Reflexiones Peruanas Nº 242: Memorias del Presente

Una familia ayacuchana es asesinada por una patrulla militar. El Ministro de Defensa responde con sarcasmo a los pocos periodistas que se atreven a preguntarle por los cuerpos de los dos niños, que hasta el momento no han sido encontrados.

El gobierno dispone que serán inimputables los policías y militares que maten o hieran empleando sus armas, “en cumplimiento de su deber”. Alrededor de sesenta personas, incluyendo la familia ayacuchana, son asesinadas desde que esta norma es publicada, la mayoría de ellas ejecutada por un escuadrón especial.

En dos días, en ciudades diferentes, tres campesinos son muertos a tiros por efectivos policiales. Los disparos a la cabeza revelarían una estrategia coordinada.

Tres mujeres de edad avanzada y seriamente enfermas son recluidas en una prisión de máxima seguridad acusadas de terrorismo junto con otras cuatro personas, sin prueba alguna.

El uso de la tortura se extiende como parte de los interrogatorios policiales. Las víctimas suelen ser campesinos andinos, nativos amazónicos o jóvenes de rasgos andinos a quienes la policía confunde con criminales. Después de días, semanas o meses de cautiverio, siguen sufriendo las secuelas.

Lo que usted ha leído en los párrafos anteriores no son extractos del Informe de la Comisión de la Verdad. Son historias del año 2008, el peor en materia de derechos humanos desde los tiempos del conflicto armado. Un dato es revelador: durante el gobierno de Toledo, el promedio anual de muertes cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales era de tres o cuatro personas; el año pasado, las muertes se elevaron a 43.

Ante este panorama, personalmente me habría sorprendido que el gobierno de Alan García aceptara la donación alemana para la edificación de un Museo de la Memoria. Un Museo no tendría mayor sentido para el régimen actual, considerando que desde los primeros días en el poder promovió la pena de muerte… y que ha generado tantas muertes concretas.

Algunas muertes parecen excesos aislados, como el caso de Jean Surichaqui, asesinado por un policía en La Oroya o Luis Enrique Ortiz, que apareció muerto en la comisaría de Celendín. Sin embargo, casos como el de los mineros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco (Pataz) se han vuelto reiterados, fallecieron por el uso desproporcionado de la fuerza frente a las movilizaciones sociales, empleándose armas de fuego directamente contra el cuerpo de las personas.

Ahora bien, durante los años 2007 y 2008, la mayoría de muertes han sido cometidas por el Escuadrón de Emergencias de Trujillo en operaciones de “limpieza social”. Uno a uno, delincuentes que integraban diversas bandas han caído abatidos. En todos los casos, el Escuadrón señala que las muertes ocurrieron en enfrentamientos, pero mucha gente sostiene haber visto a los fallecidos cuando eran detenidos. Resulta extraño, además, que nunca se informe sobre policías heridos. Varias necropsias arrojan huellas de tortura o disparos a corta distancia.

Los periódicos trujillanos se refieren con naturalidad a la existencia de “una lista” de delincuentes a ser eliminados, aunque al menos doce personas sin ninguna relación con las bandas mencionadas también han fallecido.

Todas estas muertes se producen al amparo del Decreto Legislativo 982, que desde agosto del 2007 otorga inimputabilidad a policías o militares. En la práctica, en Trujillo ha venido operando la pena de muerte, a cargo del Escuadrón de Emergencias.

En todos los casos que se produjeron el año pasado, los paralelos con lo ocurrido en los años ochenta son impresionantes: las autoridades rechazan todas las denuncias, atribuyéndolas a intereses políticos (inclusive ha sido catalogado así el Departamento de Estado de los EEUU). En cuanto a la población, como antaño, aparecen los mecanismos de defensa: la negación de los hechos (“Es imposible que la policía haya hecho algo así”), o la culpabilización de las víctimas (“seguro son terroristas”). Algún amigo me dijo que era mejor que Carmen Azparrent y Melissa Patiño estuvieran presas, “para que mis hijos vivan seguros”. Sólo en algunos casos, como los de Abrham Nina y los demás ciclistas de San Juan de Lurigancho se manifestó un sentimiento de rechazo frente a los abusos, pero tampoco se produjo una indemnización.

Los hechos demuestran que es un error considerar las violaciones de los derechos humanos como un tema “del pasado”. Desapariciones, violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales vuelven a ocurrir porque no se han resuelto problemas de fondo como la exclusión, la desigualdad, el autoritarismo y el desprecio por el más débil.

Hace algunos años visité en Ámsterdam la casa donde vivió escondida Anna Frank con su familia y me pareció interesante cómo se buscaba que los visitantes reflexionaran sobre las actuales formas de intolerancia y discriminación. Ese sería el principal fin de un Museo de la Memoria: conocer los errores del pasado, para lograr transformar el presente.

Cuando, algún día, tengamos ese Museo, deberá incluirse también el año 2008, para analizar cómo pudimos regresar a convivir con la barbarie, sin darnos mucha cuenta de ello.