Reflexiones Peruanas 169: Al Toro por las Astas

Estimados amigos,
Les hago llegar este texto sobre una práctica cuya subsistencia cada vez genera más polémica en Lima.
Saludos cordiales y una buena semana para todos,
Wilfredo


Reflexiones Peruanas Nº 169

TOMANDO AL TORO POR LAS ASTAS

Wilfredo Ardito Vega

Si la Municipalidad de Lima se decidiera a convocar a un referéndum para decidir la prohibición de las corridas de toros, éstas se convertirían, sin duda alguna, en parte del pasado, porque cuentan con la oposición de más del ochenta por ciento de limeños.

Los defensores de las corridas sostienen que se trata de una arraigada tradición que debe ser preservada. Sin embargo, diversos cambios culturales muestran que la mayoría de habitantes de la capital consideramos que existen otros valores más importantes.

Entre estos cambios destaca una mayor sensibilidad frente al sufrimiento de los animales, como quedó demostrado en julio pasado, al ser revelados los maltratos cometidos en algunos circos contra leones, monos y elefantes. En respuesta, varios distritos prohibieron la instalación de circos y se aplicaron diversas multas por la abierta infracción a la Ley 27265, que prohibe la crueldad hacia los animales.

Si uno lee esta norma, puede llamar la atención que subsistan las corridas de toros, donde no cabe ninguna duda sobre el sufrimiento que generan banderilleros o picadores. Sin embargo, la tercera disposición final de la misma ley establece que no tiene aplicación para las corridas ni las peleas de gallos.

Otro cambio interesante es la gran cantidad de limeños que en la actualidad acuden a restaurantes vegetarianos, por razones de religión, salud, sensibilidad o economía. “Es el país latinoamericano donde tienen más acogida”, me comenta una visitante de Washington, al constatar cuán difícil es encontrar mesa en los locales vegetarianos cerca de mi oficina. Uno de estos restaurantes ha duplicado sus instalaciones ante la creciente demanda.

Hace pocos años, los extranjeros vegetarianos se quedaban sin conocer la comida peruana, pero ahora existen todo tipo de opciones adaptadas para ellos, desde ají de gallina hasta papa rellena. Hace unos días en el Cusco, pude disfrutar de un lomo saltado con carne de soya, que sólo se diferenciaba del verdadero, porque era más fácil de masticar.

Si cada vez más limeños consideran innecesario matar animales para alimentarse o lastimarlos para que realicen piruetas, con mayor razón rechazan que el sufrimiento y la muerte de un animal se conviertan en un espectáculo.

Para mí, sin embargo, las corridas tienen un elemento aún más perturbador y es que las elegantes damas y los sonrientes caballeros que acuden a Acho saben que es altamente probable que ante sus ojos una persona muera o agonice atravesada por los cuernos del toro. Por ello, desde el punto de vista de los derechos humanos, las corridas me parecen totalmente inaceptables.

Además, el carácter elitista de las corridas, las ha convertido precisamente en impopulares, en todos los sentidos de la palabra. Una situación similar ocurre en el Reino Unido con la cacería de zorros, tan arraigada entre los aristócratas y tan rechazada por el resto de la población. En el Perú, además, las corridas incrementan los prejuicios hacia las personas de clase alta, consideradas crueles, insensibles frente al sufrimiento y propensas a la ostentación.

En este contexto, llama mucho la atención que en Lima las corridas sean asociadas al Señor de los Milagros, especialmente porque constituyen mas bien un rezago del sanguinario circo romano, donde murieron los primeros cristianos. De hecho, hace más de cuatro siglos, el Papa San Pío V dispuso que fueran prohibidas en los países católicos, pero los reyes de España ignoraron esta disposición.

Precisamente, muchos aficionados, entre ellos Mario Vargas Llosa, respaldan las corridas como una afirmación de la herencia española, pero ni en estos tiempos ni nunca, para la mayoría de peruanos la hispanidad ha sido un arraigado motivo de orgullo.

Ahora bien, aún aceptando que las corridas son una tradición hispánica, esto no quiere decir que deban ser preservadas. Si una práctica tradicional ofende los valores de la mayoría de la población, el Estado debería intervenir.

