Reflexiones Peruanas Nº 212: Entendiendo la sublevación indígena

Hace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales.

Estos derechos ya habían sido reconocidos por el Estado peruano en 1993, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, las protestas que millares de nativos amazónicos llevan a cabo desde el 9 de agosto reflejan su descontento porque los compromisos internacionales del gobierno están muy alejados de su verdadero comportamiento.

Desde la violenta expedición de Francisco de Orellana, quien hacía capturar y torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, en sucesivos períodos históricos, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.

Sin embargo, en el siglo XVIII, los españoles habían perdido el control sobre la Amazonía debido a dos acontecimientos. En 1742, Juan Santos Atahualpa dirigió una masiva sublevación de asháninkas, yáneshas y nomatsiguengas en la Selva Central, expulsando a las misiones franciscanas y a los soldados que les apoyaban. Un cuarto de siglo después, en 1767, fue la propia Corona española la que dispuso la expulsión de los misioneros jesuitas que laboraban en los actuales departamentos de Loreto y Amazonas.

De esta forma, cuando San Martín proclamó la Independencia, los indígenas amazónicos vivían libres e independientes desde hacía varias décadas. Sin embargo, los nuevos gobernantes criollos no los percibían como ciudadanos ni como peruanos y consideraban al suelo amazónico res nullius, es decir sin ningún propietario reconocido. Por lo tanto, el Estado se consideraba facultado para adjudicarlo a quien quisiera, menos a los propios indígenas.

Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos. Los reclamos internacionales por los abusos cometidos eran considerados por las autoridades como una inaceptable interferencia en los asuntos internos.

Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, lo cual no solamente afectaba la propiedad de los indígenas, sino su propia vida. Uno de los episodios más crueles es relativamente reciente: los indígenas matsés o mayorunas fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Peruana durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde.

Recién en 1974, durante el gobierno de Velasco, se dictó la Ley de Comunidades Nativas y la Constitución de 1979 estableció que sus tierras sólo podían ser vendidas si dos tercios de sus integrantes estaban de acuerdo. Sin embargo, la relación que los indígenas tienen con la tierra va más allá del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a ella. Por eso, les parece absurda la posibilidad de vender las tierras comunales.

En la actualidad, los títulos de propiedad parecen tener poco valor para las autoridades peruanas, porque el Estado otorga concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Aún las actividades extractivas que se realizan fuera de los territorios comunales pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y a la salud de los nativos. La ausencia o la complicidad de las autoridades hacen muy difícil que estos hechos sean sancionados. El canon o las regalías que pagan las empresas tiene el mismo destino que las donaciones por el terremoto: la población no percibe ningún beneficio concreto.

El gobierno de Alan García parece empeñado en otorgar toda la Amazonía en concesión y, para que no queden dudas de sus intenciones, hace unas semanas, mediante el Decreto Legislativo 1064, dispuso que pueden realizarse actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre.

De hecho, para el actual gobierno los indígenas amazónicos parecen ser, en el mejor de los casos, un atractivo turístico. Para mí, siempre ha sido conmovedor ver a los nativos izar la bandera y cantar el Himno Nacional en sus comunidades, porque demuestran lealtad hacia un Estado que no se preocupa por respaldar sus derechos.

Cuando, en lugar de bailar y para los turistas, los indígenas exigen respeto, se vuelven sumamente incómodos y, entonces, el Estado sí se hace presente, pero para reprimir de manera violenta e indiscriminada, como sucedió en marzo en Andoas y en julio en Puerto Maldonado.

El gobierno ha anunciado que no derogará las normas cuestionadas por los nativos. ¿Pretenderá nuevamente resolver esta crisis en base a la violencia o comenzará a cumplir con sus compromisos internacionales?



El aporte (sobre la RP 211):

Mi prima fue una de las religiosas muertas en la iglesia de Pisco, un templo que, con o sin terremoto era una trampa mortal. A ello se suma que el rescate de las víctimas empezó 41 horas después del terremoto. Por eso dudo que mi prima haya muerto por acción del destino o la furia de la naturaleza. (Un abogado de Huancayo).

Yo pude recolectar 200 toneladas de viveres y llevarlos personalmente en seis viajes realizados a Cañete, Chincha, Pisco e Ica. La reacción del gobierno nunca se vio. Era increíble que teniendo un aeropuerto militar al lado de Pisco, los víveres no fueran repartidos. Acumularon por una semana todo en un hangar y muchos alimentos se descompusieron mientras los damnificados pedían ayuda. Desde los altos funcionarios hasta los ayudantes de los camiones robaban productos. Nosotros teníamos que actuar directamente, porque los dirigentes daban a entender que pertenecíamos a su propia agrupación política. En las zonas urbanas la presencia policial era inexistente, sobre todo en Chincha donde hubo una ola de asaltos en Ticos. Al final, la gente tuvo que organizarse y cerrar sus calles con piedras y palos, haciendo rondas por las noches. (Un ingeniero)

Un acto de lealtad hacia quienes sufrieron en Pisco sería realización de una auditoría para detectar qué sucedió con el dinero de las donaciones (Un abogado cusqueño)

Además…

-Miles de habitantes de Cañete, Chincha, Pisco e Ica recordaron el aniversario del terremoto del 15 de agosto con oraciones y también con protestas porque nadie sabe qué ocurrió con las millonarias donaciones recibidas por el gobierno. Eso sí, tres días antes, una absurda y opulenta fiesta en el Palacio de Gobierno demostró nuevamente la insensibilidad del régimen.

-Fue extraditado al Perú Juan Rivera Rondón, uno de los militares responsables de la masacre de Accomarca, ocurrida a las pocas semanas de iniciado el primer gobierno de Alan García, siguiendo el patrón de exterminio establecido durante el régimen de Belaúnde.

-Felicitamos a la Municipalidad de Caylloma por la publicación de la Ordenanza 019, que sanciona a los locales del valle del Colca y el resto de la provincia que tengan prácticas discriminatorias.

-Hablando de Ordenanzas, ha entrado en vigencia la Ordenanza de la Municipalidad de Sullana, que incluye la obligación de todos los locales que atiendan al público de colocar un letrero con la indicación que no se producirán prácticas discriminatorias.

-Cinerama El Pacífico y la Sociedad Peruana de Psicoanálisis se exponen a severas sanciones por parte de las autoridades al haber publicado avisos que vulneran abiertamente la Ley 26772 sobre ofertas de empleo.

-Como los malos ejemplos a veces son los más fáciles de seguir, las Municipalidades de Pueblo Libre y Jesús María vienen realizando "obras viales" de manera totalmente desordenada e improvisada.

La frase W:

El negocio del año sería vender piñatas del Alcalde Castañeda a los choferes y vecinos afectados por su errática gestión.