Reflexiones Peruanas Nº 235: ¿SERAN SANCIONADOS QUIENES TORTURARON PARA MAJAZ?

Conmoción e indignación han generado las fotos de los actos de tortura cometidos por los policías de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) contra 28 campesinos piuranos, entre ellos dos mujeres, y el periodista Julio Vásquez de Radio Cutivalú. Lo más terrible es que no fue ni el primero ni el último crimen en el que están involucrados sean la DINOES o la empresa minera Majaz, ahora llamada Rio Blanco Copper.

Las torturas se produjeron en agosto del 2005, a los pocos días que Alejandro Toledo, en su mensaje a la nación, sostuviera que su gobierno “no se había manchado las manos de sangre”. En las fotos, aparece todavía con vida Melanio García, el campesino asesinado por los policías, como otras catorce personas durante el régimen toledista.

El centro de torturas fue el campamento que Majaz ha establecido ilegalmente en dos comunidades campesinas piuranas. Desde hace seis años, esta empresa parece creer que la mejor forma de convencer sobre las ventajas de su labor a los comuneros y a otros habitantes de Piura y Cajamarca es amenazándolos, denunciándolos por terrorismo y haciéndolos detener y torturar. Como se verá después en la cronología adjunta, su trayectoria deja a empresas como Yanacocha o Doe Run como un modelo de respeto por la vida y la dignidad humana.

A quienes creen que los crímenes cometidos en Piura fueron un exceso aislado de la DINOES, debemos decirles que en marzo del año pasado, sesenta habitantes de Andoas (Loreto) denunciaron haber sufrido maltratos similares por parte de los efectivos de la DINOES, quienes en este caso usaron las instalaciones de la empresa Pluspetrol.

Tortura, golpizas, detenciones arbitrarias también fue el modus operandi de la DINOES en Puerto Maldonado en el mes de julio, después del incendio de la sede del Gobierno Regional. Las víctimas no eran los autores, sino los dirigentes indígenas o todo el que por sus rasgos físicos pareciera indígena. También el Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el empresario de origen andino Manuel Cayoquispe, fue sacado de un restaurante por los policías, quienes le patearon con sus botas repetidas veces en el rostro y el cuerpo y luego lo torturaron en la comisaría.

¿Por qué en diversos lugares del país la DINOES actúa con tanta brutalidad hacia ciudadanos indefensos? Para explicar esto habría que recordar que cuando se consolidan las fuerzas policiales, en las primeras décadas del siglo XX, no estaban pensadas para actuar al servicio de la ciudadanía, sino de los sectores dominantes, es decir para proteger a unos peruanos de otros. A la llamada “ciudadanía” pertenecían en aquellos días, muy pocos peruanos. La policía actuaba obedientemente para reprimir con toda violencia una movilización por la jornada laboral de ocho horas, o a unos campesinos descontentos con el despojo de sus tierras.

La migración, la expansión de la educación, la Reforma Agraria, modificaron la estructura de la sociedad peruana, pero, a pesar de ello, muchos uniformados todavía dividen a los ciudadanos entre aquellos a quienes se les teme y aquellos de los que se puede abusar. La peor prueba de ello ocurrió durante los años ochenta, cuando se perpetraron en Ayacucho crímenes cuyos autores jamás habrían podido cometer en Surco o Pueblo Libre. Un caso más conocido fue la detención de Abrham Nina, César Cavero, Jorge Chávez y Daniel Tavera, cerca de Larcomar y su posterior tortura practicados en la comisaría de Miraflores.

La propensión de la policía a servir a los poderosos y ensañarse con las personas más vulnerables es muy conveniente a algunos intereses económicos. Muchos habitantes de Huamachuco, Quiruvilca y Tayabamba, en la olvidada sierra de la Libertad, se encuentran inermes frente a los abigeos, mientras amplios contingentes policiales protegen a las empresas mineras que allí funcionan. El año pasado, eso sí, la policía se hizo presente para matar a los obreros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco que protestaban contra los abusos laborales de la empresa Marsa.

