125: La incierta Navidad del Padre Francisco

En estos tiempos, muchas personas critican a la práctica religiosa como una repetición monótona de rituales externos, llevados a cabo para complacer a una divinidad punitiva y arbitraria. En un país como el Perú, esta perspectiva casi mágica de la religión puede ayudar a las personas a evadirse de sus problemas cotidianos.

Sin embargo, varios episodios recientes nos muestran situaciones muy distintas: el lunes, los vecinos de Barranquita, en San Martín, encontraron la iglesia de madera pintarrajeada con amenazas al párroco italiano Mario Bertolini. El responsable no sería otro que Francisco Pashanasi, el alcalde saliente del partido aprista, quien a nombre de la municipalidad, declaró hace unas semanas a Bertolini persona no grata, acusándolo de “divisionista, conflictivo, proselitista político, agitador y marginador del pueblo y desarrollo social”.

En realidad, Bertolini, desde la radio La Voz de Caynarachi, ha venido apoyando a los campesinos en su lucha por defender sus tierras de las ambiciones de la empresa Palmas de Espino. La empresa, del grupo Romero, contaba con el respaldo de Pashanasi, pero éste ha perdido las elecciones y su sucesor será un dirigente campesino. Las pintas serían una venganza contra el párroco. El obispo de Yurimaguas, José Luis Astigarraga, ha respaldado públicamente la labor social de Bertolini, recordando que esas tierras siempre han sido de los campesinos.

Entretanto, también la semana pasada, el obispo de Cajamarca Carmelo Martínez y numerosos sacerdotes expresaron su condena e indignación frente a los operativos de seguimiento y las campañas de difamación contra Marco Arana y otros dos sacerdotes (RP 111, 122, 124). Los sacerdotes y el obispo exigieron también una profunda investigación y “sanciones ejemplares a los autores materiales e intelectuales de actos que van en defensa de la vida y del medio ambiente”. La referencia a los autores intelectuales es interesante, porque según el diario La República, detrás de estos hechos estarían las empresas Forza y/o Yanacocha.

Hace algunos meses, los sacerdotes cajamarquinos suscribieron otro pronunciamiento citando a Juan Pablo II, cuando advertía preocupado: “Las razones de producción prevalecen a menudo sobre la dignidad del trabajador, y los intereses económicos se anteponen al bien de cada persona, o incluso al de poblaciones enteras”.

Ahora bien, en otros lugares del Perú, es más difícil para un sacerdote mantener su compromiso con los más pobres: el pasado lunes, en la Biblioteca Nacional la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento especial a Francisco Frisch, quien después de 35 años al servicio de los derechos humanos en Puno debe retirarse por decisión del nuevo obispo de Ayaviri.

La partida de Frisch se une otros traslados no deseados y a la renuncia de cinco sacerdotes que enseñaban en el seminario de Juli. Los nuevos obispos de Juli y Ayaviri perciben que en las últimas décadas, la Iglesia del Sur Andino, tan comprometida con los derechos de los campesinos, desde la lucha por la tierra hasta el enfrentamiento con los grupos subversivos, no ha desarrollado un trabajo evangelizador, sino mas bien político.

Ambos jerarcas sostienen que ni la gobernabilidad de la región, ni el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ni el acompañamiento a las rondas campesinas (ya no digamos el pronunciamiento de sus predecesores sobre el TLC) son acciones que le correspondan a la Iglesia. En este panorama, los dos principales organismos de derechos humanos de la región, las Vicarías de Solidaridad de Juli y Ayaviri, corren el peligro de ser desmantelados en cualquier momento.

No queremos señalar, sin embargo, que los nuevos obispos sean insensibles hacia la pobreza lacerante de sus diócesis. La diferencia estriba es si la pobreza debe ser atendida sólo mediante actos caritativos (que en realidad buena falta nos haría practicarlos a los peruanos) o fomentando en los pobres la toma de conciencia sobre sus derechos.

Este último enfoque es el que corresponde a la Teología de la Liberación, cuyo principal referente peruano ha sido Gustavo Gutiérrez. Precisamente, el 1º de setiembre la Conferencia Episcopal anunció que, según la Congregación para la Doctrina de la Fe, no existen objeciones teológicas o pastorales a las enseñanzas de Gutiérrez. Sin embargo, los medios de comunicación evitaron difundir este pronunciamiento, porque, claro, quienes tienen poder no desean admitir que la pobreza es un pecado social o que los pobres tienen derecho a luchar por su liberación.

Esperemos que el ejemplo de los obispos de Cajamarca y Yurimaguas ayude a reflexionar a sus colegas de Juli y Ayaviri, pero el ánimo de los sacerdotes y religiosas que trabajan en el Sur Andino parece mas bien representado por el mensaje navideño del Padre Frisch que adjuntamos a esta RP.

En medio del periodo más consumista del año, hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos que creen que Jesús no vino al mundo para ser recordado en una celebración de ostentación y de opulencia, sino para ayudarnos a construir una sociedad más justa y más humana.

__________________________________________________

Además...

-Felicitamos a la Municipalidad de Magdalena por la publicación de la Ordenanza 292, en la que señala que se cancelará la licencia de funcionamiento de aquellos locales con prácticas discriminatorias. Sería muy positivo que ordenanzas similares fueran promulgadas por las Municipalidades de Miraflores, San Isidro, Surco, Barranco y Cusco donde continúan las prácticas racistas.

-El Hotel Hacienda Ocucaje difundió un paquete de Año Nuevo donde las trabajadoras del hogar de los huéspedes eran prohibidas de participar en paseos o actividades recreativas y debían dormir en cuartos de servicio compartidos con otras trabajadoras. Al ser informados que podían enfrentar hasta tres años de prisión por prácticas discriminatorias, el hotel ha anunciado la eliminación de este régimen segregado. Esperemos que los clubes que tienen prohibiciones similares sobre el uso de las piscinas tomen medidas similares.

-Un grupo de campesinos de Huanta, sobrevivientes a la violencia política, recorría las instalaciones del Congreso de la República cuando recibió diversos improperios racistas por parte del personal de seguridad. La protesta de la Congresista Juana Huancahuari motivó que dos integrantes de la Marina fueran sancionados con dos días de arresto. Al parecer, el hecho no ha pasado al Ministerio Público.

-La denuncia contra diversos jefes militares por las fosas comunes de Pucayacu, la desaparición de Jaime Ayala y otros numerosos crímenes cometidos desde las bases de Huanta y La Mar en los años ochenta fue archivada por el Poder Judicial. La sentencia del Juez Omar Pimentel se encuentra en apelación.

-Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 666 distritos del Perú no tienen comunicación telefónica de ningún tipo.

-Hablando de transportes, el sábado 16, un niño de 8 años fue atropellado por un ómnibus de la empresa Soyuz en Guadalupe, al norte de Ica. El chofer pretendió seguir su marcha pero la población se lo impidió e incendió el ómnibus, cuando los pasajeros ya habían retirado sus pertenencias. Los choferes de esta empresa cometen numerosas infracciones desde trasladar pasajeros de pie hasta el exceso de velocidad.