Reflexiones Peruanas Nº 168: ¡Están comiendo pollo!

-¡Maldonado-Lima! ¡Maldonado-Lima! ¡Conteste, Maldonado!

En 1990, para comunicarse con Puerto Maldonado todavía había que acudir al Santuario de Santa Rosa en la avenida Tacna y usar la radio de los dominicos.

En la olvidada capital de Madre de Dios, la luz y el agua estaban racionadas en las pocas zonas donde llegaban, sólo había unas seis cuadras asfaltadas y diez teléfonos a manivela ya inoperativos.

Aquel año, mientras yo me encontraba capacitando a un grupo de profesores, los maldonadinos decidieron convocar a un paro general para llamar la atención de las autoridades limeñas sobre el abandono que sufrían. Los organizadores del curso, sin embargo, decidieron que, dadas las necesidades de los profesores, éste debía proseguir.

A mediodía, los profesores se retiraron a sus casas para almorzar. Mis colegas y yo encontramos una pequeña fonda que, a puerta cerrada, vendía un modesto menú de sopa y estofado de pollo. El precio era mucho más elevado de lo normal, pero no había otra alternativa.

Estaba tomando la sopa, cuando súbitamente se comenzaron a escuchar gritos en la calle.

-¡Están comiendo pollo! – se escuchó la voz acusadora de una mujer.

Los gritos continuaron y luego cayó sobre la puerta una andanada de golpes y pedradas. La fonda era un frágil local de madera y era evidente que pronto sería derribada por los sitiadores. Yo no sabía si intentar huir con mi plato de sopa o terminármelo velozmente antes de ser linchado por comer en día de paro. Mientras optaba por esto último, los atacantes súbitamente desistieron, acaso porque encontraron algún otro infractor a la voluntad popular al cual sancionar.

En un país con las terribles injusticias como el Perú, las movilizaciones populares son justas y necesarias. Sin embargo, a veces ellas implican atentar contra los derechos fundamentales de las personas.

Casos especialmente tristes han sido los de Percy López, quien falleció porque la ambulancia que lo transportaba desde Cerro de Pasco no pudo llegar a Lima, debido al bloqueo de la Carretera Central por los trabajadores de Casapalca (RP 153) y del niño Fermín García, que murió de frío, mientras intentaba cruzar a pie con algunos familiares.

Ese mismo día de junio, la violencia policial ocasionó la muerte de dos obreros y días después falleció también el policía Carlos Mariluz, víctima de una pedrada arrojada por uno de los trabajadores. Dudamos que alguna de estas muertes haya sido realmente intencional, pero todas fueron igualmente condenables.

Desde Arequipa hasta Satipo, han sido frecuentes también los ataques violentos a los establecimientos que no acatan una paralización. Municipalidades, comisarías y patrulleros han sido también destruidos en medio de diversas protestas. Nos preguntamos si puede ser legítima una movilización aparentemente contundente, pero que se basa en la amenaza o el temor. Mucho más grave aún ha sido la práctica de tomar rehenes a funcionarios municipales o policías.

Ahora bien, aquellas manifestaciones sociales que no buscan defender derechos, sino salvaguardar intereses políticos o económicos son las que tienen las formas de protesta más insensibles frente a los demás. Recordemos por ejemplo a los ganaderos enfrentados a la empresa Gloria, que derramaron en las calles de Trujillo centenares de litros de leche, que hubiera servido de alimento a muchos niños pobres.

En varias localidades, la simple pretensión de ordenar el tránsito o la presencia de funcionarios “que no son del lugar” ha generado actos de violencia indiscriminada. Con relativa frecuencia, ha sido lamentable el rol de algunas emisoras radiales, azuzando a la población.

Naturalmente, la indiferencia del Estado, aún frente a las protestas más legítimas, como la contaminación ambiental o la explotación laboral, incrementa la sensación de que son necesarias medidas extremas. El mismo gobierno envía el mensaje que bloquear una carretera o tomar un local público, es más eficaz que todos los recursos legales para lograr solución a una demanda justa.

Sin embargo, quienes organizan movilizaciones sociales son también responsables por los derechos que pueden afectar. Inclusive les corresponde prevenir posibles infiltraciones de individuos marginales o delincuentes comunes. Quienes bloquean carreteras deberían además considerar que aún en las guerras se debe evitar causar daños a enfermos, niños o ancianos, especialmente, tomando en cuenta que ni Defensa Civil ni los bomberos se hacen presentes para auxiliar a las personas vulnerables.

Ni las más legítimas demandas sociales, ni la incapacidad del actual régimen para responder a ellas, pueden justificar poner en riesgo la vida, la integridad física o los demás derechos fundamentales.
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Además...

-La semana pasada, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó a una audiencia especial para analizar el creciente autoritarismo del régimen de Alan García y los decretos legislativos aprobados el 22 de julio, que la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos han considerado inconstitucionales en muchos de sus artículos.

-Dos meses después del sismo, miles de damnificados en Cañete, Yauyos, Chincha y Pisco continúan a la intemperie, entre ellos muchos niños, ancianos y discapacitados. Ninguna autoridad estatal explica qué se ha hecho con las millonarias donaciones recibidas del extranjero.

-La señora Judith Rivera recibió una indemnización de 300,000 soles por haber sufrido contagio de VIH en un hospital estatal. Similar preocupación deberían generar los niños contagiados en el año 2003 en la Maternidad de Lima y otros casos de negligencia médica que se producen en hospitales públicos.

-Las protestas de los trabajadores de Construyendo Perú han logrado que suba su jornal de 12 a 14 soles. Sin embargo, resulta escandaloso que se anuncie esta medida como positiva, porque implica que ellos ganarán menos de 370 soles al mes en un sistema de explotación curiosamente dirigido por el Ministerio de Trabajo (RP 141).

-A los lectores del cuento Una Escuela Peruana en el 2037 (RP 155), les informo que la Municipalidad de Ollantaytambo ha implementado un ómnibus escolar para trasladar a los niños pequeños de las comunidades campesinas hasta el colegio. Ojalá otros municipios de las zonas andinas promuevan un servicio similar.

-Hablando de cambios positivos, gracias al Plan Tolerancia Cero, los colectivos entre Cusco y Urubamba han dejado de llevar pasajeros en la maletera (RP 110). Sin embargo, esta práctica continúa en las demás rutas del Cusco, donde los campesinos siguen viajando en camiones. Esperemos que el Decreto Supremo 037-2007-MTC, publicado ayer, logre detener la informalidad que tantas muertes ocasiona en el transporte terrestre.

-La propuesta del gobierno de entregar asignaciones familiares en las zonas donde existe actividad minera parece ser más una búsqueda de manipulación política que una real preocupación por los pobres.

-Felicitamos a los publicistas de Causa, Ogilvy, Pragma DDB y Toronja por sus esfuerzos creativos para sensibilizar sobre las violaciones a los derechos humanos. Los resultados pueden ser vistos en:
http://blogs.elcomercio.com.pe/publicidadymkt/2007/10/el_factor_humano.html#more