RP 255: ¿Por qué estalló la barbarie en la Selva?

A la morgue de Bagua llegan los cuerpos de treinta indígenas muertos. La policía no permite el ingreso a la Curva del Diablo para recuperar los cuerpos de los demás cadáveres. Nueve policías son degollados por los awajún en Imacita. El líder indígena más reconocido de Amazonas, Santiago Manuim, se debate entre la vida y la muerte: ha sobrevivido a ocho heridas de bala, pero debe ser trasladado a Lima. Son sepultados los restos de once policías muertos en el enfrentamiento del cinco de junio. En varias ciudades de Amazonas se impone el toque de queda desde las 15:00 (no es ningún error de imprenta).

Mientras se acumulan datos y cifras que hacen remontarnos a los peores tiempos del conflicto armado interno, me viene a la mente que hace unas semanas estaba yo dando una charla sobre las violaciones a los derechos humanos en el segundo gobierno de Alan García y señalé que hasta el mes de mayo, la Policía y el Ejército habían matado a 84 personas (ver RP 242 Memorias del Presente). En ese momento, un profesor de la Universidad de Illinois me preguntó:

-Entiendo que Fujimori reprimía para perpetuarse en el poder, pero García, ¿por qué actúa así? ¿Qué pretende obtener?

Yo no sé si obtiene algo… pero sí creo que la sucesión de incidentes represivos de los últimos 3 años y los trágicos acontecimientos ocurridos en los últimos días en la selva se deben a que en García y su régimen coinciden en dos factores.

El primero es una vocación autoritaria, para la cual el respeto a la vida humana es un elemento secundario. Recordemos que, desde su primera semana en el poder, el propio García proclamó: “Hay gente que no tiene derecho a vivir”, para justificar la reimplantación de la pena de muerte. Finalmente, no pudo lograrlo desde el punto de vista legal, pero durante estos años en el Perú la pena de muerte parece que estuviera vigente… En Trujillo, por ejemplo, hasta octubre del año pasado la aplicó el Escuadrón de Emergencias de la Policía Nacional, asesinando sistemáticamente a 46 personas. Ni los niños pequeños se salvan de morir, como le ocurrió a Imel Huayta, de seis años y a los hermanitos Rosa Linda, de apenas un año, y Moisés Pichardo, de cinco, asesinados con sus padres en setiembre pasado (ver RP 223, Masacre de Río Seco).

El autoritarismo se muestra en la restricción de la libertad de circulación por diversas razones, desde la represión a manifestaciones “no autorizadas” hasta el arresto domiciliario colectivo que se impuso para el censo de octubre del 2007. También se aprecia por el incremento de las detenciones arbitrarias, la tortura en comisarías y cuarteles, las amenazas a periodistas, la clausura de medios de comunicación críticos del gobierno (en abril del 2007 varios canales de Chimbote fueron clausurados tras mostrar como el joven agricultor Marvin Gonzales era asesinado por la policía).

Y si alguien todavía duda del autoritarismo del régimen, sería bueno que revisara los Decretos Legislativos aprobados en julio del 2007, que indican que no se juzgará a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y permite la detención sin mandato judicial.

Sin embargo, no es suficiente el autoritarismo para explicar la cantidad de muertes. Mas bien, los gobiernos autoritarios suelen procurar llegar a una empatía con la población más pobre. Este no es el caso del Perú, por el segundo factor, que es el menosprecio por la mayoría de ciudadanos.

Este menosprecio está marcado por un racismo que en los últimos años parece ser el mismo que existía en tiempos coloniales: los indígenas andinos y amazónicos son percibidos como seres prescindibles. Por eso, es que, pese al crecimiento económico, las cifras de niños muertos por frío en la zona andina aumentan de año a año. Por ello, se podía ordenar a la policía disparar indiscriminadamente sobre los nativos amazónicos o los habitantes de Bagua.

