RP 236: Muerte en el Santuario

Muchas personas creían inicialmente que los invasores de Pómac eran personas pobres y desesperadas. En realidad, los primeros en llegar fueron campesinos cajamarquinos, pero con el tiempo personas más acaudaladas percibieron en la invasión una oportunidad económica: incendiaron los bosques de algarrobos, construyeron con maquinaria pesada profundos pozos e instalaron un sistema de riego por goteo. Gracias a sus conexiones e influencias lograron dilatar el proceso judicial de desalojo, al punto que parecía que éste jamás se produciría. Por ello, inclusive el Ministerio de Educación había instalado una escuela primaria a la que asistían mayormente los hijos de los trabajadores de los diversos fundos.

Se manifestaba así un problema que frecuentemente hemos señalado: la inacción del Estado frente cuando las situaciones de ilegalidad son pequeñas, termina generando que vayan creciendo y con el tiempo se conviertan en problemas muy difíciles de manejar porque aparecen fuertes intereses económicos. De esta forma, cuando el desalojo era inminente, los más inescrupulosos ocupantes contrataron a peligrosos delincuentes para que enfrentaran a la policía.

Los invasores se retiraron la semana pasada, pero el alevoso asesinato de los policías Fernando Hidalgo y Carlos Peralta, ocurrido la víspera, a pocos metros de la escuela primaria, conmocionó a la opinión pública.

En realidad, si este crimen hubiera ocurrido en Puno o Andahuaylas, algunos analistas estarían atribuyéndolo a la propensión indígena a la violencia y su rechazo al Estado. Sin embargo, cuando un crimen es cometido en el norte del Perú no aparecen estereotipos negativos, ni siquiera luego de masacres como las de Cayaltí (Lambayeque) o Florencia de Mora (Trujillo).

A decir verdad, dudo que un homicidio similar hubiera causado tanto revuelo si se cometía en la sierra. La semana pasada también fue asesinado a tiros Eduardo Quino, Alcalde de la provincia de Huamalíes, en una de las calles de Huánuco, sin que su muerte generara mayor conmoción en Lima.

La cobertura mediática respecto al crimen de Pómac se debe a la escandalosa negligencia de la propia Policía Nacional. Se envió a policías desarmados y sin chalecos antibalas a una zona que desconocían, donde cayeron víctimas de una emboscada ante la desesperación de sus compañeros y los periodistas que se encontraban presentes, algunos de los cuales también fueron heridos. La improvisación siguió después del desalojo, porque varios policías quedaron enfermos debido al mal estado de las provisiones entregadas.

Como era de esperarse, algunos líderes de opinión están empleando este crimen para justificar políticas de mano dura en las intervenciones policiales. Habría que señalar que en realidad, la mano dura viene a ser actualmente la regla: el número de personas fallecidas en el accionar policial ha aumentado de un promedio anual de tres durante el gobierno de Toledo a 36 el 2008.

Tres de estas muertes se produjeron precisamente en desalojos: John Acosta, un niño de diez años abatido en un asentamiento humano de Pucallpa; Santos López, miembro de un grupo de mineros informales cuyas tierras reclamaba una empresa en Acarí; y Julio Apaza, un joven del distrito limeño de Independencia que pretendió resistirse al desalojo de la vivienda que habitaba con su familia. En ninguno de los casos hubo hechos de violencia que justificaran el accionar letal de la policía. Sólo en el último, los policías responsables fueron sancionados.

Los opositores a los organismos de derechos humanos también han aprovechado la ocasión para acusar a éstos de no condenar la muerte de los jóvenes policías…, pese a todos los pronunciamientos de condena que hubo. En realidad, desde que aparecieron, en tiempos del conflicto armado, los organismos de derechos humanos en el Perú consideran su obligación condenar los crímenes contra la vida o la integridad física, aunque no sean cometidos por agentes estatales. Esta posición no siempre es comprendida a nivel internacional, porque originalmente se consideraba que un grupo de delincuentes, tengan o no móviles políticos, cometían delitos comunes y no violaciones a derechos humanos.

A mi modo de ver, no tendría sentido defender la vida y pretender “escoger” las víctimas para condolerse sólo cuando se trata de campesinos, pobres, mujeres o policías, como tampoco “escoger” a los agresores y sólo pronunciarse cuando se trata de las personas a quienes rechazo por motivos políticos.

La mayoría de invasores de Pómac no se ha presentado para el empadronamiento y traslado a otros lugares, sea por temor a ser procesados o porque no eran tan pobres, como se decía. Entretanto, a las autoridades del Santuario les queda la tarea de destruir las viviendas y las demás instalaciones que fueron construidas, así como la reforestación de la parte del bosque que fue incendiada.

Esperamos que la tolerancia a la ilegalidad y la improvisación de las autoridades no nos den otra vez saldos fatales.



La frase W:

Cuando decimos que en ningún país se come tan bien como en el Perú, solemos olvidar que muchos peruanos casi no tienen qué comer.