Reflexiones Peruanas Nº 248: Algunas Precisiones

Una amiga mía recibió la noticia de la sentencia de Fujimori en una localidad de Junín. Ella es una activa defensora de los derechos humanos, ha logrado que familias dispersas por la violencia se puedan reencontrar y ha promovido campañas contra el maltrato infantil y la pena de muerte. Cuando escuchó por radio la sentencia, quiso llorar de emoción… pero las mujeres con las que estaba reunida no tenían los mismos sentimientos. Varias dijeron que Fujimori les había devuelto la paz a sus comunidades.

-Ahora regresará el terrorismo-, dijo una de ellas.

Como dándole la razón, dos días después catorce soldados, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados por una columna narcoterrorista en el VRAE. Algunos políticos aprovecharon para responsabilizar de este crimen a los organismos de derechos humanos.

Este panorama obliga a realizar varias precisiones importantes: la primera es que las violaciones a los derechos humanos deben ser sancionadas, en el Perú y en cualquier otro país. Eso sí, normalmente los violadores a los derechos humanos eran juzgados o condenados después de haber perdido su poder, sea por una derrota militar, como sucedió con los nazis, o política, como sucedió con los generales argentinos. Uno de los méritos del juicio a Fujimori es que pudo realizarse pese al poder que su entorno conserva en el Congreso, en varios medios de comunicación y en un sector de la opinión pública.

Las siguientes precisiones se dirigen a Keiko Fujimori, quien sostuvo que la sentencia era “producto del odio”. Si ella o su padre atisbaron tendencias al “odio” en los jueces y fiscales que intervinieron en el proceso, tuvieron mucho tiempo para recusarlos. Muestras de odio fueron mas bien los ataques de grupos fujimoristas contra el memorial El Ojo que Llora. En estos casos, los agresores están tan ciegos que profanan también la memoria de miles de víctimas de los grupos subversivos. La sentencia, en cambio, no es un documento impulsado por alguna revancha política o por sentimientos de rencor, sino la aplicación de un razonamiento jurídico sólido e impecable. 25 años de prisión tampoco son una pena tan elevada, si se compara con las que han obtenido otros responsables de violaciones a los derechos humanos, dentro y fuera del país.

La sentencia contra Fujimori no tiene por qué fortalecer el terrorismo, sino la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Es más, la aplicación del principio de la autoría mediata permitirá sancionar a líderes terroristas por los crímenes que cometan los integrantes de sus organizaciones.

Una precisión adicional es que los crímenes cometidos por el Grupo Colina, no fueron formas “eficaces” o “necesarias” de combatir el terrorismo. Esta precisión tiene una importancia muy actual, porque, después del asesinato de los catorce soldados, algunos líderes políticos y militares insisten en que es imposible combatir el terrorismo respetando los derechos humanos. La verdad es que desde las masacres sistemáticas de campesinos realizadas en tiempos de Fernando Belaúnde hasta la ejecución de la familia Pichardo, cometida en septiembre pasado, (RP 223) las violaciones a los derechos humanos en nada contribuyen a debilitar a los grupos terroristas. Eso sí, contribuyen al descrédito de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas.
Aunque no pensaba que sería necesario, hago también una precisión de índole sobrenatural: ni la muerte de los soldados, ni el derrumbe del puente de Coracora, ni el incendio del ómnibus en Cañete son “castigos de Dios” al Perú por la sentencia de Fujimori, salvo que Dios sea un ser cruel e inhumano que genera el sufrimiento de personas inocentes. Lamentablemente, hay quienes creen que Dios es así y por eso entre los partidarios de Fujimori o de otros violadores de los derechos humanos hay también personas sumamente religiosas.

La última precisión se refiere precisamente a quienes, pese a la corrupción generalizada, las esterilizaciones forzadas, la precariedad laboral o los inocentes presos, conservan una buena imagen de Fujimori: “Uno de cada tres personas en mi barrio sigue siendo fujimorista”, me dijo la semana pasada un sacerdote que trabaja en Vitarte. Como sabemos, mientras Fujimori manipulaba a los pobres con políticas asistenciales, obtenía también el respaldo de las clases altas, agradecidas porque sentían que, después del gobierno de Velasco, les estaba devolviendo el país.

En ambos casos, destaca por su ausencia la conciencia de derechos y deberes ciudadanos. Por eso, a las señoras de Junín y a todos los que recuerdan nostálgicos el régimen de Fujimori, les es tan difícil aceptar que nadie está por encima de la ley y que quien comete un crimen debe ser sancionado por ello. Si se logra que esto se acepte, habremos dado un paso fundamental en la construcción de una sociedad democrática.