Anexo de la RP 240

-Este 28 de febrero se recuerda el primer aniversario de la Ordenanza 002 que la Municipalidad de Abancay emitió contra la discriminación, generando que muchas otras ciudades sigan este ejemplo.

-El Tribunal Constitucional escuchó el martes pasado en Arequipa, los alegatos de las organizaciones que impugnan los Decretos Legislativos 982, 983, 988 y 989, encontrando una respuesta muy débil por parte del Estado.

-Hablando de dichos Decretos, esperemos que el reemplazo de Remigio Hernani por Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior no tenga consecuencias peligrosas para los derechos humanos, como ocurrió durante la gestión de Luis Alva Castro, que generó más de sesenta muertes por accionar policial.

-La trágica muerte de la socióloga Milagros Patiño en un aislado poblado de Ayacucho demuestra la desprotección en que trabajan muchos jóvenes profesionales (y no tan jóvenes). Muchas empresas, ONG o inclusive instituciones públicas no cumplen con garantizar su seguridad, ni menos asegurarlos frente a accidentes de carretera o crímenes.

-Por segundo año, terminaron los domingos de febrero sin que los limeños tuvieran que padecer actos vandálicos bajo pretexto de los Carnavales, como sucedía en años anteriores, sobre todo a quienes viajaban en transporte público.

-Agradecemos a todas las personas que generosamente han hecho llegar sus donativos de víveres, ropa, zapatos, útiles escolares y dinero en efectivo para los hijos de los obreros de Casapalca. Seguimos recogiendo las donaciones. Agradecemos especialmente a las instituciones de Huancayo que se han movilizado para garantizar que la joven Ruth Peñares pueda dar a luz en condiciones adecuadas, cuando llegue el momento.

-Agradecemos a Inversiones Jerusalén y a Café Altomayo por su decisión de no volver a colocar ofertas de empleo discriminatorias y a las empresas Skillchem y Almacenes Santa Clara y a la revista Gaceta Jurídica por la publicación de avisos rectificatorios.

-Hablando de ofertas de empleo discriminatorias, el Instituto Monte Catini y la empresa Gelatinas Universal corren el riesgo de ser sancionados por sus recientes avisos.

El aporte (Sobre la RP El Tablista Madrugador):

Después de haber leído tu texto, salí a almorzar y llegando al cruce de Puno con Carabaya me encuentro con una heladera y le pregunto por el precio del sándwich de vainilla.

-Tres cincuenta señor, fíjese que yo no le miento ni me invento -me dice mostrándome una lámina plastificada a colores con todos los precios de los helados D’Onofrio que ofrecía.

La miro, le agradezco y reanudo mi marcha. Pensé que preferible era comprarme el sándwich en la bodega porque me costaba tres soles. Eran cincuenta céntimos, que son dos panes, un puñado de caramelos de limón. Vi una carretilla de Artica y me dije: “Bueno, un helado de yogurt de fresa no me caería mal”. Al tercer paso escucho:

-Señor, ¿a cuánto compra usted el sándwich?.

Le dije a la joven que normalmente a tres soles y entonces ella rápidamente me alcanza el helado que quería por ese precio.

Comiendo mi helado buscando algún huequecito simpaticón para comer, empecé a reflexionar sobre tu texto.

¿Quién es finalmente el más débil? ¿No es más débil el turista que no puede llegar a destino porque todo taxi que pasa le quiere cobrar como si fuera taxi de su país de origen? ¿No es más débil la persona que está con terno o sastre y le cobran que les viene en gana? Creo que todo depende de cómo es que se configuran las cosas y no siempre un sector es que termina del lado débil. (Un alumno de la Facultad de Derecho).


La frase W:

La forma más común en que los peruanos enfrentan la discriminación es buscando a otro más débil para discriminarlo.

RP 236: Muerte en el Santuario

Muchas personas creían inicialmente que los invasores de Pómac eran personas pobres y desesperadas. En realidad, los primeros en llegar fueron campesinos cajamarquinos, pero con el tiempo personas más acaudaladas percibieron en la invasión una oportunidad económica: incendiaron los bosques de algarrobos, construyeron con maquinaria pesada profundos pozos e instalaron un sistema de riego por goteo. Gracias a sus conexiones e influencias lograron dilatar el proceso judicial de desalojo, al punto que parecía que éste jamás se produciría. Por ello, inclusive el Ministerio de Educación había instalado una escuela primaria a la que asistían mayormente los hijos de los trabajadores de los diversos fundos.

