Enero
Riesgos e impunidad
Los diarios Expreso, La Razón y Correo no pierden tiempo y comienzan el año anunciando un violento rebrote senderista, que vinculan a las ONG. Un jefe militar es destituido por dejarse llevar por sus instintos y disponer el toque de queda y la restricción de actividades sociales en Huamalíes (Huánuco), sin mayor razón.
Entretanto, la abogada Iscra Chávez y sus colegas de la ONG cusqueña APORVIDHA son amenazados de muerte por apoyar a las víctimas de Lucmahuayco. Sin embargo, el proceso legal continúa. Los autores de las amenazas serían los mismos policías que hace veinte años cometieron una terrible masacre en esa localidad cusqueña. A lo largo del 2006, la hostilización a las organizaciones de derechos humanos sería constante o, mas bien, creciente.
El Juez de Huancabamba, Edwin Culquicóndor, absuelve a diez policías acusados por la muerte del dirigente campesino Reemberto Herrera. El proceso tiene muchas irregularidades como el hecho que ni siquiera se pidió que los testigos reconocieran a los acusados. En setiembre, los policías involucrados en las muertes de Edgar Pinto y Fernando Talavera serían condenados por la Corte Superior de Arequipa a la benévola sentencia de cuatro años de prisión suspendida, quedando absueltos los jefes a cargo del operativo.
Febrero
Muertes lejanas a quienes defienden sus derechos
La provincia Datem del Marañón se encuentra tan abandonada que la mayoría de limeños ni siquiera sabe que existe. Al participar en una protesta para exigir mayor atención de las autoridades, muere el estudiante Mario Vargas debido a una bomba lacrimógena arrojada por la policía contra su pecho. No sería el último muerto por violencia policial del régimen de Toledo: el 5 de mayo le tocará al campesino Guillermo Tolentino al exigir mejores condiciones laborales a un service de la empresa Barrick en Huaraz. El 8 de julio fallece el pescador Zoilo Huertas en Puerto Pizarro, cuando defendía esta localidad de los abusos de una langostinera. En estos últimos casos, las demandas de la población son finalmente satisfechas.
Rómulo Pizarro, el Ministro del Interior responsable por los sucesos será colocado después por Alan García a cargo de DEVIDA, la instancia que combate el narcotráfico.
Marzo
Aunque cambia la publicidad, la realidad se mantiene igual... o empeora
La Mesa contra el Racismo otorga el premio “Al Más Discriminador” a la empresa Backus, por su publicidad racista y machista. Robert Priday, el nuevo gerente de la empresa cervecera, responde señalando que su publicidad aportará a la unión entre los peruanos y cumplirá los estándares de la transnacional Miller, a la que ahora pertenece Backus. Los comerciales de Pilsen y Cristal cambian radicalmente.
Diversos indígenas aparecen hablando aymara, quechua y varias lenguas amazónicas en la publicidad de Claro, pero la realidad no es tan idílica como presentan esos comerciales: se produce la quinta rotura del gasoducto de Camisea, afectando a los nativos machiguengas. A la escasa seriedad de la empresa transportadora se une la poca exigencia del Estado.
En Huancabamba, uno de los gerentes de la empresa Minera Majaz lidera una turba que irrumpe a pedradas en un foro sobre desarrollo y agrede al biólogo Fidel Torres, el economista Juan Aste y el abogado Quique Rodríguez. Un campesino es brutalmente golpeado al ser confundido con el alcalde de San Ignacio.
En esos días, se despide el Embajador inglés, Richard Ralph, que regresará en pocos meses al Perú precisamente como gerente de Majaz. Se disculpa públicamente por los errores anteriores de la empresa, pero continúan los juicios contra los dirigentes ambientalistas. Majaz permanece en las dos comunidades campesinas en cuyas tierras se encuentra sin autorización, como al finalizar el año confirmará la Defensoría del Pueblo.