Naturalmente, la policía no está la única institución estatal que actúa como incondicional defensora de los intereses de algunas empresas privadas por encima de los derechos de los ciudadanos: una conveniente ley exonera a los agroexportadores de pagar CTS o gratificaciones a sus trabajadores. Las víctimas del derrame de mercurio de Choropampa siguen olvidadas por las autoridades. En Ayacucho, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado el estado de emergencia, restringiendo numerosos derechos fundamentales de los campesinos para neutralizar su oposición a la empresa Perú LNG.

En otro país, los seis años de abusos cometidos y fomentados por la empresa Majaz habrían generado que sus actividades fueran suspendidas definitivamente. En el Perú, ha gozado de la protección de dos gobiernos democráticamente elegidos. Como lo grafican las fotografías, detrás de muchas violaciones a los derechos humanos cometidas en tiempos de García y de Toledo subyacen claros intereses económicos.

CRONOLOGÍA DEL CASO MAJAZ

Entre 2002 y 2003 La empresa Majaz, de capital británico, se instala en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas y Yanta sin tener la autorización de las respectivas asambleas comunales. Comienzan las actividades de exploración y las protestas de los campesinos. El Ministerio de Energía y Minas ignora estas últimas.

2004. Abril. Se realiza una gran marcha campesina hacia el campamento de Majaz. La policía responde violentamente, ocasionando la muerte al rondero Reemberto Herrera. Algunas versiones sostienen que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y otras que un policía le disparó directamente. La muerte de Herrera pasa desapercibida para la opinión pública, en parte porque coincide con el asesinato del Alcalde de Ilave.

La empresa denuncia por terrorismo a los dirigentes campesinos, los sacerdotes y autoridades de la zona. La denuncia sería archivada posteriormente.

2004. Mayo. Los Obispos de Piura, Chulucanas y Jaén piden que no se realicen actividades mineras en sus diócesis por los graves daños ambientales y sociales que generan.

2004. Noviembre. En Huancabamba, una turba ligada a la empresa destruye la emisora ambientalista La Poderosa, dirigida por el periodista Federico Ibáñez.

2004. Diciembre. Una turba golpea y somete a diversas vejaciones a Ibáñez y a la dirigenta campesina Josefa Adrianzén. Posteriormente, la policía los detiene durante dos meses. Impresionante silencio de los organismos ligados a la defensa de la libertad de prensa.

2004 a 2007. Permanentes campañas de difamación desde el diario Correo de Piura contra quienes se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de Chulucanas, Daniel Turley y el jesuita Francisco Muguiro. El programa Panorama, de Panamericana Televisión vincula a todos los opositores con un supuesto grupo terrorista.

2005. Agosto. Marcha campesina hacia el campamento de Majaz. Es enviada la DINOES que detiene a muchos campesinos. Veintiocho de ellos, entre ellos dos mujeres, son torturados durante varios días en el campamento. También es torturado el periodista Julio Vásquez. Muere Melanio García por acción de los efectivos de la DINOES. En las torturas participa también personal de Forza, la empresa de seguridad de Majaz.

2006. Marzo. Un foro sobre el agua y la minería es violentamente interrumpido a pedradas por una turba transportada por representantes de Majaz, quienes inclusive adquirieron los huevos que también fueron arrojados. Los matones golpean a expositores y asistentes. Uno de ellos, el campesino Vicente Alcorta, es encontrado amarrado y en estado inconsciente por la paliza recibida. Al parecer, los criminales lo habían confundido con el alcalde de San Ignacio.

2006. Richard Ralph, embajador inglés, deja su cargo, pero a los pocos meses regresa al Perú como Presidente Ejecutivo de la empresa Majaz en una evidente manipulación de sus anteriores influencias. Ralph insiste en que está en una nueva etapa y se suspenden los pagos a los periodistas que difamaban a dirigentes, pero la empresa rehúsa retirarse de las comunidades usurpadas. Tiempo después, Ralph es condenado en el Reino Unido por un caso de corrupción ligado a la empresa.

Entretanto, pese a los múltiples testimonios, el Fiscal a cargo de investigar las torturas archiva el proceso. Al poco tiempo, es detenido por un caso de corrupción y continúa en la cárcel.

