Reflexiones Peruanas Nº 187: ¡Qué fácil es matar campesinos en el Perú!

Los campesinos muertos la semana pasada por la policía no han sido las primeras víctimas mortales del segundo gobierno de Alan García. Desde julio del año 2006, más de diez personas han muerto en similares circunstancias.

Tampoco son los primeros del año 2008: el 10 de enero, el niño John Acosta falleció en Pucallpa por el impacto de una bomba lacrimógena (RP 181). Antes de John, otro niño también murió debido al accionar policial: el 22 de abril del año pasado, Imel Huayta, de ocho años, viajaba con sus padres en un camión hacia Ilave cuando varias balas impactaron en el parabrisas. Era la manera como la policía de la zona realizaba un operativo contra el contrabando. El hermanito de Imel, de cuatro años, también quedó gravemente herido.

Las víctimas de la semana pasada, tampoco son los primeros campesinos muertos por la policía durante este régimen: diez días antes de la muerte de Imel, Marvin Gonzales, un joven agricultor de Chimbote, fue abatido por la espalda. Se tiene también el caso de Julián Altamirano (Andahuaylas, 15 de julio del 2007) y, según muchos cajamarquinos, de Isidro Llanos (2 de agosto del 2006), producido cuando Alan García tenía apenas seis días de regreso en el poder.

Como en los tiempos de la violencia política, también desde el llamado retorno a la democracia en el año 2001, las principales víctimas de la represión policial han sido campesinos. Este fue el caso de doce de los quince muertos ocurridos durante el gobierno de Toledo, desde Reemberto Herrera y Melanio García, enfrentados a la empresa Majaz, hasta Guillermo Tolentino, que protestaba contra los abusos de Barrick en Huaraz y Efraín Arzapalo, quien reclamaba contra la contaminación del Lago Chinchaycocha en Junín. Como en aquellos días, sus muertes generaron mas bien indiferencia en la opinión pública limeña, más preocupada por noticias secundarias como los embustes del Presidente o los exabruptos de su esposa.

Sin embargo, las muertes de la semana pasada poseen varios elementos muy preocupantes que las distinguen de los anteriores asesinatos de civiles por parte de las fuerzas del orden.

En primer lugar resulta gravísimo el empleo de armas de fuego contra la población. Es verdad que anteriormente el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas hacia el cuerpo de las personas tenía consecuencias mortales, como ocurrió en los casos de los estudiantes Fernando Pinto o Edgar Talavera (Arequipa, junio de 2002) o el anciano agricultor Marcelino Sulca (San Clemente, febrero del 2002). Sin embargo, el hecho que tanto Emiliano García y Rubén Pariona en Ayacucho como Julio Rojas en Barranca hayan fallecido por disparos de bala en la cabeza es más que una coincidencia. Creemos que puede hablarse de un cambio en las directivas de la Policía Nacional.

Otro elemento sumamente peligroso es el respaldo político que estos crímenes han recibido. Mientras Toledo negaba los hechos, sosteniendo que su gobierno no había derramado la sangre de nadie, Alan García ha elogiado el brutal “desempeño” policial, señalando que es una advertencia para la población. A nivel internacional se sabe que cuando las autoridades elogian prácticas represivas, éstas tienden a repetirse, porque los policías se sienten reforzados.

Precisamente, pocas horas después de las declaraciones de García, el estudiante ayacuchano Edgar Huayta, que participaba en los funerales de los dos campesinos asesinados, recibía una bomba lacrimógena en la cabeza por parte de la policía y ahora se debate entre la vida y la muerte. Esa noche, también un burrier mexicano fue asesinado en la DIRANDRO y luego se dijo que se había suicidado (con las manos esposadas, aparentemente).

Los sectores empresariales, que tanto respaldan a García, están dispuestos a creer las “teorías de la conspiración” más hilarantes, antes de aceptar que las protestas se deben a la exclusión que sufren millones de peruanos. Como ocurrió con Sergio Alanoca y Herminia Herrera, los dos maestros del SUTEP fallecidos en julio, algunos titulares distorsionan los hechos, señalando que “las protestas causaron cuatro muertos”. Pretenden presionar al Ministerio Público para que actúe solamente frente a los manifestantes, desconociendo toda responsabilidad penal de los policías que asesinaron a los campesinos.

