RP 461: Calicatas y Territorios Ancestrales

Para muchas personas, los términos “comunidades nativas” y “pueblos indígenas” son equivalentes, pero en realidad son conceptos muy diferentes.   Un pueblo indígena está unido por una serie de elementos culturales, como el idioma, la cosmovisión, las tradiciones.    Son pueblos indígenas los shipibos, los awajún o los asháninkas, todos los cuales vivían en la selva desde mucho antes que se formara el Estado peruano.    

En cambio, una comunidad nativa es una aldea o poblado, donde residen algunas familias indígenas.   De esta manera, los integrantes de cada pueblo indígena viven divididos en decenas o a veces centenares de comunidades nativas diferentes, cada una con su título de propiedad y sus autoridades.

Estas comunidades nativas son el resultado de una política gubernamental, que comenzó en 1974, cuando el gobierno de Velasco dispuso que los indígenas amazónicos se agruparan en comunidades, a semejanza de las comunidades campesinas de la sierra y la costa.   Mediante la agrupación en comunidades, se planteaba  que los indígenas tuvieran una cantidad de tierra adecuada para sus actividades agrícolas y de subsistencia,  mientras el resto de su territorio ancestral quedaba disponible y bajo el dominio del Estado.   Podía ser otorgado a colonos o inclusive ser entregado en concesión para la actividad petrolera, que entonces comenzaba en la Amazonía.   

La Ley de Comunidades Nativas dispuso además que en los títulos de propiedad se incluyera también las tierras donde los indígenas realizaban sus migraciones estacionales.   Sin embargo, los funcionarios estatales siempre eran muy renuentes a ello, porque les parecía que era tierra desperdiciada.   La concepción “la tierra es de quien la trabaja”, empleada durante la Reforma Agraria para entregar la tierra de las haciendas a los campesinos andinos terminó siendo usada en contra de los derechos de los indígenas amazónicos sobre sus territorios ancestrales.

Aunque la estructura comunal era ajena a los indígenas y con los nuevos títulos ellos perdían el control legal sobre parte importante de sus antiguos territorios, aceptaron el proceso de sedentarización, porque les permitía una serie de beneficios, especialmente los títulos de propiedad y contar con escuelas para sus hijos.  En las zonas que no estaban tituladas a nombre de ninguna comunidad, seguían realizando actividades tradicionales como la caza o la recolección de plantas medicinales.     

En 1978, el gobierno de Morales Bermúdez dispuso que a las nuevas comunidades nativas ya no se les entregaría las zonas forestales en propiedad, sino en cesión en uso.   Es decir que el Estado retendría la propiedad sobre dichas áreas.    Esta decisión vulnera el principio del territorio integral de los indígenas, que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sucesivas sentencias.   

Inclusive, en varios casos, los funcionarios encargados de la titulación de una comunidad nativa, han declarado que toda su área es forestal, por lo que la comunidad no recibe título de propiedad ni siquiera sobre un metro cuadrado.   Es comprensible que los nativos se sientan despojados de su propio territorio.   Es más, algunos funcionarios dicen ahora que los indígenas no deberían ser consultados por las acciones que el Estado realice en las tierras forestales.

La titulación de las comunidades nativas es ahora además mucho más compleja y costosa, porque en el año 2009, el mismo año de las protestas de Bagua,  el régimen de García  dispuso que la clasificación de uso de suelos se realice mediante un estudio geológico a través de las llamadas calicatas, que son unos pozos, que deben ser excavados.    De ellos se toman muestras de tierra y se envían a Lima para ser analizadas y así determinar cuáles son las áreas forestales y no serán entregadas en propiedad.   Nada de esto se exige a quienes no son nativos y también reciben títulos sobre tierras amazónicas. 

A esto se añade, claro, que el Estado nunca asume los costos de la titulación y los indígenas tampoco cuentan con recursos para hacerlo, por lo que debe ser financiada por ONGs o la cooperación internacional.     “Ahora cuesta más de 10,000 dólares”, dice un dirigente awajún.    La transferencia de la titulación a los gobiernos regionales no ha abaratado los costos, porque la clasificación de tierras se sigue haciendo en Lima.