2007: El consorcio chino Zijin adquiere las acciones de Monterrico Metals y el proyecto cambia su denominación de Río Blanco. Los funcionarios más dialogantes son removidos de sus cargos. Se reanudan las campañas difamatorias en Correo de Piura.

2007. Setiembre. En una consulta vecinal, organizada por las tres municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, la presencia de Majaz es mayoritariamente rechazada. La empresa, el gobierno y algunos medios de comunicación llevan a cabo una intensa campaña de desprestigio hacia los organizadores, acusándolos inclusive de terroristas ligados al gobierno de Hugo Chávez y a Al Qaeda. Los observadores de la ONPE y otras instituciones se salvan de ser agredidos por una turba ligada a la empresa.

2008. Marzo. Nueva denuncia por terrorismo, esta vez contra las autoridades que convocaron la consulta vecinal, integrantes de diversas ONG como Javier Jahncke (Fedepaz) y Julia Cuadros (Cooperacción) y numerosos dirigentes campesinos. En primera instancia es archivada por el Ministerio Público.

A lo largo del año, el Consejo de la Prensa se pronuncia contra los abusos cometidos por el diario Correo de Piura y el Poder Judicial condena por difamación a los periodistas de Panorama Alejandro Guerrero y Alamo Pérez Luna, aunque la pena es mucho menor que la recibida por Magaly Medina, unos meses después.

2008. Diciembre. Se reabre el proceso por terrorismo contra los opositores a Majaz. El Ministerio de Defensa emite el Decreto Supremo 024-2008-DE que declara de “necesidad pública” la intervención de Majaz en la zona de frontera.

2009. Enero. Las fotografías de las torturas cometidas en agosto del 2005 por los efectivos de la DINOES y el personal de Forza son reveladas por integrantes de Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La empresa Río Blanco, en un intento de desviar la atención pública, señala que un campamento suyo ha sido incendiado por los campesinos. Al no tener mayores resultados, niega toda vinculación con los hechos y sostiene que sólo tiene responsabilidad desde el 2007. Sin embargo, se mantienen los funcionarios de aquellos años y la política de usurpación de los territorios comunales.

Agradecimiento a los gestores de las Ordenanzas

Siendo las Ordenanzas contra la Discriminación entre lo mejor de este año que se va, quería felicitar y agradecer este año a quienes han ayudado a promoverlas, como las Oficinas de la Defensoría del Pueblo en Junín y Arequipa; la abogada Claire Reid y la comunicadora Soledad Rosario en Apurímac; el comunicador Nelson Peñaherrera en Sullana; las regidoras Socorro Arce y Nelly Ramírez en Ayacucho, así como los comunicadores Arturo López, Sol Huamaní y Raquel Palomino; las abogadas Jimena Sánchez, Milly Paredes e Inés Linares en Miraflores; el regidor Keelman Saavedra en Catacaos; los abogados Norbel Mondragón y Rosa Ching en Chiclayo y Víctor Lizárraga en Junín. Hay también muchos regidores y funcionarios municipales que no he llegado a conocer y también están quienes ya están promoviendo las Ordenanzas que serán publicadas el 2009.

Reflexiones Peruanas 159: Los Mangos de la Macarena

Una imagen del reservorio de San Lorenzo

Los diminutos mangos. Tardarán unos cinco meses para ser cosechados

“¡Felicitaciones por haber construido algo así!” “¡Es impresionante!” “¡Espectacular!”

En el libro de visitas del reservorio de San Lorenzo, toda la última página aparece llena de estas expresiones de admiración por parte de un grupo de universitarios ecuatorianos, quienes se encontraban en Piura para un intercambio estudiantil.

Yo también me había quedado boquiabierto al ver la extensión del lago artificial, pero especialmente cuando nos llevaron a conocer la sala de válvulas y luego bajamos hasta las gigantescas tuberías que se encuentran debajo del reservorio y permiten irrigar Tambogrande, Las Lomas y los demás distritos del valle de San Lorenzo.