Es difícil comprender que un Presidente pueda estar satisfecho por la muerte de sus compatriotas, más aún cuándo la mayoría de casos (incluyendo el de Santiago Lloqlle, aparentemente de manera accidental) ocurrieron en el sur del país, donde el índice de aprobación del gobierno es mínimo, la pobreza se viene incrementando según las propias cifras oficiales y la existencia de los mayores atractivos turísticos parece no generar ningún beneficio (RP 74).

Los voceros del régimen insisten en que las protestas sociales dañan la imagen del país, tomando en cuenta las futuras cumbres presidenciales. Habría que preguntarse si no la daña más un régimen que mata impunemente campesinos, que ignora las necesidades de los pobres y que considera la realización de las cumbres alternativas nada menos que un acto “contra el Perú”.

Si no cesan las muertes de campesinos, el Año de las Cumbres Presidenciales puede terminar convirtiéndose en el Año de la Barbarie.



Además...

-A quienes viven en Lima, se les invita este martes a las 12:00, para una acción pacífica de protesta contra los asesinatos de Rubén Pariona, Emiliano García y Julio Rojas, frente al Ministerio del Interior. Más información con Paul Maquet a paul@psf.org.pe, Rocío Paz, rocio@aprodeh.org.pe, o Raquel Palomino raquel@aprodeh.org.pe. Quienes viven en otros lugares pueden, también promover formas de expresar su rechazo a la violencia.

-Hablando de tensiones sociales, el Ministerio de Educación terminó retrocediendo en el requisito del tercio superior exigido a los futuros profesores, que generó un conflicto tan inútil como desgastante (RP 186).

-Hablando de instituciones públicas, Televisión Nacional del Perú viene solicitando locutores de “buena presencia” en abierta violación a la legislación vigente. Pensar que en el año 2005, esta entidad recibió el Premio de la Mesa contra el Racismo por su aporte a la lucha contra la discriminación (RP 32).

-Los preparativos para las cumbres presidenciales han obligado a trasladar a la Orquesta Sinfónica Nacional del Museo de la Nación al auditorio del Centrum de la Universidad Católica, paradójicamente un lugar mucho menos céntrico para la mayoría de ciudadanos. Entretanto, se teme por la muestra Yuyanapaq que se encuentra también en el Museo y seguramente incomoda al Presidente García y al VicePresidente Giampietri.

-En medio de la convulsión social de la semana pasada, pasó casi desapercibida la muerte de José Adoph. Aunque personalmente puedo dar fe que no era el mejor profesor de alemán, fue una voz importante e irreverente dentro de la literatura peruana.

-Como antes sucedió en Miraflores, Barranco y Lince, miles de vecinos de la Residencial San Felipe quienes se están enfrentando a la pretensión de la Municipalidad de Jesús María de entregar parte de las áreas públicas, en este caso para la construcción de un supermercado Plaza Vea. Resulta sorprendente cómo los intereses económicos llevan a las municipalidades a generar conflictos innecesarios.

-Muchos peruanos de toda condición social tienen la peligrosa costumbre de llevar a sus hijos sentados sobre ellos en el asiento delantero de un automóvil, lo cual implica que el niño no esté protegido por el cinturón de seguridad. Por ahora, la Defensoría del Pueblo ha planteado que esta práctica sea prohibida en los ómnibus interprovinciales.

-Hablando de transporte, el temor a las multas ha logrado que las combis de la avenida Javier Prado respeten los paraderos... aunque muchos pasajeros todavía quieren detenerlas en cualquier esquina. ¿Podrá lograrse lo mismo en toda Lima? ¿Podrá lograrse en otras ciudades?

Reflexiones Peruanas Nº 186: Un camino irracional y discriminatorio

Hace varios años, visitaba el Instituto Pedagógico de Pucallpa, cuando a mi lado pasó un obrero empujando una carretilla con cemento.

