RP 462: El injusto sorteo del 19 de junio

El pasado martes fue presentado el  Informe Defensorial sobre discriminación en el Perú y, después de los comentarios del Ministro de Cultura, Luis Peirano y de mi persona, el Defensor Eduardo Vega tomó la palabra para denunciar, como un ejemplo de discriminación, el Decreto Supremo 003-DE-2013 publicado la víspera.   La norma reglamenta el sorteo para el servicio militar obligatorio y dispone que deberán prestarlo los jóvenes que tengan entre 18 y 25 años que no puedan pagar la multa de 1,850 soles.  En respuesta, el Ministro de Defensa Pedro Cateriano recurrió a la prepotencia y al ataque personal, acusando al Defensor de tener “objetivos políticos”.    

Gracias a la decisión del gobierno, este Día del Padre será una fecha de incertidumbre para muchas familias peruanas, pues tres días después, el 19 de junio, si sus hijos salen sorteados deberán enfrentar un destino incierto y peligroso.   No se trata de prejuicios o suposiciones: la Defensoría ha elaborado un informe sobre la situación del servicio militar, señalando que en los últimos años más de 26,000 reclutas han desertado hartos de las privaciones y maltratos.

-La solución no es obligar a los jóvenes a realizar el servicio militar, sino invertir en hacerlo más atractivo –ha indicado varias veces Eduardo Vega.

De hecho, los reclutas reciben una propina que está entre 265 y 365 soles mensuales, mucho menos de lo que ganarían trabajando en un grifo o en un  mercado.   Pareciera que para las Fuerzas Armadas, existen peruanos cuya libertad y cuyo tiempo valen muy poco: pueden ser obligados a trabajar, sin recibir siquiera el sueldo mínimo.   En algunos casos, además, este dinero no es entregado por varios meses o se retiene a los reclutas la tarjeta del Banco de la Nación impidiéndoseles que retiren dinero. 

Es más, los reclutas son obligados a adquirir provisiones y útiles de aseo en la tienda que existe en la base militar y en 17 de las 24 bases estudiadas por la Defensoría del Pueblo, la tienda pertenecía al comandante nada menos que al comandante de la base. 

Por otro lado, el Informe Defensorial que hace varias semanas fue remitido al Ministerio de Defensa, muestra los casos de varios jóvenes que habían sufrido fracturas en diversos accidentes, pero la reticencia de las autoridades militares a prestarles la atención adecuada había agravado su estado.  En un caso, ocurrido en Pisco, se le había obligado inclusive al recluta convaleciente a continuar realizando labores físicas.    En casos más graves, se ha denunciado que no se ha pagado la pensión de invalidez a quienes han quedado con discapacidad.   Las familias también han tenido que enfrentar la incertidumbre respecto a las razones por las que sus hijos fallecieron.   

El problema, nuevamente, es que en una sociedad tan racista y discriminadora, dentro de las propias Fuerzas Armadas se valora muy poco la vida y el bienestar de los soldados.   Recuerdo siempre el caso de los sargentos Luis Quispe y Joel Guzmán y los cabos Anthony Atoche, José Eduardo Cavero y Freddy Mamani, que hace unos años perecieron ahogados en el río Vilcanota en el Cusco, en una absurda prueba de supervivencia.   

En este contexto de incertidumbre, la semana pasada, Cibertec, ISIL, IPAE, la Clínica Ricardo Palma publicaron un aviso de una página reclamando porque también sus alumnos serán obligados a dejar las aulas por las armas si el 19 de junio salen sorteados.  Resulta totalmente indignante que queden truncadas las carreras que muchos jóvenes siguen carreras en dichas entidades.   Sin embargo, no creo que la solución frente al sorteo se limite a incluir a los alumnos de los institutos tecnológicos y pedagógicos en la lista de exceptuados, junto con los jóvenes con discapacidad, los que están presos, los que son padres de familia y, por esta vez, las mujeres. 

En realidad, ningún joven, universitario o no,  debe ser obligado a hacer el servicio militar contra su voluntad, pero es peor establecer que el pago de dinero es una forma de liberarse de esta obligación.   Como señalamos en la RP 451, muchas familias que votaron por Humala serán las que vean como se produce este abuso hacia sus hijos. 

La Defensoría ha señalado que antes de este jueves interpondrá acciones legales frente al sorteo del 19 de junio y confía en obtener una medida cautelar que logre detenerlo.   El Colegio de Abogados de Lima ha realizado un anuncio similar. 

Entretanto, los preparativos para el temido sorteo continúan: se ha anunciado que de los 12,500 sorteados, 5,500 provendrán de la zona sur del país, en su mayor parte de Arequipa y Puno.    En Loreto serán sorteados mil jóvenes.  Quienes no puedan pagar la multa,  deberán internarse en los cuarteles a partir del 15 de julio.  

Esperemos en que el Poder Judicial logre detener esta absurda medida y que mas bien se logren corregir todos los abusos que siguen ocurriendo en los cuarteles.