Entretanto, cuarenta años después de las primeras titulaciones, en muchas comunidades las tierras asignadas se han vuelto son insuficientes frente al crecimiento poblacional.    Muchas comunidades están pidiendo que el Estado les reconozca la ampliación de su territorio.   En otros casos, las familias indígenas sin tierras se trasladan a otras zonas dentro de los territorios ancestrales y piden ser reconocidas como comunidades, enfrentando procesos que pueden durar largos años.

El Estado peruano entonces tiene una deuda pendiente hacia los pueblos indígenas amazónicos: garantizarles la propiedad de sus tierras.   A nuestro modo de ver, esto implica también devolverles la propiedad sobre sus tierras forestales, eliminado las figuras legales que las retienen en poder del Estado.

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Agradezco a Ermeto Tuesta, del Instituto de Bien Común, por la valiosa información que me permitió elaborar esta RP. 

Anexo de la RP 251

-El Choloshow fue organizado por LS Producciones Teatrales, dirigida por Francisco Caparó y Cintia Díaz del Olmo. Están especializados en la preparación de eventos de sensibilización sobre problemas sociales Los pueden contactar llamando al 999938804, el 999657675 o o escribiendo a lsproduciones.mail@gmail.com.

-No se olviden que este 15 de mayo, a mediodía, se leerá la sentencia del primer caso penal por discriminación. Esto sucederá en la sede de la Corte Superior del Cono Norte.

-Hablando de discriminación, la empresa Cruz del Sur corre el riesgo de ser severamente sancionada por su oferta de empleo discriminatoria.

-El Instituto Nacional de Cultura del Cusco lamentó los incidentes ocurridos en el mes de abril en Machu Picchu, cuando a un grupo de profesores se le pretendió impedir el ingreso por portar ponchos. Aparentemente, se pensó que participarían en una actividad no autorizada.

-El gobierno declaró el Estado de Emergencia en diversas provincias amazónicas, frente a las protestas de los indígenas por los Decretos Legislativos que ponen en peligro sus tierras. Los Obispos de la Amazonía han pedido que estas normas sean derogadas. La semana que pasó hubo serios enfrentamientos entre la Marina de Guerra y la población, que lleva ya más de un mes protestando.

-Zenón Cueva, Presidente del Frente de Defensa de Moquegua fue baleado por un sicario el jueves 7 de mayo. Al parecer, sus actividades como dirigente le habían granjeado numerosos enemigos.

-Dos estudiantes invidentes fueron detenidos y golpeados por la Policía Nacional, tras irrumpir violentamente en la Universidad de San Marcos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que otros alumnos fueron golpeados brutalmente, pese a que no tuvieron mayor vinculación con la toma del rectorado por otros alumnos.

-Pese a que el invierno todavía no empieza, 26 niños han muerto de frío en lo que va de este año en Puno. Estas muertes no generan mayor alarma ni paranoia a los medios de comunicación o a las autoridades del sector Salud (RP 250).

-Otro vehículo de movilidad escolar se incendió y como en el caso anterior, los niños pudieron ser rescatados. El incidente se produjo en Surco. Una nueva muestra de la informalidad con que se brinda este “servicio”.

-Hablando de la informalidad en el transporte, las combis de la línea 5C que circulaba ilegalmente vienen siendo retiradas por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Los choferes, que sólo tenían autorización del Municipio de Huarochirí, destruyeron una grúa en protesta. En anteriores oportunidades dejaron malheridos a algunos inspectores municipales.

-El aporte:

En verdad se ha armado un gran revuelo por lo que sigue siendo simplemente una nueva variante de la gripe, un viejo enemigo de la humanidad. Pero los que tildan de mortal a la enfermedad no solo piensan en la prevención sino en las ganancias economicas o politicas de tener a la gente prendida de la television. Esta enfermedad es importante pero no más mortal que otras variedades de gripe fuerte mal cuidadas (un economista).

