Pedimos que se suspenda el sorteo para el Servicio Militar Obligatorio

Los abajo firmantes rechazamos el sorteo para el servicio militar obligatorio, programado para este miércoles 19 de junio, por considerarlo profundamente injusto y discriminatorio.  

Creemos que el servicio militar debe tener carácter voluntario y que obligar a los jóvenes a prestarlo es un atropello contra la libertad individual, la libertad de trabajo y los proyectos de vida que se trazan muchos jóvenes peruanos.  Creemos además que este proceso tiene un carácter marcadamente discriminatorio, puesto que se excluye del mismo a los universitarios y los jóvenes que puedan pagar 1,850 soles de multa, con lo cual, los más pobres, serán los obligados a realizarlo. 

En ese sentido respaldamos la decisión de la Defensoría del Pueblo de interponer una acción de amparo para pedir que se suspenda el sorteo y hacemos un llamado al Ministerio de Defensa y al Presidente de la República para detener un proceso que profundizará las diferencias sociales en nuestra sociedad y generará un serio descrédito para el actual gobierno.

Wilfredo Ardito Vega   DNI 06522399

Carlos Valdiviezo Alarcón DNI 06232611

Alejandra Alayza Moncloa 06673820

Aída Alonso DNI 09142714

Geraldo César Flores Suárez 42946261

Alfredo Rodríguez Vargas DNI 00370811

Alejandro Tintaya Félix DNI 06154455

Vladimir Alfredo Cerna Barreto D.N.I. N° 40668750

Patricia Urteaga Crovetto  DNI 07952139

Antonio Bueno Vásquez DNI 10809043

Alonso Quiroz Villafranca DNI 40088168

Alvaro Jesús Delgado Ayca DNI 40395214

Alvaro Puga Capelli DNI 007804728

André Castañeda Hidalgo D.N.I. 46705492.

Antonio Zavaleta Tacuri DNI 43529248

Edwin Carlos Bautista Garagundo DNI 40043423

Carlos M. Sotomayor Barrera. DNI 10002922

Angel Palacios Trujillo DNI 09210920

Cesar Leonidas Gamboa Balbin DNI 07526056

Carlos Bravo Catter DNI 45471221

Beatriz Angelica Huertas Castillo DNI 10867668

Percy Barranzuela Bombilla DNI: 42322016

Armando Alva Canales DNI 06676460

Carmen Julia García Torres DNI: 41067757

Ana Graciela Vera Vargas DNI 10343379

Katherine Cáceres Ale DNI 70880006

Caroll Victoria Ortiz Lavi DNI 07782875

Alessandro Caviglia Marconi. DNI: 07617425

Eduardo Miguel Huaytán Martínez DNI 41779995

Allan Joel Chávez Tapia. DNI. 41160427

Susana Bedoya Garland DNI 07842489

Cinthia Miranda Tovar DNI 41840584

Dante Ruiz Zelada DNI 09918123

Beatriz Canales Languasco DNI 10146984

Martín Humberto Portillo Contreras DNI 07754005

Roy Herd Núñez Joyo DNI 41372103

Enrique Castro Vargas DNI 07764841

Ethel Mijaila Torres Ortiz DNI 42148771

Carmela Chavez Irigoyen DNI 10696871

Diego Armando Santillán Jaramillo DNI 41729772

Fernando Morote Arista  DNI 06840654.

José Manuel Barboza Chávez  DNI 06708915

Dora Marlene Barboza Mejía  DNI  06767068

Esteban Poole Fuller                      DNI 45478649

Rosa Maria Villaràn de la Puente DNI 07033947

Julissa Mantilla Falcón DNI 07969030 

Carlos Arroyo Vivanco DNI 41063946

José Antonio Cruz  DNI 23993269

Luis Fernán Cisneros Coloma  DNI 07825819

Norma Rodríguez Terry, DNI 09335924

Flor de Maria Valdez, DNI 10177778.