El año pasado, todas estas consideraciones llevaron a doce congresistas a presentar el proyecto de ley 496, que prohibe las corridas de toros y las peleas de gallos. Casi un año después, la Comisión de Educación no ha emitido ningún dictamen al respecto.

Acaso en otros lugares del Perú, la población mayoritariamente acepte las corridas de toros en fiestas patronales y otras celebraciones. En Lima, simplemente, por respeto a la voluntad de sus habitantes, hace mucho que las autoridades debieron haber actuado, siquiera para prohibir a prohibir a menores de edad el ingreso a las corridas. No es fácil, sin embargo, desafiar a la privilegiada minoría que en estos días acude a las tiendas Wong a comprar sus entradas.

Mientras los antitaurinos vienen organizando una marcha de protesta contra la corrida del domingo 28, la reticencia de las autoridades a “tomar el toro por las astas” refleja que para ellas las opiniones de algunos peruanos valen más que las de otros.




Además...

- Felicitamos a la Agremiación de Futbolistas Peruanos, por su incorporación a la lucha contra el racismo en el Perú. A quienes deseen, les puedo enviar la divertida fotografía sobre la suscripción del convenio que suscribieron con la Mesa contra el Racismo.

- Felicitamos a los trabajadores de Camposol, Agrokasa, Talsa y otras dos empresas agroexportadoras por haber logrado conformar sus sindicatos, resistiendo despidos, hostilidad e inclusive violencia física. El Comercio publica hoy lunes 22 un informe sobre abusos similares hacia trabajadores en Luz del Sur, Kola Real y Gloria.

-Pese a las observaciones de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno decidió reabrir el penal de Challapalca, ubicado en la sierra de Tacna a 4,300 metros de altura. Los primeros 25 presos fueron trasladados la semana pasada.

-Hablando de la CIDH, ha sido lamentable que en una reciente audiencia el doctor Francisco Eguiguren Praeli, vinculado a la defensa de los derechos humanos, haya pasado a defender las políticas del Estado peruano que ponen en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento.

-La Clínica San Pablo puede enfrentar severas sanciones por violar la Ley 26772 con su reciente oferta de empleo en que solicita “buena presencia” y “fotografía reciente” para tecnólogos médicos, enfermeras, obstetrices, secretarias y técnicos dentales.

-Hablando de racismo, la Parroquia de San Marcos, en San Juan de Lurigancho, organizará el próximo domingo 28 a las 11:00am una Misa contra el Racismo. Esperemos que este ejemplo sea imitado por otras parroquias.

-Siguiendo con la discriminación, resulta bastante curioso que el Presidente Alan García pretenda incorporarse al Club Regatas, una institución de prácticas machistas y marcada discriminación hacia las trabajadoras del hogar.

-El proyecto de ley presentado por la congresista Hilaria Supa para que el DNI sea gratuito y permanente fue rechazado en la Comisión de Constitución a propuesta del congresista Javier Velásquez Quesquén.

-Dentro del ciclo Lo Cholo en el Perú, la Biblioteca Nacional llevará a cabo un Festival de Cine Cholo. El sábado 27 a las 5pm se proyecta la exitosa película El Abigeo, del puneño Flaviano Quispe, que tiene mucha acogida en las ciudades andinas. La entrada es libre.

Reflexiones Peruanas Nº 168: ¡Están comiendo pollo!

-¡Maldonado-Lima! ¡Maldonado-Lima! ¡Conteste, Maldonado!

En 1990, para comunicarse con Puerto Maldonado todavía había que acudir al Santuario de Santa Rosa en la avenida Tacna y usar la radio de los dominicos.

En la olvidada capital de Madre de Dios, la luz y el agua estaban racionadas en las pocas zonas donde llegaban, sólo había unas seis cuadras asfaltadas y diez teléfonos a manivela ya inoperativos.

Aquel año, mientras yo me encontraba capacitando a un grupo de profesores, los maldonadinos decidieron convocar a un paro general para llamar la atención de las autoridades limeñas sobre el abandono que sufrían. Los organizadores del curso, sin embargo, decidieron que, dadas las necesidades de los profesores, éste debía proseguir.