Abril
Los excluidos son insultados, pero no pueden ser ignorados
Las críticas de Ollanta Humala al sistema neoliberal lo hacen objeto de muchos ataques en todos los canales de televisión. Circulan rumores que fusilará homosexuales, ancianos y monjas. A pesar de ello, en las elecciones del 9 de abril, la mayoría de nuevos congresistas pertenecen a la alianza que entonces Humala lidera, especialmente en las regiones más pobres. Los resultados muestran claramente las consecuencias de la exclusión, pero el Primer Ministro Pedro Pablo Kuczinsky prefiere argumentar que el cerebro de los campesinos no funciona bien, por la falta de oxígeno.
Después de acreditar más de 100,000 firmas, el Jurado Nacional de Elecciones dispone que el Congreso discuta la iniciativa legislativa para convocar a un referéndum sobre la aprobación del TLC, pero Antero Flores Araoz logra impedir el debate, sosteniendo, además, que es inútil preguntarle sobre el TLC a “llamas y vicuñas”. En julio lo visita en su estudio de San Isidro una llama, acompañada por un grupo de manifestantes. En noviembre, es recompensado por Alan García con el cargo de Embajador ante la OEA.
Extraño fallo en el caso Utopía: Percy North es condenado por homicidio doloso, como si intencionalmente hubiera asesinado a los 21 jóvenes fallecidos en el incendio de ese local racista. North apela y consigue después una condena más reducida, como corresponde a un homicidio culposo. Por el incendio de Mesa Redonda ni siquiera existe asomo de condena a los responsables, a pesar que ocurrió varios meses antes y que ocasionó cuarenta veces más víctimas, en su mayoría personas pobres.
La Municipalidad de Los Olivos emite una ordenanza para regular la situación de las adolescentes trabajadoras del hogar. Ningún otro municipio sigue el ejemplo, a pesar que el Código del Niño y del Adolescente las obliga a ello desde hace catorce años.
Mayo
Prohibiciones, sanciones y sentencias en defensa de la salud pública
Cumpliendo la Ley 28705, en varias universidades limeñas se prohibe la venta de cigarrillos y son retiradas las máquinas expendedoras de la Universidad Católica (la única donde estaban instaladas). Sin embargo, continúa el consumo de cigarros dentro de las universidades, pese a la prohibición expresa. La ley es violada también en las instalaciones del Congreso por muchos parlamentarios.
Indecopi multa con 125,000 soles al restaurante Café del Mar, propiedad de Rafael Osterling e Iván Kisik, por impedir el ingreso a personas andinas, mestizas o negras, entre ellas un profesor de Harvard y la directora de Imasén Giovanna Peñaflor. Ante la reincidencia del local, se realiza un plantón de protesta. Desde varios autos, algunos racistas “poco asolapados” gritan: “¡Muéranse de una vez, cholos malditos!”
El Ministerio de Energía y Minas, pese a los incumplimientos de Doe Run le otorga tres años más para cumplir su Programa de Manejo Ambiental en La Oroya, que recibe este año la calificación de “una de las diez peores ciudades para vivir en el mundo”. Doe Run sabe que los padres de los niños afectados no protestarán, porque temen perder su empleo, y que cuenta, además, con el apoyo del alcalde, Clemente Quincho. Lo que no esperaba era que, al mes siguiente, el Tribunal Constitucional, sentenciaría que el Ministerio de Salud debe atender con urgencia la salud de la población.
Junio
Muchas muertes, ningún responsable
Lucio Serrano muere por un disparo en el abdomen mientras presta servicios de seguridad en Irak. La empresa Wackenhut y el Ejército Peruano rehúsan cualquier responsabilidad por la desprotección que padecen las personas que seleccionaron y entrenaron para que trabajaran en ese país y en Afganistán.
Los riesgos que enfrentan muchos peruanos para conseguir algún ingreso se aprecian también en la muerte de 28 trabajadores que se dirigían a minas Buenaventura, evidenciándose, una vez más, las pésimas condiciones viales en la zona andina.