-Un alumno empujando su tesis –precisó resignada la profesora que me acompañaba.

Los egresados tenían la posibilidad de titularse si realizaban alguna contribución tangible para la infraestructura del instituto, como levantar parte del cerco perimétrico. Algunos realizaban una “tesis conjunta”: entre varios construían un aula y, quienes tenían recursos, simplemente pagaban a un albañil para que edificara su parte.

Con estos antecedentes es comprensible que el Ministerio de Educación busque mejorar el nivel de los profesores estatales, mediante medidas como contratar a quienes estaban dentro del tercio superior de su promoción. Muchos postulantes, respaldados por la mayoría de Presidentes Regionales han rechazado lo que consideran una flagrante discriminación. Conviene, sin embargo, aclarar que no todo trato diferenciado o preferencial es discriminatorio.

No es discriminatorio, por ejemplo, disponer becas o cobros reducidos para estudiantes con menos ingresos. Tampoco lo es atender de manera preferente a una persona anciana o con alguna discapacidad. En las agencias del Banco de Crédito, por ejemplo, existe una silla amarilla reservada para que estas personas se sienten y sean vistas más fácilmente por los cajeros. En estos casos, se trata simplemente de compensar una desventaja.

En lo referente al empleo, no son discriminatorios los requisitos vinculados concretamente a la actividad a desempeñar, como licencia de conducir o experiencia previa. En los últimos años, afortunadamente, vienen desapareciendo expresiones como “buena presencia” de las ofertas de empleo, aunque se subsisten otras como la edad o la universidad de origen.

En principio, por lo tanto, no sería discriminatorio que el Ministerio de Educación solicite a los profesores pertenecer al tercio superior, porque exigir una determinada capacidad intelectual es un requisito objetivo y la referencia al tercio debería ser una de las formas en que se puede comprobar.

Sin embargo, al formular este requisito, el Ministerio demuestra mas bien su grave desconocimiento de la realidad, porque en muchos institutos pedagógicos de escasa calidad, es posible que en ese tercio superior estén personas muy poco preparadas o quizás quienes obtuvieron su título haciendo de albañiles. No es la primera vez que en el sector Educación se promulgan normas que ignoran las diferencias culturales o geográficas: el año pasado, el examen único de admisión para los institutos pedagógicos afectó seriamente las instituciones que promueven la educación bilingüe.

Lamentablemente, lejos de aceptar algún mecanismo más objetivo de evaluación que el tercio superior, el Ministerio de Educación se enfrascó en un conflicto totalmente innecesario y desgastante con las autoridades regionales. De manera similar el gobierno ha defendido sus proyectos de privatizar las tierras amazónicas y otorgar en concesión los monumentos históricos, que tampoco fueron consultados previamente con los gobiernos regionales o, menos aún, con la población que se siente afectada.

Las reacciones de ministros, congresistas oficialistas y del propio Presidente García han ido desde amenazar con prisión a quienes “se rebelen”, hasta tildar de “perros del hortelano”, individuos “encabritados”, “manipulados” o “comunistas que creíamos enterrados” a quienes están convencidos que sólo defienden sus derechos.

Esta arrogancia termina generando mayor irritación porque refleja el estilo tradicional de gobernar el Perú: asumiendo que los funcionarios de Lima tienen toda la razón, simplemente porque están en Lima. Pareciera que en el resto del país no vivieran ciudadanos con derechos y opiniones, sino solamente seres que deben acatar pasivamente... como las llamas y vicuñas a que aludía el actual Ministro de Defensa, Antero Flores Araoz.

Resulta reveladora la frecuencia con que políticos y periodistas limeños califican a sus compatriotas como “irracionales”. Entretanto, nadie piensa en llamar irracionales a quienes generaron estos conflictos, sea los funcionarios del Ministerio de Educación o el congresista Carlos Bruce, quien promovió la ley sobre la concesión de monumentos históricos. En este caso, podría pensarse que Bruce tenía inclusive intereses personales, porque él ya viene obteniendo ingresos por el uso comercial de uno de estos monumentos (su restaurante Chala en Barranco). Sin embargo, determinados adjetivos sólo se dirigen con facilidad a quienes habitan en determinados lugares del país.