A mediodía, los profesores se retiraron a sus casas para almorzar. Mis colegas y yo encontramos una pequeña fonda que, a puerta cerrada, vendía un modesto menú de sopa y estofado de pollo. El precio era mucho más elevado de lo normal, pero no había otra alternativa.

Estaba tomando la sopa, cuando súbitamente se comenzaron a escuchar gritos en la calle.

-¡Están comiendo pollo! – se escuchó la voz acusadora de una mujer.

Los gritos continuaron y luego cayó sobre la puerta una andanada de golpes y pedradas. La fonda era un frágil local de madera y era evidente que pronto sería derribada por los sitiadores. Yo no sabía si intentar huir con mi plato de sopa o terminármelo velozmente antes de ser linchado por comer en día de paro. Mientras optaba por esto último, los atacantes súbitamente desistieron, acaso porque encontraron algún otro infractor a la voluntad popular al cual sancionar.

En un país con las terribles injusticias como el Perú, las movilizaciones populares son justas y necesarias. Sin embargo, a veces ellas implican atentar contra los derechos fundamentales de las personas.

Casos especialmente tristes han sido los de Percy López, quien falleció porque la ambulancia que lo transportaba desde Cerro de Pasco no pudo llegar a Lima, debido al bloqueo de la Carretera Central por los trabajadores de Casapalca (RP 153) y del niño Fermín García, que murió de frío, mientras intentaba cruzar a pie con algunos familiares.

Ese mismo día de junio, la violencia policial ocasionó la muerte de dos obreros y días después falleció también el policía Carlos Mariluz, víctima de una pedrada arrojada por uno de los trabajadores. Dudamos que alguna de estas muertes haya sido realmente intencional, pero todas fueron igualmente condenables.

Desde Arequipa hasta Satipo, han sido frecuentes también los ataques violentos a los establecimientos que no acatan una paralización. Municipalidades, comisarías y patrulleros han sido también destruidos en medio de diversas protestas. Nos preguntamos si puede ser legítima una movilización aparentemente contundente, pero que se basa en la amenaza o el temor. Mucho más grave aún ha sido la práctica de tomar rehenes a funcionarios municipales o policías.

Ahora bien, aquellas manifestaciones sociales que no buscan defender derechos, sino salvaguardar intereses políticos o económicos son las que tienen las formas de protesta más insensibles frente a los demás. Recordemos por ejemplo a los ganaderos enfrentados a la empresa Gloria, que derramaron en las calles de Trujillo centenares de litros de leche, que hubiera servido de alimento a muchos niños pobres.

En varias localidades, la simple pretensión de ordenar el tránsito o la presencia de funcionarios “que no son del lugar” ha generado actos de violencia indiscriminada. Con relativa frecuencia, ha sido lamentable el rol de algunas emisoras radiales, azuzando a la población.

Naturalmente, la indiferencia del Estado, aún frente a las protestas más legítimas, como la contaminación ambiental o la explotación laboral, incrementa la sensación de que son necesarias medidas extremas. El mismo gobierno envía el mensaje que bloquear una carretera o tomar un local público, es más eficaz que todos los recursos legales para lograr solución a una demanda justa.

Sin embargo, quienes organizan movilizaciones sociales son también responsables por los derechos que pueden afectar. Inclusive les corresponde prevenir posibles infiltraciones de individuos marginales o delincuentes comunes. Quienes bloquean carreteras deberían además considerar que aún en las guerras se debe evitar causar daños a enfermos, niños o ancianos, especialmente, tomando en cuenta que ni Defensa Civil ni los bomberos se hacen presentes para auxiliar a las personas vulnerables.

Ni las más legítimas demandas sociales, ni la incapacidad del actual régimen para responder a ellas, pueden justificar poner en riesgo la vida, la integridad física o los demás derechos fundamentales.
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Además...

-La semana pasada, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó a una audiencia especial para analizar el creciente autoritarismo del régimen de Alan García y los decretos legislativos aprobados el 22 de julio, que la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos han considerado inconstitucionales en muchos de sus artículos.

-Dos meses después del sismo, miles de damnificados en Cañete, Yauyos, Chincha y Pisco continúan a la intemperie, entre ellos muchos niños, ancianos y discapacitados. Ninguna autoridad estatal explica qué se ha hecho con las millonarias donaciones recibidas del extranjero.