Alain Elvis Alanoca Aragón DNI 25220925

Giovanna Aguilar Andia DNI 08667305

Gina Pancorbo Valdivia DNI 42143603

José Abelardo Güich Rodríguez DNI 07272400

Jorge Mendoza Argomedo, DNI 40954113

Edison Vásquez Fernández DNI 44876109

Gabriel de la Cruz Soler, DNI 42530412

Eduardo Guevara DNI 07871820

Gustavo Alcedo Silva DNI 41463164

Germán Álvarez Arbulú DNI 06638272

Patricia Stockton Ballardo DNI 40691362

Iván José Abrill Mendoza DNI 08036185

Claudia Cermeño Durand DNI 43977931

Miguel Lévano Muñoz DNI 08691911

Raquel Palomino DNI 09536909

José Enrique Orihuela Espinoza DNI 07631093

Ysabel Gutiérez Yagui DNI 09843047

Aníbal Mayurí Hermijo DNI 40859827

Ronald Cortez Palomino 46653308

Rina Vitorino Saire de Tolbert-Gordon DNI 10264506

Luis Alberto Donayre Valdés DNI 42030173                              

José Ragas DNI 10587115

Maria Elsa Bustamante Soto DNI 25724311

Massiel Silva Santisteban Amésquita. DNI 46674277

RP 462: El injusto sorteo del 19 de junio

El pasado martes fue presentado el  Informe Defensorial sobre discriminación en el Perú y, después de los comentarios del Ministro de Cultura, Luis Peirano y de mi persona, el Defensor Eduardo Vega tomó la palabra para denunciar, como un ejemplo de discriminación, el Decreto Supremo 003-DE-2013 publicado la víspera.   La norma reglamenta el sorteo para el servicio militar obligatorio y dispone que deberán prestarlo los jóvenes que tengan entre 18 y 25 años que no puedan pagar la multa de 1,850 soles.  En respuesta, el Ministro de Defensa Pedro Cateriano recurrió a la prepotencia y al ataque personal, acusando al Defensor de tener “objetivos políticos”.    

Gracias a la decisión del gobierno, este Día del Padre será una fecha de incertidumbre para muchas familias peruanas, pues tres días después, el 19 de junio, si sus hijos salen sorteados deberán enfrentar un destino incierto y peligroso.   No se trata de prejuicios o suposiciones: la Defensoría ha elaborado un informe sobre la situación del servicio militar, señalando que en los últimos años más de 26,000 reclutas han desertado hartos de las privaciones y maltratos.

-La solución no es obligar a los jóvenes a realizar el servicio militar, sino invertir en hacerlo más atractivo –ha indicado varias veces Eduardo Vega.

De hecho, los reclutas reciben una propina que está entre 265 y 365 soles mensuales, mucho menos de lo que ganarían trabajando en un grifo o en un  mercado.   Pareciera que para las Fuerzas Armadas, existen peruanos cuya libertad y cuyo tiempo valen muy poco: pueden ser obligados a trabajar, sin recibir siquiera el sueldo mínimo.   En algunos casos, además, este dinero no es entregado por varios meses o se retiene a los reclutas la tarjeta del Banco de la Nación impidiéndoseles que retiren dinero. 

Es más, los reclutas son obligados a adquirir provisiones y útiles de aseo en la tienda que existe en la base militar y en 17 de las 24 bases estudiadas por la Defensoría del Pueblo, la tienda pertenecía al comandante nada menos que al comandante de la base. 

Por otro lado, el Informe Defensorial que hace varias semanas fue remitido al Ministerio de Defensa, muestra los casos de varios jóvenes que habían sufrido fracturas en diversos accidentes, pero la reticencia de las autoridades militares a prestarles la atención adecuada había agravado su estado.  En un caso, ocurrido en Pisco, se le había obligado inclusive al recluta convaleciente a continuar realizando labores físicas.    En casos más graves, se ha denunciado que no se ha pagado la pensión de invalidez a quienes han quedado con discapacidad.   Las familias también han tenido que enfrentar la incertidumbre respecto a las razones por las que sus hijos fallecieron.   

El problema, nuevamente, es que en una sociedad tan racista y discriminadora, dentro de las propias Fuerzas Armadas se valora muy poco la vida y el bienestar de los soldados.   Recuerdo siempre el caso de los sargentos Luis Quispe y Joel Guzmán y los cabos Anthony Atoche, José Eduardo Cavero y Freddy Mamani, que hace unos años perecieron ahogados en el río Vilcanota en el Cusco, en una absurda prueba de supervivencia.   

En este contexto de incertidumbre, la semana pasada, Cibertec, ISIL, IPAE, la Clínica Ricardo Palma publicaron un aviso de una página reclamando porque también sus alumnos serán obligados a dejar las aulas por las armas si el 19 de junio salen sorteados.  Resulta totalmente indignante que queden truncadas las carreras que muchos jóvenes siguen carreras en dichas entidades.   Sin embargo, no creo que la solución frente al sorteo se limite a incluir a los alumnos de los institutos tecnológicos y pedagógicos en la lista de exceptuados, junto con los jóvenes con discapacidad, los que están presos, los que son padres de familia y, por esta vez, las mujeres. 

En realidad, ningún joven, universitario o no,  debe ser obligado a hacer el servicio militar contra su voluntad, pero es peor establecer que el pago de dinero es una forma de liberarse de esta obligación.   Como señalamos en la RP 451, muchas familias que votaron por Humala serán las que vean como se produce este abuso hacia sus hijos. 

La Defensoría ha señalado que antes de este jueves interpondrá acciones legales frente al sorteo del 19 de junio y confía en obtener una medida cautelar que logre detenerlo.   El Colegio de Abogados de Lima ha realizado un anuncio similar. 

Entretanto, los preparativos para el temido sorteo continúan: se ha anunciado que de los 12,500 sorteados, 5,500 provendrán de la zona sur del país, en su mayor parte de Arequipa y Puno.    En Loreto serán sorteados mil jóvenes.  Quienes no puedan pagar la multa,  deberán internarse en los cuarteles a partir del 15 de julio.  

Esperemos en que el Poder Judicial logre detener esta absurda medida y que mas bien se logren corregir todos los abusos que siguen ocurriendo en los cuarteles.