Me había alojado en el pequeño caserío de Cruceta, ubicado en el antiguo campamento donde vivieron los obreros e ingenieros que hace varias décadas canalizaron aguas subterráneas para construir el reservorio y así transformaron parte del desierto de Piura en uno de los valles más prósperos del Perú.

Cuando uno recorre las fecundas plantaciones de mango, limón y otros cultivos comprende la férrea defensa de los habitantes del valle ante las pretensiones de la empresa canadiense Manhattan, que a comienzos de este agitado siglo quiso establecer una gigantesca mina de tajo abierto arrasando los fundos y la ciudad de Tambogrande.

Afortunadamente, en el 2003, aislada y sin financiamiento, Manhattan tuvo que retirarse del país y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Perú, mientras los mangos adquieren cada vez más renombre en el mercado internacional.

Entre varios fundos, visité La Macarena, donde, mediante el riego por goteo, se cultivan mangos de tres variedades distintas. En esta época del año, los frutos son muy pequeños, apenas del tamaño de una uva.

-El clima de Piura es ideal para el mango, porque tiene un período de invierno que permite desarrollar la fruta-, me explicó un ingeniero, que me explicaba el crecimiento de las exportaciones.

-Supongo que los pequeños agricultores producen para el mercado nacional – comenté.

-¡No! –exclamaron al unísono mis interlocutores.

-¡Hasta el que tiene la chacra más pequeña ya cultiva para la exportación! –me indicó Santos, un trabajador de la Parroquia de Cruceta.

Todos han aprendido a lograr el tamaño, la forma, el color y la consistencia que esperan los compradores extranjeros.

La recolección del mango es también una labor muy delicada, después de la cual, el control de calidad es también preocupación de las numerosas fábricas de Tambogrande donde se embalan los mangos para su exportación.

Todo lo que se ve en el valle de San Lorenzo devuelve la confianza que en el Perú es posible una adecuada planificación y así promover el desarrollo sostenible, cuyos beneficios se extiendan a toda la población. “He regresado a Cruceta después de unos años”, dice una monja hondureña, “y ahora hay agua, luz y hasta camión de basura”.

Sin embargo, parece increíble que los mangos, las fábricas, el gran reservorio y la fuente de trabajo para millares de personas estén en peligro de desaparecer por una combinación de improvisación e intereses políticos mezquinos. Desde hace dos años, se han establecido mineros artesanales en la parte alta de la cuenca y sus procesos de cianuración podrían afectar las aguas del reservorio y la calidad de la cosecha.

En Lima, donde todavía se cree que Tambogrande es un pueblito sin veredas ni semáforos, algunos medios han informado que dentro del valle, los propios habitantes se están dedicando a la minería artesanal en su tiempo libre, cuando ellos saben muy bien que basta que llegue un solo mango contaminado a Europa o Estados Unidos para que nunca más puedan exportar.

Cuando hace unos meses, el Presidente Regional César Trelles dispuso la formalización de los mineros artesanales en una reciente ordenanza, 20,000 tambograndinos realizaron una marcha de protesta en las calles de Piura, llevando a Trelles a señalar que la ordenanza quedaría sin efecto (pero no derogada).

Al parecer, existiría el interés de varias empresas mineras para, después de la formalización, adquirir las tierras que ocupan los mineros artesanales y paulatinamente llegar hasta el propio valle de San Lorenzo, logrando la explotación que Manhattan no pudo llevar a cabo. Los agricultores y los alcaldes del valle están exigiendo la derogación de la ordenanza, la total prohibición de la minería artesanal y la intangibilidad del valle. Esperan que el discurso de defensa de la inversión privada y la seguridad jurídica, que tanto enarbola este gobierno, funcione también para los tambograndinos.

Ajenos a lo que se viene debatiendo, mientras usted lee estas líneas, los mangos de La Macarena y de todo el valle de San Lorenzo vienen creciendo y tomando forma hasta que en noviembre y diciembre llegue la cosecha. Esperemos que este ciclo pueda continuar por muchos años, sin que lo interrumpan la ambición o la irresponsabilidad.

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Además...