-La señora Judith Rivera recibió una indemnización de 300,000 soles por haber sufrido contagio de VIH en un hospital estatal. Similar preocupación deberían generar los niños contagiados en el año 2003 en la Maternidad de Lima y otros casos de negligencia médica que se producen en hospitales públicos.

-Las protestas de los trabajadores de Construyendo Perú han logrado que suba su jornal de 12 a 14 soles. Sin embargo, resulta escandaloso que se anuncie esta medida como positiva, porque implica que ellos ganarán menos de 370 soles al mes en un sistema de explotación curiosamente dirigido por el Ministerio de Trabajo (RP 141).

-A los lectores del cuento Una Escuela Peruana en el 2037 (RP 155), les informo que la Municipalidad de Ollantaytambo ha implementado un ómnibus escolar para trasladar a los niños pequeños de las comunidades campesinas hasta el colegio. Ojalá otros municipios de las zonas andinas promuevan un servicio similar.

-Hablando de cambios positivos, gracias al Plan Tolerancia Cero, los colectivos entre Cusco y Urubamba han dejado de llevar pasajeros en la maletera (RP 110). Sin embargo, esta práctica continúa en las demás rutas del Cusco, donde los campesinos siguen viajando en camiones. Esperemos que el Decreto Supremo 037-2007-MTC, publicado ayer, logre detener la informalidad que tantas muertes ocasiona en el transporte terrestre.

-La propuesta del gobierno de entregar asignaciones familiares en las zonas donde existe actividad minera parece ser más una búsqueda de manipulación política que una real preocupación por los pobres.

-Felicitamos a los publicistas de Causa, Ogilvy, Pragma DDB y Toronja por sus esfuerzos creativos para sensibilizar sobre las violaciones a los derechos humanos. Los resultados pueden ser vistos en:
http://blogs.elcomercio.com.pe/publicidadymkt/2007/10/el_factor_humano.html#more

Reflexiones Peruanas Nº 167: Los Peruanos Desconfiados

dA los taxistas que no son limeños, siempre les agrada encontrar un pasajero que conozca su lugar de origen y a mí me gusta recordar con ellos los viajes que hago por el Perú. Hace unos meses me tocó un taxista chiclayano y conversamos tanto sobre celebraciones, pueblos y comidas, que, al llegar a mi casa, yo sentía que tenía en la punta de los labios la tortilla de raya y el chirimpico. Le pagué con un billete de 20 soles y me dio mi vuelto.

Instantes después, en el silencio de la noche, sentí el ruido de un vehículo. Acudí a la ventana: el taxi había regresado. El taxista me enseñó el billete y me dijo:

-Es falso.

Yo bajé, me disculpé y le cambié el billete. Hubiera podido decirle que ese no era el billete que le había dado y él acusarme de pretender engañarlo. Las acusaciones mutuas quizás habrían llegado a los insultos, la ironía, los gritos o al Serenazgo, pero yo estaba muy cansado para pasar una mala noche por 20 soles y, a decir verdad, la idea que me estuviera engañando me parecía totalmente improbable.

Al día siguiente, mientras examinaban el billete, mis amigos me decían que evidentemente el taxista se había aprovechado de mi ingenuidad. Lo conservé algún tiempo el billete, hasta que decidí llevarlo al banco, donde la cajera me aseguró que era verdadero.

En realidad, en muchas encuestas aparece que una abrumadora mayoría de peruanos considera que sus compatriotas son deshonestos. Para mí ese dato es un indicador que somos un país de desconfiados. Es verdad que existen

entornos donde se justifica la duda y la sospecha, como la escena política.

También es cierto que hay quienes buscan siempre aprovecharse del más débil, sea un campesino pobre o un turista desinformado. Sin embargo, creo que la posibilidad de sufrir un daño por parte de vecinos, colegas o desconocidos es mas bien escasa en comparación con los temores predominantes.

Quizás la demostración más visible de esa desconfianza generalizada sucede cuando un amable conductor pretende ceder el paso a los peatones y ellos permanecen desconcertados en la vereda, por más que el chofer insista. Normalmente, cruzan corriendo, como si estuvieran ante un maniático que pretende arrollarlos.

