¿Quién ordenó la masacre de Río Seco?

A fines de setiembre, cuando la señora Lucy Pichardo llegó a Huamanga y denunció que sus familiares habían sido asesinados en el alejado caserío de Río Seco, sólo se tenía la versión de las Fuerzas Armadas sobre cuatro terroristas fallecidos en un enfrentamiento en ese mismo lugar.

En el mes de agosto, el Ejército lanzó el Plan Excelencia 777 para eliminar los remanentes subversivos en el VRAE (valle de los ríos Apurimac y Ene). Este plan implicaba que se retiraran todos los campesinos que habitaban en las inmediaciones de las zonas de actividad subversiva.

Se declaró que las Fuerzas Armadas respetarían los derechos humanos de los campesinos pero en las últimas semanas, decenas de viviendas han sido destruidas y muchos moradores han sido golpeados para obligarlos a dejar sus chacras. Otros fueron sumergidos en agua con lejía, algunos pasaron varios días detenidos y por lo menos una campesina ha sido violada por los soldados. En algunos casos, se ha disparado desde helicópteros a las plantaciones. Centenares de desplazados han llegado a poblados como Canayre y Llochegua donde están desesperados por recuperar sus escasas propiedades y sus cultivos.

El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y varios organismos de derechos humanos se dirigieron a esta zona para verificar la denuncia de la señora Pichardo. Ella también había declarado que los militares detuvieron a cinco personas que trabajaban para un maderero de la zona, pero éste ha declarado a la Defensoría del Pueblo que sus trabajadores ya fueron liberados.

Sin embargo, en el lugar que señaló Lucy Pichardo fueron hallados los restos de su conviviente, Félix Canchanya (24 años), sus hermanos Maximiliano (32 años) y Alejandro Pichardo (17 años) y Rosa Chávez Sihuincha (21 años), quien era conviviente de Maximiliano y estaba embarazada con cinco meses de gestación.

Los cuerpos estaban sepultados a ras del suelo y encima existía una estructura de calamina para incrementar el calor y acelerar la descomposición de los cuerpos. Los informes forenses revelaron que murieron por disparos de arma de fuego realizados a corta distancia, por la espalda, lo que echa por tierra la versión de un enfrentamiento entre militares y terroristas. Sólo a Maximiliano Pichardo le dispararon inicialmente desde un helicóptero. Ninguno de los fallecidos tenía vínculos con grupos subversivos o cultivos de coca, porque esa zona no es buena para ello. Los tres varones eran, además, parte del Comité de Autodefensa de Mayobamba, del cual Maximiliano era Vicepresidente.

Lo más terrible de todo lo ocurrido es pensar en los pequeños hijos de Maximiliano: Moisés, de seis años y Rosa Linda, de apenas un año, cuyos cuerpos no han sido encontrados. No se sabe si la patrulla militar los asesinó o si los dos niños perecieron abandonados en la selva.

Una primera hipótesis para explicar este crimen es atribuir la responsabilidad al oficial a cargo del operativo, Jorge Hurtado Hurtado, nada menos que hermano del tristemente célebre Telmo Hurtado, quien en 1985 ordenó la masacre de Accomarca, donde también fueron asesinados varios niños pequeños, lo cual el mismo oficial admitió ante los congresistas que investigaron la masacre. Actualmente, él está detenido en Miami y se espera que pronto sea extraditado el Perú.

Sin embargo, en Ayacucho se maneja una segunda hipótesis mucho más grave y es que la muerte de la familia Pichardo tenía la intención de atemorizar a los demás campesinos y lograr que se retiren. Esta segunda hipótesis se confirmaría por todos los abusos denunciados y porque se habría producido otro homicidio: a comienzos de setiembre, el campesino Luis Estalla denunció que su hijo Franklin había desaparecido, tras ser detenido por una patrulla militar. El señor Estalla acudió a diversas instalaciones militares para indagar por él y terminó detenido por varios días. Finalmente fue puesto en libertad. Entretanto, el Ejército ha comunicado que el siete de setiembre en un enfrentamiento fue abatido un subversivo, cuyo cadáver fue trasladado a Satipo. El Ministerio Público de esta localidad va a investigar si se trata de Franklin Estalla.

En la primera hipótesis, la responsabilidad del Ministro de Defensa Antero Flores Araoz y las autoridades militares está en haber avalado la versión de Hurtado, sin haber investigado los hechos, al punto que Flores Araoz se ha burlado de la muerte de los dos niños. La segunda hipótesis implicaría una responsabilidad mucho mayor.

Las denuncias de Lucy Pichardo y Luis Estalla han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación ayacuchanos, pero, como sucedió en los años ochenta, en Lima no han generado mayor reacción, ni siquiera en los organismos que defienden los derechos de los niños.

Mientras tanto, en la zona donde colindan los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho vienen ocurriendo las más graves violaciones a los derechos humanos en los últimos 15 años.