Mientras en Costa Rica, México o Ecuador las elecciones muestran la polarización entre defensores y adversarios del sistema neoliberal, en el Perú algunos intelectuales sostienen en la segunda vuelta que votar por Alan García equivale a defender la democracia. Meses después parecerán sinceramente sorprendidos cuando el nuevo régimen propone reimplantar el servicio militar obligatorio y la pena de muerte, defiende a los violadores de derechos humanos, se vincula al fujimorismo y toma medidas contra las mismas ONG en que muchos de esos intelectuales laboran.
Julio
El homicidio: ¿una forma de conseguir el aprecio público?
Wilson Paredes es muerto a dentelladas por un perro feroz y a los pocos días el joyero Héctor Banchero asesina de un disparo por la espalda a Carlos Beingolea. Muchos ciudadanos respaldan al animal y al joyero, sosteniendo que Paredes y Beingolea eran delincuentes y merecían morir. Aunque Banchero ya ha matado a otra persona hace pocos años en circunstancias curiosamente similares, el Ministro Pizarro no encuentra motivos para que se le retire su licencia para portar armas. En octubre, otro perro peligroso mata a la niña Daysi Estrada, pero no genera solidaridad.
Los ambientalitas también enfrentan serios peligros en Lima: en Chaclacayo muere el anciano italiano Sergio Guarisco, al intentar evitar la tala de unos árboles, práctica frecuente en muchos municipios.
Por primera vez en 185 años de vida republicana, las congresistas María Sumire e Hilaria Supa vencen el menosprecio a su idioma y su cultura y prestan juramento en quechua, desafiando los gestos despectivos de su colega Martha Hildebrandt. Posteriormente se establece un servicio de traducción permanente en el Congreso, pese a las críticas de muchos limeños, indignados porque se hable un idioma que ellos no entienden.
Al asumir el mando, Alan García se reduce el sueldo y logra medidas similares en ministros, congresistas y la Defensoría del Pueblo, pero férrea resistencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Con los mayores recursos que cuenta el Estado podrían llevarse a cabo las esperadas inversiones frente a la exclusión.
Agosto
En un país con tantas muertes absurdas, García quiere dar su propia contribución
La Ley 28867, propuesta por el ahora ex-congresista Jacques Rodrich, sanciona hasta con cuatro años de prisión la discriminación. Algunos locales racistas deciden “ponerse a Derecho”. Sin embargo, dos meses después, en los funerales de Valentín Paniagua persistirá la práctica de emplear cargadores negros, supuestamente percibida como una elegante reminiscencia de tiempos de la esclavitud.
Debido a la negligencia de sus empleadores fallece en un accidente el obrero Agustín Castro. La flamante Ministra de Trabajo Susana Pinilla acude al velorio y anuncia severas sanciones para los responsables, logrando que tragedias similares disminuyan drásticamente.
Su actitud contrasta con la Ministra de Transportes Verónica Zavala, entonces más empeñada en vender los aeropuertos norteños a empresas transnacionales que en garantizar la seguridad de las carreteras: catorce campesinas de Apurímac fallecen al estrellarse la combi en que viajaban. Venían de recoger su subsidio del programa Juntos.
Los campesinos de Combayo bloquean la carretera a las instalaciones de Yanacocha. Uno de ellos, Isidro Llanos muere abaleado, desconociéndose si el autor es un policía o un vigilante de la empresa de seguridad Forza. Yanacocha anuncia la paralización de sus operaciones. Diversos medios de comunicación exigen una respuesta violenta contra los campesinos, pero el Primer Ministro Jorge Del Castillo logra el diálogo y el cese de las medidas de fuerza por ambas partes. La calma es engañosa: se incrementa el reglaje y la hostilización hacia el Padre Marco Arana y los demás integrantes de la ONG Grufides. Dos meses después es asesinado el veterinario y dirigente ambientalista Edmundo Becerra, también muy crítico de la empresa minera.