Algunos amigos arequipeños me confiesan que participaron durante las protestas del año 2002, aunque ellos sí respaldaban la venta de las empresas eléctricas. Fueron los insultos y la prepotencia de los ministros Rospigliosi y Olivera los que generaron tanto rechazo de la población. Existe entonces un problema de respeto a los ciudadanos que no ha sido adecuadamente valorado.

Cada vez más, los peruanos del interior del país demuestran que no quieren ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. El gobierno tiene varias posibilidades de demostrar que los escucha y recuperar la confianza perdida. Proseguir un estilo arrogante y desdeñoso sería, eso sí, un camino irracional de consecuencias lamentables.

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Además...

-Hablando de discriminación, la empresa Cassinelli ha desafiado al Ministerio de Trabajo al solicitar auditores de “muy buena presencia” y “entre 25 y 35 años”.

-Se realizó en Miami la primera audiencia sobre el caso de Telmo Hurtado, ejecutor de la masacre de Accomarca, quien pronto podría ser extraditado al Perú.

- El 15 de febrero se cumplieron seis meses de la destrucción de Ica, Pisco, Chincha y otras ciudades. Miles de personas se encuentran en total abandono y se preguntan qué ocurrió con las generosas donaciones de sus compatriotas y gobiernos extranjeros.

-La Municipalidad de Lima continúa eliminado árboles en Barranco y Chorrillos para la nueva línea de transporte urbano. Sin embargo, sus funcionarios han asegurado a una lectora preocupada por la RP 185 que no talarán los árboles de la avenida Arequipa y la reservará mas bien para vehículos particulares. En los carteles que anuncian la obra, los árboles han desaparecido y sólo quedan algunos arbustos.

-La Carretera Central podría dejar de ser pronto la única conexión entre Lima y la Sierra, pues se proyecta abrir una vía complementaria entre Cañete, Yauyos y Huancayo.

-Según la Policía Nacional, Cusco fue la región con mayores muertes en accidentes de carreteras en el año 2007 (RP 176 Trágicos viajes de promoción), así como sigue teniendo el primer lugar en mortalidad materna.

-Las últimas encuestas del INEI señalan que en promedio los limeños ganan 400 soles más que las limeñas. En otros lugares del país, probablemente la diferencia será aún más elevada.

Reflexiones Peruanas Nº 185 LA CAPITAL A LA DERIVA

Ha pasado casi desapercibida la noticia que, con motivo de las cumbres presidenciales a realizarse el presente año, serán eliminados alrededor de seis mil árboles que adornan la avenida Arequipa.

Este masivo arboricidio, justificado para ensanchar los carriles de la avenida, es otra muestra del errático manejo de la Municipalidad, tanto porque el Alcalde Castañeda tiene mucho más dinero del que sabe invertir, como porque la reacción predominante de los contribuyentes limeños ante los sucesivos desatinos es simple resignación.

Un ejemplo de cómo el despilfarro e improvisación municipales se unen a la pasividad vecinal ha ocurrido en el Parque de la Reserva. Durante más de ochenta años, desde su construcción en tiempos de Leguía, este parque y los aledaños eran uno de los principales espacios verdes de la ciudad. Ahora los jardines y bancas se encuentran vedados a los vecinos, salvo para quienes, cuatro noches a la semana, paguen para ver las fuentes que la Municipalidad ha construido a un costo de diez millones de dólares, como si en Lima no existieran muchas necesidades más urgentes.

Sería mezquino ignorar los logros del primer periodo de Castañeda, desde el Parque de la Muralla hasta los Hospitales de la Solidaridad. Sin embargo, en la segunda gestión la opción son las obras faraónicas e innecesarias. Mientras, hace unos años, los pasos a desnivel se construían sin alterar el paisaje urbano, como ocurrió con los que existen bajo la Plaza Dos de Mayo o el Ovalo Higuereta, ahora, en las avenidas Habich o Venezuela, aparecen construcciones gigantescas y costosas, cuya edificación toma varios años deteriorando sustantantivamente la vida de vecinos y transeúntes.

