miércoles, octubre 03, 2007

Reflexiones Peruanas Nº 166. Huallhua, crueldad en el mundo indígena

aUna asamblea comunal obliga a un hombre a asesinar a su hijo, al que acusan de delincuente. Un adolescente es atado a un árbol donde habitan hormigas venenosas, hasta que muere por efecto de las picaduras. La semana pasada, los campesinos de Huallhua (Huancavelica) acusaron a cinco forasteros de abigeos y los quemaron vivos en el vehículo en que habían llegado.

¿Puede existir alguna justificación cultural para estos crímenes atroces cuando son cometidos por campesinos o nativos? ¿Es posible considerarlos “justicia por mano propia”, como los denominan algunos periodistas? ¿Sería admisible que los responsables queden sin sanción como ocurrió con los indígenas que mataron a los campesinos de Los Naranjos o a los brigadistas del Ministerio de Salud en el Cenepa (RP 43)?

El artículo 149 de la Constitución reconoce a las autoridades comunales la facultad de administrar justicia, según su derecho consuetudinario, pero en Huallhua no hubo ningún proceso o práctica tradicional. Como en los linchamientos que se producen a veces en las ciudades, se trató simplemente de un acto de violencia masiva.

Además, aún si una asamblea comunal decidiera la muerte de una persona o si se tratara de una sanción tradicional, el límite que coloca el artículo 149 es el respeto de los derechos humanos, por lo cual los responsables de esta masacre deben ser procesados.

Ahora bien, el artículo 15 del Código Penal establece que si una persona comete un delito porque su cultura o sus costumbres le impidieron ser consciente del carácter delictuoso de su acción, podría ser eximido de responsabilidad penal. Difícilmente los los campesinos de Huallhua podrían argumentar que no sabían que era un delito quemar vivas a cinco personas.

Sin embargo, a riesgo de mortificar a quienes pueden tener idealizado al mundo indígena, a mi entender estos hechos reflejan un problema de fondo y es que en las culturas indígenas, andinas o amazónicas, todavía es incipiente el respeto por los derechos humanos, es decir la noción de exigencias inherentes a todo individuo (RP 5).

Esto se hace más evidente en cuanto al derecho a la integridad física: en varias festividades andinas los participantes compiten en golpearse o azotarse, bajo el acuerdo que, aunque haya lesiones graves, no habrá acusaciones, resentimientos o sanciones al respecto. Con mayor frecuencia, la integridad física parece ser un derecho que la persona pierde cuando ha cometido una infracción. Por eso todavía se admite que el padre pueda golpear a los hijos, el profesor a los alumnos, el esposo a la mujer o los padrinos a los esposos conflictivos. Muchos ronderos azotan a los infractores, sea por robar ganado o por llegar tarde a la asamblea.

-Sin castigo físico es imposible que la gente se corrija –me decía un joven dirigente ayacuchano.

A un filósofo amigo mío, que se atrevió a cuestionar el castigo físico a los niños ante un grupo de maestros en Puerto Maldonado, le respondieron indignados:

-¡Usted no le pegará a su hijo porque lo tiene en un colegio particular! Nosotros no tenemos otra forma de educarlos.

Una profesora limeña me contó que habían llegado padres de familia provenientes de zonas andinas insistiendo en que ella le pegase a sus hijos si se comportan mal e inclusive ofrecían llevarle el instrumento que usaban en casa.

Está tan extendida esta mentalidad, que, en una ocasión, mientras explicaba en una charla los derechos de los detenidos, un Juez de Paz shipibo me preguntó:

-¿A partir de qué momento ya se les puede golpear?

Este panorama hace que algunos Jueces de Paz o Presidentes de comunidades campesinas no vean necesario intervenir en casos de violencia familiar, que es percibida como una reacción normal ante la “desobediencia” de la mujer. Inclusive, muchas mujeres campesinas sólo creen que amerita denunciar una situación de violencia verdaderamente grave, como una fractura o una lesión permanente.