Se manifestaba así un problema que frecuentemente hemos señalado: la inacción del Estado frente cuando las situaciones de ilegalidad son pequeñas, termina generando que vayan creciendo y con el tiempo se conviertan en problemas muy difíciles de manejar porque aparecen fuertes intereses económicos. De esta forma, cuando el desalojo era inminente, los más inescrupulosos ocupantes contrataron a peligrosos delincuentes para que enfrentaran a la policía.

Los invasores se retiraron la semana pasada, pero el alevoso asesinato de los policías Fernando Hidalgo y Carlos Peralta, ocurrido la víspera, a pocos metros de la escuela primaria, conmocionó a la opinión pública.

En realidad, si este crimen hubiera ocurrido en Puno o Andahuaylas, algunos analistas estarían atribuyéndolo a la propensión indígena a la violencia y su rechazo al Estado. Sin embargo, cuando un crimen es cometido en el norte del Perú no aparecen estereotipos negativos, ni siquiera luego de masacres como las de Cayaltí (Lambayeque) o Florencia de Mora (Trujillo).

A decir verdad, dudo que un homicidio similar hubiera causado tanto revuelo si se cometía en la sierra. La semana pasada también fue asesinado a tiros Eduardo Quino, Alcalde de la provincia de Huamalíes, en una de las calles de Huánuco, sin que su muerte generara mayor conmoción en Lima.

La cobertura mediática respecto al crimen de Pómac se debe a la escandalosa negligencia de la propia Policía Nacional. Se envió a policías desarmados y sin chalecos antibalas a una zona que desconocían, donde cayeron víctimas de una emboscada ante la desesperación de sus compañeros y los periodistas que se encontraban presentes, algunos de los cuales también fueron heridos. La improvisación siguió después del desalojo, porque varios policías quedaron enfermos debido al mal estado de las provisiones entregadas.

Como era de esperarse, algunos líderes de opinión están empleando este crimen para justificar políticas de mano dura en las intervenciones policiales. Habría que señalar que en realidad, la mano dura viene a ser actualmente la regla: el número de personas fallecidas en el accionar policial ha aumentado de un promedio anual de tres durante el gobierno de Toledo a 36 el 2008.

Tres de estas muertes se produjeron precisamente en desalojos: John Acosta, un niño de diez años abatido en un asentamiento humano de Pucallpa; Santos López, miembro de un grupo de mineros informales cuyas tierras reclamaba una empresa en Acarí; y Julio Apaza, un joven del distrito limeño de Independencia que pretendió resistirse al desalojo de la vivienda que habitaba con su familia. En ninguno de los casos hubo hechos de violencia que justificaran el accionar letal de la policía. Sólo en el último, los policías responsables fueron sancionados.

Los opositores a los organismos de derechos humanos también han aprovechado la ocasión para acusar a éstos de no condenar la muerte de los jóvenes policías…, pese a todos los pronunciamientos de condena que hubo. En realidad, desde que aparecieron, en tiempos del conflicto armado, los organismos de derechos humanos en el Perú consideran su obligación condenar los crímenes contra la vida o la integridad física, aunque no sean cometidos por agentes estatales. Esta posición no siempre es comprendida a nivel internacional, porque originalmente se consideraba que un grupo de delincuentes, tengan o no móviles políticos, cometían delitos comunes y no violaciones a derechos humanos.

A mi modo de ver, no tendría sentido defender la vida y pretender “escoger” las víctimas para condolerse sólo cuando se trata de campesinos, pobres, mujeres o policías, como tampoco “escoger” a los agresores y sólo pronunciarse cuando se trata de las personas a quienes rechazo por motivos políticos.

La mayoría de invasores de Pómac no se ha presentado para el empadronamiento y traslado a otros lugares, sea por temor a ser procesados o porque no eran tan pobres, como se decía. Entretanto, a las autoridades del Santuario les queda la tarea de destruir las viviendas y las demás instalaciones que fueron construidas, así como la reforestación de la parte del bosque que fue incendiada.

Esperamos que la tolerancia a la ilegalidad y la improvisación de las autoridades no nos den otra vez saldos fatales.



La frase W:

Cuando decimos que en ningún país se come tan bien como en el Perú, solemos olvidar que muchos peruanos casi no tienen qué comer.