La muestra más gráfica de dilapidación de recursos se encuentra en las primeras cuadras del Paseo de la República, entre el Palacio de Justicia y el Hotel Sheraton. Cualquiera que viera el gigantesco foso pensaría que es una mina a tajo abierto o que al fin Lima va a contar con un metro. Sin embargo, todas esas toneladas de tierra han sido retiradas simplemente para edificar (en dos o tres años) un paradero de ómnibus, pomposamente denominado Estación Central.

Habría que recordar a la Municipalidad que, durante muchos años, los ómnibus de Enatru Perú que recorrían la Vía Expresa contaban con paraderos en diversos lugares del centro de Lima, sin que fuera necesaria ninguna absurda y costosa excavación.

Naturalmente, sería injusto, achacar la mentalidad faraónica solamente a Castañeda: varias obras similares fueron construidas hace algunos años en el Callao y también el actual Alcalde de San Isidro, Antonio Meier, pretende resolver las congestiones de tránsito construyendo nada menos que un túnel subterráneo bajo la Javier Prado, es decir, una especie de “metro” para vehículos particulares.

Alcaldes y funcionarios municipales deberían saber que las ciudades europeas existen muchos más vehículos que en Lima, pero si carecen de congestiones de transporte no es porque existan obras gigantescas para los automovilistas, sino porque éstos prefieren emplear el transporte público para dirigirse a sus centros de estudio o de trabajo. Un eficiente sistema de transporte masivo es la mejor forma de evitar las congestiones de tránsito y reducir la contaminación ambiental.

La semana pasada se produjo un ejemplo más de improvisación al suspenderse el proceso de las revisiones técnicas vehiculares, una función que la Municipalidad de Lima había asumido aunque correspondía al Ministerio de Transportes. El proceso estuvo empantanado por años debido a los conflictos entre las empresas concesionarias. Finalmente, con miles de vehículos revisados y habiéndose detectado serias irregularidades en muchas combis, el Alcalde ha decidido interrumpir abruptamente el proceso y muchos conductores se preguntan para qué tanto esfuerzo y dinero. En realidad, en esta segunda gestión de Castañeda, los ciudadanos parecen pasar a segundo plano.

En años recientes, los vecinos lograron detener a otros alcaldes obsesionados con el despilfarro y el cemento: en el año 2002, el alcalde interino de Miraflores, Germán Kruger debió desistir de su proyecto de edificar un centro comercial bajo el Parque Kennedy debido a las protestas de los vecinos. En Lince, gracias a la constancia de otro grupo de valerosos vecinos se logró salvar el Parque Castilla de un intento similar.

Si la población no reacciona a tiempo, la destrucción puede ser irreversible: hace unos años, con motivo de una reunión del BID que ya nadie recuerda, el entonces alcalde de San Isidro Jorge Salmón ordenó arrancar decenas de árboles de la avenida Pershing e instalar una horrenda escultura.

La tala de los árboles de la avenida Arequipa tendría entonces también un lamentable precedente. Podrán salvarse si los vecinos hacen llegar su voz a la Municipalidad de Lima y la conminan a que privilegie sus necesidades antes que los intereses de compañías constructoras. Ojalá eso suceda, porque todavía nos quedan varios años más con Castañeda en la Municipalidad.
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Además...

-Hablando de parques prohibidos para los vecinos, la Municipalidad de Jesús María ha anunciado que después de treinta años por fin se podrá ingresar al Parque de los Próceres. Al lado se ha instalado el parque temático Minimundo, que muestra Lima y otras ciudades en miniatura.

-Hablando de exposiciones, durante todo febrero se puede apreciar una hermosa selección de las esculturas y pinturas de Víctor Delfin en la sala de exposiciones y los jardines de la Municipalidad de Miraflores. Incluye alusiones a Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y APRODEH.