-Las polémicas generadas por el chocante afiche del Festival de Cine de la Universidad Católica, que comentamos anteriormente (RP 156) y por la discriminación sufrida por el periodista Marco Avilés en el local miraflorino La Sede, refleja la creciente sensibilidad respecto al racismo. A pesar de ello, el grupo Gildemeister continúa exigiendo “excelente presencia” y “fotografía reciente” a las personas que pretende contratar.

-Mientras los sucesivos accidentes de carreteras demuestran la negligencia de numerosas autoridades, resulta sorprendente el privilegio otorgado por el Ministerio de Transportes, a la empresa Soyuz para dirigirse a Huacho por la ruta destinada a los vehículos livianos. Sólo la semana pasada esta empresa tuvo dos accidentes.

-Mientras finalmente, Topy Top será multada por el Ministerio de Trabajo por sus prácticas antisindicales, la agroexportadora Camposol, de capitales venezolanos, continúa en la impunidad después de haber despedido a centenares de trabajadoras por haberse atrevido a formar un sindicato (RP 154).

-El Ministerio Público ha solicitado varios años de prisión para el ex Director de la Maternidad de Lima y los demás médicos involucrados en la transfusión de sangre contaminada con VIH a varios recién nacidos en el año 2004.

-Hablando de médicos, la empresa Nestlé organizó una fiesta para los nuevos pediatras del Perú en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. En muchos países, esta conducta sería considerada una práctica reñida con la ética para influenciar a los profesionales.

Reflexiones Peruanas 140: Tribulaciones Norteñas

Pequeña y delgada, la señora Jovita Becerra viste de luto riguroso, desde que en octubre su hermano Edmundo fue asesinado por un sicario en la localidad de Yanacanchilla. Ella, como muchos cajamarquinos, cree que la muerte se debió a la oposición de Becerra a la empresa Yanacocha. No hay pruebas, sin embargo, porque el asesino, meses después, fue también muerto a tiros por la policía. “Le dispararon tantas veces que parecían empeñados en que jamás dijera quién le encargó matar a Edmundo”, comenta una joven cajamarquina.
La muerte del veterinario Edmundo Becerra generó una honda conmoción entre los ambientalistas y los líderes campesinos de Cajamarca, porque coincidió con el descubrimiento de las acciones de espionaje hacia Grufides, la ONG dirigida por el padre Marco Arana. Difícilmente puede pensarse en alguien, además de Yanacocha o su empresa de seguridad Forza, con la capacidad económica y el interés de pagar a una docena de personas para que sigan y filmen durante varios meses a cada uno de los integrantes de Grufides.
Este reglaje, sin embargo, es sólo parte del levantamiento de información que algunas empresas mineras realizan en el norte del país sobre quienes tienen alguna preocupación ambientalista, sean religiosos, dirigentes campesinos o integrantes de ONGs. Los que osan plantar que la agricultura o el ecoturismo son mejores alternativas de desarrollo que la minería terminan padeciendo insidiosas campañas de difamación a través de volantes, radios locales o periódicos como Rupa Rupa en Jaén, Correo en Piura y Clarín en Cajamarca, que recuerdan el uso de los diarios chicha en tiempos del SIN.
El año pasado, uno de estos periódicos llegó a publicar las fotos de decenas de alcaldes, ronderos y obispos como integantes de una supuesta Red Bolivariana del Terror, financiada por Hugo Chávez, con la participación de Javier Diez Canseco, Ollanta Humala y Víctor Polay. Estas acusaciones delirantes han sido repetidas por el programa de televisión Panorama en varias ocasiones.
En sus casas o sus celulares, los ecologistas norteños también reciben amenazas de muerte, como le ocurrió a unos ingenieros que se disponían a monitorear la contaminación de unos ríos en La Libertad y con frecuencia sucede a los integrantes de Grufides. Hace una semana el turno de ser amenazado le tocó a Javier Jahncke, abogado de Fedepaz, quien ha denunciado los abusos de las empresas Yanacocha y Majaz.
Los amenazados tienen razón para temer: la muerte de Becerra tiene mucha semejanza con el asesinato del ingeniero piurano Godofredo García Baca, uno de los principales opositores a la empresa Manhattan el año 2001. En este contexto, cuando el pasado 17 de marzo, el periodista Miguel Pérez Julca fue asesinado por dos sicarios en Jaén, muchos pensaron en Majaz. Esta presunción se debía a que la participación de los funcionarios de esta empresa en acciones violentas, como la invasión de dos comunidades campesinas, la destrucción de la radio ambientalista La Poderosa, la brutal golpiza a la señora Josefa Adrianzén y la irrupción en un foro sobre ecología en marzo del año pasado, cuyos asistentes fueron apedreados por una turba. Sin embargo, debe señalarse que el fallecido periodista tenía numerosos enemigos, por lo que las sospechas sobre Majaz deben tomarse con prudencia.
Lo más frecuente es que las empresas denuncien a la población por diversos delitos. En febrero pasado, Santos Quispe, alcalde de Parcoy (La Libertad), el dirigente rondero Renán García y el joven campesino Omer Castillo fueron condenados a 10 años de prisión por haber secuestrado y torturado a un agente policial. Quispe sostiene que él mas bien logró liberar al policía y que ni García ni Castillo participaron en los hechos. Al parecer, la empresa Minera Horizonte estuvo detrás de esta condena, porque Quispe y García habían denunciado sus abusos hacia las comunidades de la zona.
La severidad de esta condena contrasta con la pasividad con que se atienden las denuncias de los campesinos: derrames de productos tóxicos, muerte de truchas, espionaje, difamación..., todo termina archivado por el Ministerio Público o el Poder Judicial. Igual destino han corrido las muertes de campesinos que participaban en marchas de protesta, como los piuranos Reemberto Herrera y Melanio García, el ancashino Guillermo Tolentino y los cajamarquinos Juan Montenegro e Isidro Llanos. Todos ellos fallecieron debido a la indiscriminada represión policial, salvo Montenegro quien habría muerto a consecuencia de los disparos de un vigilante particular.
La última semana, las buenas relaciones se hicieron evidentes, al incorporarse un representante de Yanacocha al Consejo Consultivo del Ministerio del Interior. Entratanto, una buena parte de las acciones de Majaz fueron compradas por la empresa Zijin, con sede en China, donde la preocupación por los derechos humanos o el medio ambiente es ciertamente escasa.
El panorama para los ecologistas norteños se complica aún más. ¿Será tan difícil que el gobierno y las empresas perciban que la población tiene derecho a decidir sobre su futuro?


