensa Antero Flores Araoz y las autoridades militares está en haber avalado la versión de Hurtado, sin haber investigado los hechos, al punto que Flores Araoz se ha burlado de la muerte de los dos niños. La segunda hipótesis implicaría una responsabilidad mucho mayor.

Las denuncias de Lucy Pichardo y Luis Estalla han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación ayacuchanos, pero, como sucedió en los años ochenta, en Lima no han generado mayor reacción, ni siquiera en los organismos que defienden los derechos de los niños.

Mientras tanto, en la zona donde colindan los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho vienen ocurriendo las más graves violaciones a los derechos humanos en los últimos 15 años.