La desconfianza se incrementa frente a quienes son percibidos como diferentes por motivos raciales o sociales, basándose en múltiples prejuicios, desde la vestimenta hasta el tinte de pelo. Una manifestación agobiante se produce cuando dos peruanos se encuentran en el extranjero y se tratan con brusquedad o se someten a un interrogatorio del tipo “a-ver-qué-tipo- de-peruano- es-éste”, antes de entablar una conversación. A veces es más fácil hacer amigos de otros países, que no acarrean consigo un cúmulo de sospechas.

El propio Estado demuestra cómo sospecha de los ciudadanos, cuando exige retenerles el DNI para permitirles ingresar a las instituciones que ellos mismos financian, sea el Ministerio de Trabajo, la Contraloría o hasta la farmacia del Ministerio de Salud. El extraño argumento que genera tanta desconfianza son las medidas de seguridad, aunque ni a bancos, supermercados o restaurantes, se les ocurre tratar así a sus clientes, pese a que podrían tener mayor temor a un robo. El propio Indecopi, que sanciona las barreras comerciales, establece esta barrera en cuanto al ingreso a sus instalaciones.

El Congreso de la República inclusive exige un pase impreso, donde debe incluirse, por alguna sospecha adicional, hasta el domicilio del visitante. Así como éste, la desconfianza genera decenas de trámites innecesarios, como los cargos o registros que deben firmarse dentro de una misma institución.

Nuestros niveles de sospecha mutua son tan grandes que genera sorpresa cuando alguien confíe en un desconocido. Recuerdo haber escuchado a dos jóvenes profesionales conversar: “¿Has visto cómo son los de la Católica? Aunque no se conozcan, empiezan a hablar como si fueran amigos”. Me sentí identificado y realmente es una actitud muy agradable. Sin embargo, siento que a esta “confianza PUCP” se une a veces bastante recelo frente a quienes provienen de otras universidades. Similar desconfianza existe entre los profesionales limeños frente a quienes estudiaron en otras ciudades.

La desconfianza generalizada ocasiona numerosos costos a una sociedad, complica las transacciones y hace difícil establecer relaciones solidarias. No pretendo decir que debamos confiar en personas o entidades sin escrúpulos, pero si dejáramos de estar permanentemente sospechando de quienes están a nuestro lado, la vida cotidiana se haría mucho menos tortuosa y las relaciones menos agresivas. Todos ganaríamos en una sociedad cuyos integrantes confiaran más entre sí… lo dice alguien que intenta hacerlo siempre, en la combi, la calle, el taxi y a quien, felizmente, hasta ahora, no le ha ido muy mal en ese camino.

Además...

- El comandante Víctor La Vera Hernández, quien fuera Jefe Político Militar de Huanta en 1988 y el capitán Amador Vidal, fueron condenados a 17 y 15 años de prisión respectivamente por el asesinato de Hugo Bustios, corresponsal de Caretas.

-En una insensibilidad chocante hacia los más necesitados, miles de ganaderos protestaron contra los precios que les paga la empresa Gloria, arrojando leche a calles y plazas. Una protesta que podía ser justa, generó fuerte rechazo de la población.

-Todos los que deseen unirse para impedir que la zona del Candamo sea entregada a actividades petroleras (RP 166) pueden colocar sus datos en http://www.salvemos/Quienes estén en Lima y deseen sentirse alentados en causas justas, pueden ir al Cinematógrafo de Barranco, donde todos los sábados se presentará el conmovedor documental Tambogrande, sobre la lucha pacífica y exitosa de un pueblo contra una empresa minera sin escrúpulos (RP 159)

-Hablando de proyectos peligrosos, el gobierno ha presentado el Proyecto de Ley 1628 para autorizar las actividades mineras en zonas agrícolas y urbanas, generando serias críticas de parte de diversas organizaciones sociales.

-Hablando de minería, la empresa minera Casapalca, con múltiples abusos hacia sus trabajadores, ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería por negarse a admitir una auditoría sobre asuntos laborales y ambientales. El gobierno, en cambio, mantiene su pasividad al respecto.

