Reflexiones Peruanas Nº 260: Buena presencia, menor de 30 años

Hace más de 10 años, la Ley 26772 prohibió la discriminación en las ofertas de empleo, señalando que sólo podía haber requisitos objetivos, como manejar el quechua para trabajar en una zona rural. El Decreto Supremo 002-98-TR precisó además que la preferencia subjetiva de los clientes no era un criterio objetivo (artículo 4), por lo que ninguna empresa podía argumentar que los clientes preferían ser atendidos por personas blancas o de determinada edad. Tampoco son un criterio objetivo los costos que pueda generar la contratación de una persona, aludiéndose a la discriminación que pueden sufrir las mujeres, especialmente si son casadas, por las licencias relativas a la maternidad.

Durante los primeros años de vigencia de estas normas, la abrumadora mayoría de empleadores hizo caso omiso, gracias a la pasividad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Muchos avisos mantenían la frase “buena presencia”, un eufemismo para indicar que los rasgos físicos eran tomados en cuenta, encubriendo una selección de carácter racial.

Ante la inacción estatal, desde hace varios años, quienes promovemos la lucha contra el racismo decidimos dirigirnos directamente a las empresas que vulneraban la ley. Desde el año 2006, además, las cartas de advertencia incluyen una referencia al artículo 323 del Código Penal, que señala una sanción de hasta tres años de prisión para los que cometan el delito de discriminación.

Tanto en Lima, como en Huancayo, Abancay, Chiclayo y Ayacucho, estas cartas han logrado que bancos, pastelerías, tiendas de ropa o de electrodomésticos se disculpen, señalen que trataba de “errores involuntarios” y declaren que no lo volverán a hacer, como efectivamente cumplen. Muchas empresas además han publicado avisos rectificatorios, para que no queden dudas sobre su propósito de enmienda. De esta norma, sin que, por ahora, sea necesario sancionar a nadie, se ha ido logrando un cambio marcado en la conducta de los anunciantes.

Conforme iba desapareciendo la “buena presencia” de los avisos, decidimos enfrentar todos los demás requisitos discriminatorios, como sexo, universidad de origen, estado civil… y el más frecuente de todos, edad.

Efectivamente, pese a la referencia taxativa en la ley 26772 y en el Convenio 111 de la OIT, estudios de abogados, instituciones que difunden norma legales, notarías, colegios prestigiosos y filiales de transnacionales restringían a determinados rangos de edad la selección de secretarias, ingenieros, trabajadores de limpieza, abogados o psicólogos.

Como en el caso anterior, después de comunicarnos con ellas, todas estas entidades hicieron mea culpa, aunque algunas intentaron esgrimir razones: “Alguien de más de 35 años no puede viajar a la sierra”, me dijeron en una empresa dedicada a la venta de insumos mineros. Yo les recordé que en la sierra vive mucha gente mayor de esa edad. “Yo vendo artículos deportivos y por eso quiero personal menor de 25 años”, me dijeron en una tienda de Plaza San Miguel. Hubo que explicarles que en el Perú practica deportes gente de toda edad. “Un empleado de más de 27 años es un lastre” fue la primera reacción del propietario de una cadena barranquina de locales nocturnos. En el fondo, este requisito se basa en la percepción que a más joven sea una persona tiene menos expectativas salariales.

En este lapso, algunas instituciones estatales han publicado avisos similares, pese a que el artículo 323 sanciona con cuatro años de prisión a los funcionarios involucrados. Por ejemplo, en octubre pasado, tuve que entrevistarme con el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario debido a un aviso que solicitaba psicólogos y sociólogos menores de 35 años. Me quedé perplejo frente a sus argumentaciones iniciales: “Una persona de 40 años no va a viajar fuera de Lima. Estará muy apegado a su familia y no sabe obedecer”. Finalmente, señaló que se evaluaría a todos los postulantes, sin límite de edad.

La entidad estatal que conserva estos criterios es la Academia Diplomática, que exige a sus postulantes un máximo de treinta años de edad que no existe en los demás países latinoamericanos o europeos. Siendo un requisito claramente discriminatorio, ha motivado una acción legal contra la Academia que ha llegado a la Corte Suprema, donde se encuentra pendiente de decisión.

Mientras el requisito de edad también va desapareciendo de los avisos de los diarios, sigue pendiente el problema del proceso de selección en sí mismo. Lan Perú, por ejemplo, ha aceptado inclusive nuestro pedido de retirar el requisito de “fotografía reciente”, pero todas las personas que trabajan en los mostradores del aeropuerto tienen la misma pigmentación. Varios bancos tienen también criterios similares.

El Decreto Supremo 019-TR-2006 considera una infracción muy grave la discriminación en la selección del personal, inclusive de manera indirecta. Sin embargo, hasta el momento ningún inspector del Ministerio de Trabajo parece interesado en comprobar prácticas discriminatorias. Al parecer, como en las ofertas de empleo, sin una intervención de la sociedad civil no será posible lograr el cumplimiento de la ley.