Además...
- Felicitamos a la Municipalidad de Magdalena por la instalación de numerosos paneles contra el racismo. Pueden ingresar a www.munimagdalena.gob.pe para bajar la versión para internet y enviarla a conocidos y amigos.

- La propuesta de obligar a los adolescentes con problemas de conducta a realizar el servicio militar ha recibido hondo rechazo de parte del Comando Conjunto, que ostiene que los cuarteles no son centros correccionales para individuos antisociales.

- Entretanto, en Arequipa, el Segundo Comandante de la Región Militar del Sur, General Carlos La Rosa anunció que si se producen maltratos a los cadetes del Colegio Militar Francisco Bolognesi los responsables serán denunciados al Ministerio Público, sean profesores, instructores o cadetes de años superiores.

- Se frustró la visita de los pasajeros de un transatlántico de lujo a Lambayeque debido a la patética situación del muelle de Pimentel. Hace poco pudimos ver el rescate de un niño cuyo cuerpo se había quedado atrapado entre los podridos tablones.

- Siempre en Lambayeque, los campesinos de Cañaris han anunciado que no permitirán a la empresa Milenium operar en dicho distrito, por temor a la contaminación de sus tierras y la muerte de su ganado.

- Los dos policías que en enero del año 2005 torturaron hasta la muerte a José Luis Preciado en Chimbote fueron condenados a cuatro años de prisión por lesiones y no por tortura. El tratamiento legal resulta sumamente benigno, en comparación con el caso de Parcoy.

- Luciano Benetton realizó una nueva visita al Perú y como siempre a Saga Falabella, sin preocuparse que esta tienda ha convertido en étnicamente pura la imagen multirracial de Benetton.