-Hablando de la pasividad del gobierno, este fin de semana, los voluntarios de Un Techo para mi País lograron edificar más viviendas en la zona afectada por el sismo. Las clases en las escuelas de Fe y Alegría han sido reanudadas desde hace semanas en aulas prefabricadas. Los avances de estas iniciativas sólo reflejan la ineficiencia de las autoridades estatales.

Reflexiones Peruanas Nº 166. Huallhua, crueldad en el mundo indígena

aUna asamblea comunal obliga a un hombre a asesinar a su hijo, al que acusan de delincuente. Un adolescente es atado a un árbol donde habitan hormigas venenosas, hasta que muere por efecto de las picaduras. La semana pasada, los campesinos de Huallhua (Huancavelica) acusaron a cinco forasteros de abigeos y los quemaron vivos en el vehículo en que habían llegado.

¿Puede existir alguna justificación cultural para estos crímenes atroces cuando son cometidos por campesinos o nativos? ¿Es posible considerarlos “justicia por mano propia”, como los denominan algunos periodistas? ¿Sería admisible que los responsables queden sin sanción como ocurrió con los indígenas que mataron a los campesinos de Los Naranjos o a los brigadistas del Ministerio de Salud en el Cenepa (RP 43)?

El artículo 149 de la Constitución reconoce a las autoridades comunales la facultad de administrar justicia, según su derecho consuetudinario, pero en Huallhua no hubo ningún proceso o práctica tradicional. Como en los linchamientos que se producen a veces en las ciudades, se trató simplemente de un acto de violencia masiva.

Además, aún si una asamblea comunal decidiera la muerte de una persona o si se tratara de una sanción tradicional, el límite que coloca el artículo 149 es el respeto de los derechos humanos, por lo cual los responsables de esta masacre deben ser procesados.

Ahora bien, el artículo 15 del Código Penal establece que si una persona comete un delito porque su cultura o sus costumbres le impidieron ser consciente del carácter delictuoso de su acción, podría ser eximido de responsabilidad penal. Difícilmente los los campesinos de Huallhua podrían argumentar que no sabían que era un delito quemar vivas a cinco personas.

Sin embargo, a riesgo de mortificar a quienes pueden tener idealizado al mundo indígena, a mi entender estos hechos reflejan un problema de fondo y es que en las culturas indígenas, andinas o amazónicas, todavía es incipiente el respeto por los derechos humanos, es decir la noción de exigencias inherentes a todo individuo (RP 5).

Esto se hace más evidente en cuanto al derecho a la integridad física: en varias festividades andinas los participantes compiten en golpearse o azotarse, bajo el acuerdo que, aunque haya lesiones graves, no habrá acusaciones, resentimientos o sanciones al respecto. Con mayor frecuencia, la integridad física parece ser un derecho que la persona pierde cuando ha cometido una infracción. Por eso todavía se admite que el padre pueda golpear a los hijos, el profesor a los alumnos, el esposo a la mujer o los padrinos a los esposos conflictivos. Muchos ronderos azotan a los infractores, sea por robar ganado o por llegar tarde a la asamblea.

-Sin castigo físico es imposible que la gente se corrija –me decía un joven dirigente ayacuchano.

A un filósofo amigo mío, que se atrevió a cuestionar el castigo físico a los niños ante un grupo de maestros en Puerto Maldonado, le respondieron indignados:

-¡Usted no le pegará a su hijo porque lo tiene en un colegio particular! Nosotros no tenemos otra forma de educarlos.

Una profesora limeña me contó que habían llegado padres de familia provenientes de zonas andinas insistiendo en que ella le pegase a sus hijos si se comportan mal e inclusive ofrecían llevarle el instrumento que usaban en casa.

Está tan extendida esta mentalidad, que, en una ocasión, mientras explicaba en una charla los derechos de los detenidos, un Juez de Paz shipibo me preguntó:

-¿A partir de qué momento ya se les puede golpear?

Este panorama hace que algunos Jueces de Paz o Presidentes de comunidades campesinas no vean necesario intervenir en casos de violencia familiar, que es percibida como una reacción normal ante la “desobediencia” de la mujer. Inclusive, muchas mujeres campesinas sólo creen que amerita denunciar una situación de violencia verdaderamente grave, como una fractura o una lesión permanente.

