RP 464: La Defensoría del Pueblo y la Lucha contra la Discriminación

En  un colegio de Huanta, se pretende obligar a un niño que profesa la religión israelita a cortarse el cabello, lo cual va en contra de sus creencias.  En El Tambo (Huancayo), la Municipalidad se rehúsa a casar a una pareja de sordomudos.   Otra pareja enfrenta una decisión similar en Chiclayo, en este caso porque el novio es portador de VIH.  

Los hechos mencionados ocurrieron durante este año y el 2012.   La discriminación en nuestro país se produce de manera cotidiana, en buena medida debido a la ausencia  de intervención por las autoridades estatales, al punto que, hasta hace poco, negaban que existiera o que fuera un problema grave.   

Recuerdo que en el 2007 una investigadora checa me escribió: “Estoy buscando en internet informaciones sobre políticas antidiscriminatorias en el Perú y no he encontrado nada.   Quería preguntarle cómo acceder a esta información”.  Tuve que decirle que, lamentablemente, esas políticas no existían.  Inclusive, a veces las instituciones estatales son los lugares donde la discriminación se manifiesta de manera más inflexible.  De esta manera, mientras en un banco, una tienda por departamentos o un cine nadie cerraría el paso a un ciudadano por usar short, sí se le impide el ingreso a una comisaría o una dependencia judicial.  

Afortunadamente, si ahora me escribiera la socióloga checa, le diría que las cosas vienen cambiando poco a poco.    Tenemos decenas de Ordenanzas regionales y municipales contra la discriminación.   Hay esfuerzos importantes por incluir a las personas con discapacidad, como el interesante programa que lleva a cabo la Municipalidad de Miraflores.   INDECOPI ha sancionado a varias empresas por discriminación, como le ocurrió la semana pasada a un hotel de Tacna que se negó a recibir a una pareja de homosexuales.   En febrero, el Ministerio de Cultura lanzó la plataforma Alerta contra el Racismo, que brinda información muy completa sobre esta problemática, y ha organizado el Mes de la Cultura Afroperuana. 

Sin embargo, de todas las instituciones estatales, la que más ha promovido la eliminación de prácticas discriminatorias ha sido la Defensoría del Pueblo.   En todos los casos que mencioné al principio, fueron los integrantes de la Defensoría quienes lograron que se pudiera respetar los derechos de los ciudadanos.     

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo dio otra muestra de su compromiso contra la discriminación al presentar una acción de amparo y una medida cautelar frente al sorteo para el servicio militar obligatorio.    La decisión del juez David Suárez Burgos de suspender el sorteo fue un hito fundamental en la historia de los derechos humanos en nuestro país.   “Muchas campesinas estaban angustiadas temiendo que sus hijos tendrían que dejar los institutos donde estudiaban”, me contaba un amigo de Chulucanas.

La respuesta del Presidente Humala y del Ministro de Defensa Pedro Cateriano frente al Defensor Eduardo Vega, fue penosa, pretendiendo descalificarlo por su condición de “interino”.  Deberían mas bien enorgullecerse de que en el Perú existan funcionarios tan comprometidos contra la discriminación. 

Es evidente, además, que este es un compromiso que ha asumido toda la Defensoría del Pueblo y gracias a ello, se han respetado los derechos de muchos ciudadanos.  Por ejemplo, en cuanto a la discriminación religiosa, se logró que el niño israelita de Huanta no tuviera que cortarse el cabello y ocurrió lo mismo en un colegio de Chumbivilcas donde se pretendía obligar a otra niña de la misma religión a quitarse el velo.     Igualmente se apoyó a varias familias Testigos de Jehová a quienes un colegio de Moquegua pretendía que presentaran partida de bautismo o declaración jurada de ser católicos para permanecer en el colegio.   

Frente a la absurda discriminación a las mujeres embarazadas, la Defensoría ha respaldado en los tribunales a las cadetes que las Fuerzas Armadas pretendían expulsar y en Vilcashuamán lograron revertir la decisión de que una profesora perdiera su plaza laboral por esta razón.   Gracias a las intervenciones de la Defensoría, en Ayacucho y Huancavelica se derogaron las disposiciones que daban mayor puntaje a los profesores nacidos en la región y a nivel nacional, el INEI derogó una convocatoria laboral que era sólo para menores de 40 años.

En cuanto a discriminación por vestimenta, la Defensoría logró vencer las reticencias de los magistrados más conservadores y hace dos años el Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial derogó las normas que restringían el ingreso de los ciudadanos por usar short o sandalias, mediante la Resolución 225-2011-CE-PJ, que todavía muchas Cortes Superiores y Juzgados pretenden ignorar.  

El camino para construir una sociedad más justa e igualitaria todavía es muy largo en el Perú, pero es muy positivo saber que desde el Estado se busca generar cambios efectivos.    Sea quien sea quien en algunas semanas o meses asuma la gestión de la Defensoría del Pueblo tiene el reto de continuar el camino trazado por Eduardo Vega y centenares de comisionados en todo el país.