A fin de mes, Jonathan Condori es asesinado por la policía cuando participaba en una manifestación contra las discotecas y prostíbulos clandestinos en Sicuani. Las fuerzas policiales tendrán otra víctima antes que termine el año: el taxista de Abancay Cirilo Tuero, que protestaba contra una medida derogada de la Presidenta Regional. Al parecer, para Alan García tanta muerte no ha sido suficiente: comienza a promover la reinstalación de la pena capital, mediante fusilamiento, para mayor precisión.
Setiembre
Los mismos rostros en viejos cargos
Por primera vez una película peruana genera una encarnizada polémica: Madeinusa es criticada y defendida con vehemencia. La verdad es que Claudia Llosa refleja y/o refuerza estereotipos racistas al mostrar a los campesinos andinos como seres primitivos y violentos, pero algunos críticos de cine sostienen que no se puede criticar el argumento de una obra de ficción.
La policía actúa violentamente contra los habitantes de Sión, motivando luego que el responsable del operativo sea destituido por la Ministra del Interior Pilar Mazzetti, en una medida sin precedentes frente a las violaciones a los derechos humanos. En Chiclayo, en cambio, el gobierno parece incapaz de manejar el conflicto entre dos supuestos alcaldes. La pelea entre ambas facciones lleva al incendio del hermoso Palacio Municipal. Sólo un mes después, el gobierno interviene, estableciendo el Estado de Emergencia y suspendiendo el ejercicio de numerosos derechos en todo Lambayeque. Al parecer se trata de un ensayo de manejo de crisis.
Arturo Woodman, José Chlimper, Beatriz Boza, Antero Flores Araoz y Rafael Rey son sólo algunos de los personajes cercanos al régimen de Fujimori y/o a los grupos de poder que vienen incorporándose al régimen actual. Medidas típicas de un régimen neoliberal se perfilan, como la venta del terreno donde se encuentra el Coliseo Dibós o insistir en que Estados Unidos suscriba el TLC, negando la precariedad laboral en que se encuentran muchos trabajadores de sectores exportadores.
Octubre
Protestas y resultados
Centenares de personas suscriben una carta a María del Pilar Tello, directora de la televisión estatal, rechazando su pretensión de cancelar programas inclusivos como Costumbres, Reportaje al Perú, Sucedió en el Perú y Miski Takiy. Tello contrata a Vanessa Saba como imagen del canal, generando cuestionamientos lógicos pero sorprendentes, en el sentido que no existe un solo prototipo de mujer bella en el Perú. Finalmente, después de tres meses de errática gestión, Tello renuncia y pasa al diario El Peruano.
Por más de treinta años los achuares padecen la contaminación petrolera, pero sólo cuando toman algunas instalaciones de Pluspetrol en el río Corrientes, esta empresa y el Ministerio de Energía y Minas aceptan dialogar. Se suscriben diversos compromisos y luego que los dirigentes se retiran del campamento, se enteran que serán procesados por secuestro.
Entretanto, en Madre de Dios, la empresa petrolera china Sapet anuncia que no explotará una parte del área que le había sido concedida, debido a que está reservada para poblaciones indígenas aisladas. A Perú Petro y al Ministerio de Energía y Minas ese pequeño detalle no les había preocupado mucho al entregarla en concesión.
En el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, se encuentra uno de los hornos donde se incineraba los cadáveres de los prisioneros asesinados. A los pocos días, la Fiscal a cargo, Cristina Olazábal, es removida. A nivel nacional se aprecia una estrategia coordinada para mantener la impunidad de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Noviembre
El Ministerio por fin responde, el pueblo también, los supermercados no.
Después de centenares de muertes en las carreteras, el Ministerio de Transportes comienza el Plan Tolerancia Cero para garantizar la seguridad del transporte interprovincial, pero se producen serias resistencias al sur del país. Al terminar el año, el Ministerio decide también denunciar penalmente a las empresas cuyas irregularidades generaron accidentes mortales. Sin embargo, muchos accidentes se deben también al pésimo estado de la red vial en la mayor parte del territorio nacional.