-Siguiendo los reclamos de los vecinos, la Municipalidad de Barranco decidió clausurar un pretendido museo de arte contemporáneo edificado en lo que fue el Centro Cultural Beltroy. Aún no se sabe por qué algunos artistas participaron en la destrucción de un espacio que tanto querían los barranquinos.

-Mientras miles de cusqueños pararon en protesta por las Leyes 29164 y 29167 que privatizaría el patrimonio arqueológico, en la selva se avizoran similares protestas contra los intentos del gobierno de privatizar las tierras amazónicas.

-El Tribunal Constitucional admitió la demanda de una paciente con esquizofrenia y ordenó al Estado peruano brindarle tratamiento médico de por vida debido a su situación de extrema pobreza. Esta sentencia, que puedo hacer llegar a quien la requiera, continúa la línea jurisprudencial del caso Azanca Meza (RP 101) y puede permitir a muchos pacientes aquejados de diversas enfermedades acudir al Ministerio de Salud.

-Otro ómnibus de la empresa Cromotex se vio envuelto en un trágico accidente de carreteras en Arequipa, lo cual debería ameritar que esta empresa deje por fin de circular.

-El Perú ratificó la semana pasada la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, pero las normas de adecuación arquitectónica no se cumplen en los edificios públicos de la mayoría de ciudades peruanas.

Reflexiones Peruanas Nº 184: "Porque eres débil, te aplasto"

En Europa y los Estados Unidos, existe el extendido estereotipo que los inmigrantes o los negros, respectivamente, son peligrosos o amenazantes. En el Perú, también están presentes esos prejuicios, especialmente hacia los varones, pero lo más frecuente es que el racismo se manifieste de manera opuesta: cuando los rasgos físicos de alguien permiten suponer que se trata de una persona más débil o frágil, otras personas creen que pueden maltratarla.

De esta manera, el cajero de un banco, el mozo de un restaurante o la recepcionista de una clínica pueden ser muy respetuosos con una persona blanca y tratar con desdén a un cliente de rasgos andinos o negros. Curiosamente, para muchos vigilantes, policías o integrantes del Serenazgo, estas actitudes implican maltratar a quienes tienen rasgos semejantes a ellos mismos.

Sin embargo, el maltrato al débil es más complejo que el mero racismo, pues se vincula a muchos otros factores: el lugar de origen o residencia, el nivel de educación o hasta el apellido. Un recién llegado asumirá que todos los cusqueños o ayacuchanos son iguales, ignorando el marcado desdén de los habitantes de la capital del departamento hacia los campesinos. Aún entre éstos, quienes viven en los valles menosprecian a los habitantes de las zonas altas, más pobres y de rasgos más indígenas. Muchos migrantes, despreciados por los limeños, a su vez explotan sin mayor remordimiento a niñas y adolescentes recién llegadas de la sierra.

En efecto, la discriminación termina convirtiéndose en una cadena: una secretaria puede aguantar el trato autoritario de sus jefes y al mismo tiempo humillar a un mensajero o a la señora que limpia la oficina. Muchos peruanos, en lugar de enfrentar los maltratos que sufren, prefieren buscar a otra persona en situación de mayor debilidad para someterla a un trato similar.

Todo este fenómeno demuestra en el fondo un fenómeno predominante de inseguridad: la única forma en la que uno puede sentirse conforme consigo mismo es asegurando su superioridad sobre otra persona. El psicólogo Jorge Bruce sostiene que en el Perú existe un extendido “narcisismo de las pequeñas diferencias”, por el cual se enfatizan detalles secundarios, para ostentar la diferencia frente a los demás.