Recuerdo un La mortandad se ha debido a la falta de informacion inicial que llevo a mucha gente a obviar el tema o automedicarse (mala costumbre en nuestros países), pero en otras latitudes, donde hay vacunaciones de rutina contra tras influenzas previas a inviernos crudos, o una cultura de atencion medica, no han habido muertes a pesar de las infecciones.
Hay indicios de que la OMS y otros estaban al tanto de las posibles causas de un virus como este, y que la irresponsabilidad corporativa global está detrás.Rec acertado texto de Pepi Patrón, escrito cuando los medios sacaban las noticias de niños que en Puno se morían de frío. Ella dijo entonces, sabiamente, que esos niños no morían de frío, sino que morían de pobres ya que en países desarrollados, con temperaturas mucho más bajas, la población sobrevivía tranquilamente debido a su acceso a salud, calefacción, protección, etc. (Julissa Mantilla).

La frase W:

El día que todo peruano se vea con gusto en el espejo,

se habrá logrado una verdadera revolución

Reflexiones Peruanas Nº 213: Lo que faltaba... "chunchos igualados"

El viernes pasado, por primera vez en la historia del Perú, el Congreso de la República emitió una norma acogiendo las demandas de los indígenas amazónicos. Los voceros del gobierno sostienen que los congresistas derogaron los Decretos Legislativos 1015 y 1073 chantajeados por las protestas indígenas, pero en realidad, desde hacía meses, varias comisiones del Congreso habían rechazado diversos proyectos de ley que promovían la disolución de las comunidades campesinas y nativas.

Con esos antecedentes, llama la atención la insistencia del Poder Ejecutivo en promulgar diversos Decretos Legislativos que afectaban los intereses de los más pobres. Para nosotros, la explicación de fondo es que en nuestro país todavía es incipiente la noción que todos los ciudadanos son iguales en derechos y dignidad.

Una expresión de ello es el frecuente uso del término "igualado". Quien lo usa, está tan convencido que los seres humanos no son iguales que le irrita profundamente la actitud de alguien inferior, que se atreve comportarse como si fuera "su igual".

Para determinar la inferioridad de una persona, el racismo es uno de los factores más importantes, pero otros elementos suelen sumarse y reforzarse mutuamente: la actividad que desempeña, su lugar de origen o residencia, su vestimenta, su apellido o inclusive la talla. "En la compañía de seguros donde trabajaba no contratan a nadie que viva en algún cono", me cuenta un colega de la universidad, "y sólo promueven a los blancos con apellidos europeos".

De esta forma, se genera lo que denominamos "discriminación acumulada", es decir que algunas personas simplemente son percibidas como "seres sin derechos" por sus compatriotas más privilegiados. La población rural de la sierra y la selva han sido las principales víctimas de esta forma de discriminación.

El problema es que esta es la manera como tradicionalmente ha sido gobernado el país. Un hito histórico se produjo en 1824, cuando Bolívar dispuso que los títulos de propiedad de las comunidades indígenas carecían de valor legal. De esta manera, los terratenientes se apropiaron de las tierras comunales y los indígenas tuvieron que padecer condiciones semifeudales durante casi siglo y medio.

A lo largo del siglo XX, la migración de la población andina a la costa, el crecimiento de algunas ciudades (y el surgimiento de otras, como Chimbote o Pucallpa) la expansión de la educación, la Reforma Agraria, han ido cambiando la estructura de la sociedad peruana. Los peruanos, en general, nos parecemos más entre nosotros, somos mucho más conscientes de nuestros derechos como personas y aspiramos a una vida mejor. Sin embargo, para algunas élites, este proceso masivo de movilidad social es una tragedia: Lima se llenó de "cholos igualados", que ya no saben "cuál es su lugar".

A nivel político, con frecuencia aparece la tentación de gobernar, como si el Perú fuera un antiguo latifundio, donde el hacendado tomaba todas las decisiones y a los yanaconas sólo les tocaba acatarlas y esperar una vida mejor después de muertos.

La peor manifestación de esta mentalidad ocurrió entre los años 1982 y 1985 en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, cuando comunidades enteras fueron exterminadas por las fuerzas del orden, con la complicidad del gobierno de Acción Popular. Años después, las esterilizaciones masivas promovidas por el régimen de Fujimori tendrían la misma terrible carga étnica.