Yo percibo que en los últimos años se ha avanzado mucho en generar mayor conciencia sobre el valor de los derechos humanos entre campesinos y nativos, pero todavía hay bastante por hacer, como demuestra el respaldo que el año pasado tuvo en esos sectores la propuesta de restablecer la pena de muerte.

La explotación y la pobreza que sufren los campesinos no deben llevarnos a idealizarlos. Mas bien, la cara más dura de la pobreza puede ser la dificultad para percibirse a sí mismo y a los demás como sujeto de derechos. Por parte del Estado, este es uno de los muchos problemas de los campesinos que jamás se abordan, como sucede con el alcoholismo y la deserción escolar.

Si admitimos que la cultura permite dejar impunes a quienes quemaron vivos a un grupo de personas, no tendríamos ninguna autoridad moral para pretender que paguen sus culpas quienes cometieron crímenes de similar crueldad fuera porque pretendían llegar al poder, porque decían defender los intereses del país o porque aseguraban que sólo cumplían órdenes.


Además...

-Más sobre los derechos humanos y el relativismo cultural puede leerse en la RP 5: http://www.aprodeh.org.pe/reflexiones/anterior/rf05.htm

-Las personas que tienen en casa una trabajadora del hogar, no se olviden que el próximo 8 de octubre es también feriado para ella, salvo que se pongan de acuerdo para pagar especialmente por su trabajo de ese día.

-Hablando de derechos laborales, hoy entró en vigencia el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR). Los centros laborales (incluidas las ONG) deben evitar los riesgos para sus trabajadores y deben emitir un Reglamento Interno de Seguridad en caso que tengan más de 25 trabajadores. Se incluyen en este caso los trabajadores temporales e independientes.

-Pese a la oposición de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros, el gobierno promulgó la Ley 29090, que reduce al mínimo la capacidad de control de los municipios sobre la construcción de viviendas y establece inclusive la aprobación automática de las licencias. No existe mayor conciencia que precisamente esta ausencia de control incrementó los terribles daños del terremoto del 15 de agosto.

-Hablando de desastres, el empresario José Chlimper renunció al cuestionado FORSUR, una entidad que no parece tener rumbo fijo. Mientras miles de personas llevan ya cincuenta días a la intemperie, el gobierno ha anunciado que invertirá una suma espectacular en restaurar la iglesia del Señor de Luren e instalará una emisora en Pisco que brinde mensajes adecuados.

-El gobierno anunció que comenzaría el diálogo con los alcaldes de los distritos opuestos a la empresa Majaz, pero al mismo tiempo ha presentado el proyecto de ley 1640 para que este proyecto minero se considere prioritario. Al parecer, se buscaría expropiar las tierras de las comunidades. Hay otros 19 proyectos que se consideran prioritarios, algunos de ellos como La Granja y Michiquillay en Cajamarca, que generan fuerte conflicto con la población.

-Hablando de daños al medio ambiente, el gobierno pretende recortar en más de 200,000 hectáreas la zona más importante del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde se encuentra la zona de Candamo, para ofrecerlo a compañías petroleras. El Intendente de Areas Naturales Protegidas del INRENA fue despedido por oponerse a este proyecto.

-Después de años de protestas de los vecinos, la Municipalidad de Jesús María ha clausurado temporalmente el local del Círculo Militar, por los ruidos que producían los espectáculos que allí se realizaban sin tener licencia. En muchas ciudades del Perú, en cambio, no parece existir ningún control respecto a ruidos o espectáculos.

-RENIEC ha postergado hasta el 31 de diciembre el plazo para que los ciudadanos actualicen su estado civil en su DNI. Al parecer, la intención de esta entidad ha sido nuevamente obtener ingresos amenazando a los ciudadanos con dejarlos virtualmente indocumentados. Entretanto, el proyecto de ley para que el DNI sea gratuito y permanente lleva ya un año en el Congreso de la República.

-El cineasta Federico García, Director del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, ha precisado que no se restringirá el ingreso al Parque Universitario ni se cobrará por ello (RP 165)