Yo percibo que en los últimos años se ha avanzado mucho en generar mayor conciencia sobre el valor de los derechos humanos entre campesinos y nativos, pero todavía hay bastante por hacer, como demuestra el respaldo que el año pasado tuvo en esos sectores la propuesta de restablecer la pena de muerte.

La explotación y la pobreza que sufren los campesinos no deben llevarnos a idealizarlos. Mas bien, la cara más dura de la pobreza puede ser la dificultad para percibirse a sí mismo y a los demás como sujeto de derechos. Por parte del Estado, este es uno de los muchos problemas de los campesinos que jamás se abordan, como sucede con el alcoholismo y la deserción escolar.

Si admitimos que la cultura permite dejar impunes a quienes quemaron vivos a un grupo de personas, no tendríamos ninguna autoridad moral para pretender que paguen sus culpas quienes cometieron crímenes de similar crueldad fuera porque pretendían llegar al poder, porque decían defender los intereses del país o porque aseguraban que sólo cumplían órdenes.


Además...

-Más sobre los derechos humanos y el relativismo cultural puede leerse en la RP 5: http://www.aprodeh.org.pe/reflexiones/anterior/rf05.htm

-Las personas que tienen en casa una trabajadora del hogar, no se olviden que el próximo 8 de octubre es también feriado para ella, salvo que se pongan de acuerdo para pagar especialmente por su trabajo de ese día.

-Hablando de derechos laborales, hoy entró en vigencia el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR). Los centros laborales (incluidas las ONG) deben evitar los riesgos para sus trabajadores y deben emitir un Reglamento Interno de Seguridad en caso que tengan más de 25 trabajadores. Se incluyen en este caso los trabajadores temporales e independientes.

-Pese a la oposición de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros, el gobierno promulgó la Ley 29090, que reduce al mínimo la capacidad de control de los municipios sobre la construcción de viviendas y establece inclusive la aprobación automática de las licencias. No existe mayor conciencia que precisamente esta ausencia de control incrementó los terribles daños del terremoto del 15 de agosto.

-Hablando de desastres, el empresario José Chlimper renunció al cuestionado FORSUR, una entidad que no parece tener rumbo fijo. Mientras miles de personas llevan ya cincuenta días a la intemperie, el gobierno ha anunciado que invertirá una suma espectacular en restaurar la iglesia del Señor de Luren e instalará una emisora en Pisco que brinde mensajes adecuados.

-El gobierno anunció que comenzaría el diálogo con los alcaldes de los distritos opuestos a la empresa Majaz, pero al mismo tiempo ha presentado el proyecto de ley 1640 para que este proyecto minero se considere prioritario. Al parecer, se buscaría expropiar las tierras de las comunidades. Hay otros 19 proyectos que se consideran prioritarios, algunos de ellos como La Granja y Michiquillay en Cajamarca, que generan fuerte conflicto con la población.

-Hablando de daños al medio ambiente, el gobierno pretende recortar en más de 200,000 hectáreas la zona más importante del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde se encuentra la zona de Candamo, para ofrecerlo a compañías petroleras. El Intendente de Areas Naturales Protegidas del INRENA fue despedido por oponerse a este proyecto.

-Después de años de protestas de los vecinos, la Municipalidad de Jesús María ha clausurado temporalmente el local del Círculo Militar, por los ruidos que producían los espectáculos que allí se realizaban sin tener licencia. En muchas ciudades del Perú, en cambio, no parece existir ningún control respecto a ruidos o espectáculos.

-RENIEC ha postergado hasta el 31 de diciembre el plazo para que los ciudadanos actualicen su estado civil en su DNI. Al parecer, la intención de esta entidad ha sido nuevamente obtener ingresos amenazando a los ciudadanos con dejarlos virtualmente indocumentados. Entretanto, el proyecto de ley para que el DNI sea gratuito y permanente lleva ya un año en el Congreso de la República.

-El cineasta Federico García, Director del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, ha precisado que no se restringirá el ingreso al Parque Universitario ni se cobrará por ello (RP 165)

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