En empresas privadas, instituciones públicas e inclusive en algunas ONG, este problema no sólo aparece en el trato al público, sino que hace innecesariamente difíciles las relaciones internas. “Cuando lo ascendieron, cambió completamente y comenzó a chotear a sus antiguos colegas”, me comentaba la asesora legal de un Ministerio. En honor a la verdad, debo decir que, en espacios laborales, no siempre el discriminado es de rasgos andinos: varios amigos extranjeros que trabajaron en el Perú me han comentado que, al no conducirse con la prepotencia atribuida a los blancos, eran considerados más débiles por sus compañeros de trabajo y sometidos a diversos maltratos. En todo caso, la legislación laboral peruana todavía no contempla el acoso moral (una práctica denominada en los Estados Unidos bullying, es decir matonería) que puede producirse en muchos centros de trabajo hacia los más débiles.

En realidad, la propensión a abusar de los débiles ha sido inclusive empleada para cometer delitos imposibles de consumar en otro contexto cultural: quienes practican el cuento de la lotería logran convencer a una persona para que participe en el engaño a un campesino ingenuo y analfabeto, que aparentemente tiene un billete de lotería premiado, pero no lo sabe. A cambio del billete, el incauto entrega con entusiasmo dinero, joyas u otros objetos de valor a su supuesta víctima... y después, difícilmente puede plantear una denuncia, porque él mismo tuvo la intención de cometer una estafa. Existen otras modalidades como el tumi de oro o el paquete de dólares.

En una sociedad donde se tiene esta percepción de la debilidad ajena se hace muy difícil establecer relaciones horizontales. Inclusive, en la vida cotidiana, muchos peruanos consideran que existen personas a quienes se puede tutear, pero que a uno lo deben tratar de usted. El problema se agrava, naturalmente, cuando dos personas se consideran facultadas para maltratar al otro. Por ejemplo, muchas trabajadoras del hogar se quejan que los empleados de Wong o Vivanda las tratan con desdén... pero algunos de ellos tienen una queja similar: “Se creen superiores a nosotros”.

Un funcionario de una dependencia tributaria recuerda: “Hace poco tuve que explicarle a un señor de la sierra, muy pobre, que su reclamo no tenía fundamento. Sin embargo, me agradeció tanto haberlo por escuchado y tratado bien, que yo me sentí incómodo, porque era sorprendente una conducta que debería ser normal”.

Romper la cadena de la discriminación, dejando de percibir la mayor debilidad de nuestros compatriotas como justificación para maltratarlos sería uno de los pasos fundamentales para hacer del Perú una sociedad más justa y humana... o, simplemente, una sociedad.




Además...

-Sobre los temas mencionados en la presente RP, hemos culminado el Manual para Enfrentar la Discriminación en la Administración Pública, que esperamos sea aprovechado por los funcionarios y servidores estatales. Agradecemos al Alcalde de Huamanga, el representante de la Defensoría del Pueblo y el Fiscal Decano de Ayacucho por su participación en la presentación del Manual.

-Hablando de la administración pública, felicitamos al Gobierno Regional del Cusco por la emisión de la Ordenanza 16-2007CR/GRC sobre Trabajadoras del Hogar Adolescentes, cuyo texto puedo hacer llegar a quien lo solicite. Incluye sanciones pecuniarias a los empleadores que cometan abusos.

-Miles de pescadores de Zorritos, Cascas y Cabo Blanco se encuentran seriamente afectados por el reciente derrame de petróleo. Como suele ocurrir en el Perú, ninguno de los responsables indemniza a las víctimas de este nuevo desastre ambiental.

-Hace unos meses, el gobierno se encogió de hombros cuando la empresa Soyuz elevó sus pasajes aprovechando la desesperación de las víctimas del terremoto, diciendo que se trataba de la economía de mercado. Ahora reacciona indignado porque algunos hoteles elevan diversas tarifas para las delegaciones extranjeras.

-La demanda presentada en La Haya por el diferendo relativo al mar será masivamente difundida en cuadernos y textos escolares. A nuestro modesto entender, difundir las reglas de tránsito, los derechos del niño, las normas contra la violencia familiar o la protección del medio ambiente sería mucho más importante.

-Los Colegios de Ingenieros y Arquitectos presentarán una demanda de inconstitucionalidad de la polémica Ley 29090 que flexibiliza los trámites para licencias de construcción de viviendas.