Elecciones municipales: desde Barranquita hasta Barranco, desde La Oroya hasta Lince, desde San Isidro hasta Sicuani, la lista de cuestionados alcaldes no reelegidos es interminable. En el episodio más violento de la jornada electoral, el cabo Elmer Rojas muere al despeñarse en Chavín de Huántar cuando intentaba huir de una turba enfurecida. El Jurado Nacional de Elecciones entregará a sus padres 500 soles mensuales durante un año. Parece poco, pero a los deudos de los fallecidos por excesos policiales no se les ha entregado ninguna compensación. El Poder Judicial sí la ha dispuesto para los casos de Edgar Pinto y Fernando Talavera.
Wong, Tottus y Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Vivanda y Santa Isabel) no contestan al pedido de colocar el afiche elaborado por Lissete Lugo y Eduardo Sasco sobre las trabajadoras del hogar. Muchas trabajadoras sostienen que suelen ser discriminadas por los empleados de esos supermercados, tan amables con los demás clientes.
El Congreso de la República aprueba la reducción del precio de los pasaportes. Se encuentran en estudio importantes proyectos de ley sobre el derecho a hablar el propio idioma, la gratuidad del DNI, el Seguro Integral de Salud para los Jueces de Paz, la acción del Ministerio Público frente a las prácticas discriminatorias. En diciembre, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Santiago Fujimori, rechaza el impuesto a las sobreganancias mineras. También se rechazó el pedido de dar asistencia médica gratuita a los integrantes de las rondas campesinas.
El Poder Judicial por fin emite el Reglamento para la Elección de Jueces de Paz. En los lugares donde no se pueda llevar a cabo la elección, las Cortes Superiores designarán a los Jueces de Paz tomando en cuenta su grado de instrucción.
Diciembre
Pronóstico reservado para el año que viene
Como el año pasado en la misma época, se habla de rebrote terrorista, después que en el valle del Apurímac, cinco policías y tres civiles son asesinados. Sin embargo, los responsables tendrían más de sicarios del narcotráfico, a semejanza de los asesinos de dos magistrados, uno en Lima y otro en Chimbote. El Ministro de Defensa anuncia la captura de los asesinos, pero la Ministra del Interior aclara que se trata sólo de sospechosos.
Una nueva norma permite a las autoridades crucial injerencia en las ONG, mientras se hace pública una costosa operación a cargo de más de veinte personas con filmadoras, computadoras y vehículos, para vigilar al padre Marco Arana y los demás trabajadores de Grufides. Otros líderes campesinos, profesionales y religiosos con discrepancias frente a la actividad minera sufren situaciones parecidas de seguimiento personal y hostilización en Piura, Cajamarca y La Libertad.
La Municipalidad de Magdalena emite la Ordenanza 292 que dispone el retiro de la licencia de funcionamiento de los locales racistas. Ese mismo día, la Marina de Guerra sanciona a dos de sus integrantes por insultar a un grupo de campesinos ayacuchanos en el Congreso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una contundente sentencia en el caso La Cantuta. Si el Perú se retira de la jurisdicción de la Corte, como sucedería de restaurarse la pena de muerte, los peruanos quedarán desprotegidos frente a muchos abusos.
Comienzan las reuniones de coordinación entre los nuevos Presidentes Regionales, en su mayoría líderes de reconocida trayectoria local. Ellos podrían convertirse en un efectivo contrapeso frente al régimen aprista, duramente golpeado por los últimos resultados electorales, y al poder de las empresas extractivas. Hablando de éstas, el tiempo dirá si el aporte extraordinario de las grandes transnacionales mineras permite enfrentar decididamente la exclusión social o si, como el canon minero, termina sólo generando retórica y frustración.