En los últimos años no se han producido hechos de violencia hacia la población indígena que tengan la misma magnitud, aunque tampoco se ha hecho mucho para sancionar a los responsables directos y políticos de dichos crímenes. Sin embargo, quienes ejercen el poder siguen considerando a los indígenas y, en general a todos los "provincianos" como seres ingenuos, manipulables o violentos. Frente a sus demandas, las respuestas más comunes son el desdén o la represión.

Una expresión de ello ocurrió el jueves pasado, cuando los dirigentes awajún (aguarunas) y wampís (huambisas) realizaban un mitin en la plaza principal de Bagua, y los policías de la DINOES (Dirección de Operaciones Especiales) llegados de Lima pretendieron disolver la manifestación con bombas lacrimógenas. Centenares de niños, ancianos y mujeres que no tenían ninguna relación con la protesta resultaron afectados y se produjo una reacción tan indignada de los habitantes de Bagua (no los indígenas), que terminaron obligando a la DINOES a retirarse.

Al día siguiente, cuando el Congreso de la República debatía la derogatoria de los Decretos, se hacía visible que ningún congresista proviene de las comunidades nativas amazónicas, a pesar que éstas abarcan el 1% de la población. En Colombia, para enfrentar similar ausencia de representación, se dispuso reservar en el Senado dos escaños para senadores indígenas. Seguramente, muchas crisis de gobernabilidad podrían evitarse si tuviéramos una medida similar…, pero todavía nos faltan algunos años para que los más poderosos acepten compartir el poder con quienes consideran simples "chunchos igualados".

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Además,

-El lunes 19, el Gobierno Regional de Apurímac publicó la primera Ordenanza Regional contra la Discriminación, que recomendamos revisar a todos los lectores y difundirla. No sólo contempla una lista exhaustiva de las conductas que constituyen discriminación, sino que por primera vez aborda problemáticas como la obligación a los escolares a asistir a ceremonias religiosas y la discriminación por el estado civil de los padres (puede verse la Ordenanza en el blog reflexiones peruanas.blogspot.com).

-El Juzgado Penal de Urubamba ha formulado denuncia por discriminación racial en aplicación de la Ley 28867, contra Peru Rail por el maltrato a un visitante ecuatoriano y su esposa portorriqueña. Podemos hacer llegar copia de la denuncia que ambos presentaron a quienes lo soliciten.

-Agradecemos a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis por haber anulado el proceso de selección de personal que contenía una serie de requisitos discriminatorios, como edad y "buena presencia".

Agradecemos también al Grupo Santo Domingo, a Colliers International y a la Sala de Juegos Arcadia por su compromiso de retirar dichos requisitos de sus ofertas de empleo, así como la solicitud de fotografía reciente. Las dos primeras entidades, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y la cadena de tiendas Él han accedido a nuestro pedido de publicar nuevos avisos sin esos requisitos. El aviso de Colliers precisa además que esta empresa no practica ninguna forma de discriminación, un elemento que debería estar presente en las ofertas de empleo en el Perú.

-Hablando de discriminación, Indecopi sancionó con más de 70,000 soles de multa a Mama Batata, uno de los locales de Larcomar con más quejas por prácticas discriminatorias, algunas de ellas muy recientes.

-Esperemos que la dolorosa y prematura muerte del educador Constantino Carvallo genere en todas las personas que lo admiraban el reto de seguir su compromiso, promoviendo una sociedad más inclusiva, donde el bien venza sobre el mal.

El aporte:

La entrevista realizada por Mariela Balbi a Alberto Pizango, Presidente de Aidesep en el canal N fue una situación grotesca. Ella se comportó de manera intolerante, prepotente y altanera (la administradora de una institución ambientalista). No vimos la entrevista, pero numerosos lectores han señalado que Mariela Balbi tuvo una actitud racista en la mencionada entrevista. Una lástima que la intervención de un dirigente indígena haya sido recibida de esa manera.

La frase W:

En las zonas más pobres del Perú, la clave de la prosperidad de los hoteles lujosos es servir de sede para actividades contra la pobreza.