Para saber lo que García piensa sobre los campesinos andinos y los indígenas amazónicos, basta leer sus artículos donde los califica de “perros del hortelano”, que no aprovechaban sus tierras comunales por lo que era mejor entregarlas a grandes inversionistas. García pasó de las palabras a la acción, enviando al Congreso una serie de proyectos de ley para debilitar los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, imponiendo, por ejemplo, servidumbre obligatoria a favor de empresas mineras o petroleras. Aunque estos proyectos fueron rechazados por el Congreso, García logró en junio del 2008, que fueran aprobados como Decretos Legislativos, con el argumento, desmentido por algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, que permitiría la implementación del Tratado de Libre Comercio con dicho país.

Al gobierno no le importó mucho la abierta violación del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, que el Perú ha ratificado desde 1993, reconociendo así el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en todas las decisiones que les afecten, el respeto por sus territorios tradicionales y sus valores culturales.

Por meses los indígenas amazónicos protestaron contra estas normas, en medio de la indiferencia del gobierno. En abril, las organizaciones indígenas dispusieron un paro pacífico de protesta… y a los pocos días, el gobierno volvió a entregar el territorio de diversas comunidades nativas a empresas petroleras. Los Obispos de la Selva y numerosas organizaciones de la sociedad civil pidieron que los decretos fueran derogados, sin que fueran escuchados.

Es más, lejos de acceder a un diálogo serio, se dispuso el Estado de Emergencia sobre todas las provincias donde los indígenas se movilizaban. En el Congreso la discusión sobre la derogatoria de los decretos fue postergada por los parlamentarios apristas una y otra vez, mediante diversas maniobras y pretextos.

Finalmente, en la madrugada del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Mercedes Cabanillas anunció que los indígenas habían atacado un helicóptero y matado un policía. En realidad, el gobierno comenzaba a mentir con el mayor cinismo (el ataque a un helicóptero se produjo en el VRAE), mientras se producían violentos ataques hacia los indígenas en la denominada Curva del Diablo, arrojando bombas lacrimógenas y disparando al cuerpo de los nativos. Los llamados al cese del fuego de parte de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo no fueron escuchados por las autoridades policiales que inclusive impidieron la atención médica de los heridos.

La terrible reacción de algunos indígenas, que mataron en la madrugada del seis a nueve policías desarmados demuestra la subsistencia de patrones culturales donde también la vida humana pasa a segundo plano. Existían terribles antecedentes recientes como el asesinato de cuatro brigadistas de salud y la masacre de Flor de la Frontera, pero, como sucedió en enero en los bosques de Pómac, la vida de los propios policías no es importante para las autoridades, salvo para usar las muertes con fines políticos.

¿Era posible otra alternativa para esta crisis? Por supuesto que sí, si se pensaba en los indígenas amazónicos como ciudadanos peruanos o como seres humanos…, pero, como sucedió en los años ochenta, quienes están en el poder están muy lejos de llegar a estas ideas. Las Fuerzas Armadas y Policiales se siguen comportando en la zona como un ejército de ocupación.

Durante los años que recorrí los ríos amazónicos, nunca encontré la tierra exótica y sensual que suele existir en la mente de algunos limeños… Me vi siempre rodeado de pobreza, abandono y sufrimiento, donde los indígenas eran especialmente explotados. Para ellos, las autoridades peruanas eran un grupo de personas egoístas que sólo querían despojarles de sus tierras. Después de los últimos acontecimientos, difícilmente alguien podría decirles que están equivocados. El gobierno no manifiesta, hasta el momento, ningún interés en derogar los Decretos Legislativos que han generado tanto sufrimiento.

Este jueves 11 de junio, la OIT ha pedido que el Estado peruano responda ante el reiterado incumplimiento del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas. En realidad, el actual gobierno debe responder ante muchos otros hechos, entre ellos, haber eliminado toda la legitimidad que el sistema democrático podía tener para los nativos amazónicos.