Reflexiones Peruanas Nº 197 La Transición que Nunca Llegó

En estos días, debido a que desde hace tres años trabajo en APRODEH, he recibido los mensajes de solidaridad de numerosas personas. Para algunos, nada de lo que digan Lourdes Alcorta, Aldo Mariátegui o Mauricio Mulder puede ser cierto, por lo que seguramente APRODEH habrá tenido razón en todo lo que haya hecho o dicho. Otros coinciden con la carta enviada al Parlamento Europeo indicando que el MRTA ya no existe y elogian la valentía de APRODEH. Existen quienes también se solidarizan, pero creen que la carta fue un error, que ha afectado a todo el movimiento de derechos humanos.

En cuanto a mí, he considerado siempre al MRTA como un grupo terrorista, empeñado además en brutales prácticas de “limpieza social” (RP 107), pero creo que la furibunda campaña contra APRODEH siembra dudas sobre la existencia en el Perú de un “proceso transicional”.

Se denomina así a lo ocurrido en varios países de Centroamérica y el Cono Sur, donde se pasó de un conflicto armado o una cruenta dictadura a una situación de democracia, la cual permitía juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

Sin embargo, el caso peruano es diferente, porque el fin del conflicto armado interno en 1992 llevó mas bien a la afirmación del régimen de Fujimori y éste, con los sectores neoliberales, aprovecharon la situación para proclamar una Constitución donde se eliminaban las disposiciones que garantizaban los derechos sociales.

Resulta paradójico que el trascendental juicio a Fujimori se produzca mientras dicha Constitución sigue vigente y en muchos aspectos que afectan a los sectores más vulnerables, pareciera que él sigue gobernando: la precariedad en que se encuentran millones de trabajadores, la ausencia de un sistema de transporte público, los abusos de la ONP, el carácter costoso y temporal del DNI, las presiones sobre las comunidades campesinas y nativas. Los sucesores de Fujimori prefirieron continuar dichas políticas.

A esto se añade que durante, los ocho años siguientes al fin del conflicto, Fujimori y los militares lograron generar un sentido común que todavía subsiste: “las violaciones a los derechos humanos fueron el lamentable costo a pagar para conseguir la paz y el desarrollo”. Naturalmente, esta percepción convenía también al APRA y a los integrantes de Acción Popular.

Por eso, aunque como en otros procesos transicionales, tuvimos una Comisión de la Verdad, ésta no alcanzó el respaldo de la mayoría de ciudadanos ni de las fuerzas políticas. Mas bien, la virulenta reacción multipartidaria contra el Informe Final demostró que el grupo victorioso en el conflicto armado se mantenía de facto en el poder y rechazaba todo cuestionamiento. Una muestra de ello es que Belaúnde sea recordado como un gobernante tolerante y mesurado, a pesar que durante su gobierno se cometieron las peores masacres de nuestra historia republicana.

Entretanto, como ocurría en los años autoritarios, la muerte de quince personas por las fuerzas de seguridad durante el régimen de Toledo quedó en la impunidad. El retorno al poder de García complica aún más el panorama, porque esa cifra luctuosa ha sido superada en menos de veinte meses. El miércoles pasado, la policía asesinó a otro campesino en Puno.

Dos elementos adicionales agravan la situación: la ausencia de pluralismo en los medios de comunicación, especialmente la televisión, y los continuos ataques del régimen y sus allegados a quienes apoyan los derechos de campesinos y nativos (Grufides, Fedepaz o Racimos de Ungurahui).

Como queriendo confirmar que jamás hubo una transición, durante este año los voceros del régimen sostienen que aparentemente seguíamos, sin saberlo, viviendo un contexto de violencia armada: con total ligereza emplean el término terrorista para descalificar organizaciones sociales, universidades, protestas ambientales e instituciones.

Se pasa también de la difamación a la acción: en Piura, 35 autoridades, líderes campesinos e integrantes de ONG han sido denunciados como terroristas. Sin juicio ni sentencia Carmen Azparrent, Melissa Patiño y otras cinco personas, han sido sometidas al régimen carcelario más severo, aunque no existe ninguna prueba para involucrarlas como terroristas.

Resulta extraño que antes de una cumbre internacional el gobierno en lugar de generar confianza, parezca empeñado en reactivar el temor al terrorismo. Sin embargo, aún antes de ello, la situación era preocupante: se ha establecido hasta 25 años de prisión para quienes bloqueen carreteras en protestas sociales (en tiempos de Fujimori eran tres años) y se ha dispuesto la inimputabilidad de militares y policías que maten civiles.

En los peores años de la violencia, trabajar en derechos humanos implicaba enfrentar riesgos, amenazas, campañas de desprestigio y, muchas veces, una sensación de soledad. En mi caso, la solidaridad que mencionaba al principio, ha impedido que esta sensación aparezca, pero en los últimos días he confirmado mi percepción que el Perú no llegó a vivir un verdadero proceso transicional.

Además...

-Fallecido en Puno el pasado miércoles, Justo Loma Angles se ha convertido en la quinta víctima mortal de la violencia policial en lo que va del año. Como en los casos del niño Imel Huayta y de Miguel Añamuro, los autores fueron los policías de Aduanas. Los familiares de Loma sostienen que él no tenía ninguna relación con el contrabando.

-Hablando de muertes que nunca debieron ocurrir, Luis Bocanegra, Jorge Huapaya, Juan Lima y Floro Ricardi fallecieron sepultados en una construcción en Miraflores. La improvisación, la informalidad y la falta de control por las autoridades ya ha generado doce obreros muertos en lo que va del año. El Colegio de Ingenieros ha pedido que la Ley 29090 sea derogada, porque flexibiliza aún más los trámites para edificar viviendas.

-Hablando de negligencias, a menos de 24 horas después de su inauguración, se produjeron tres graves accidentes en el intercambio vial Hábich debido a la falta de barandas en los puentes peatonales y la mala señalización. La segunda gestión de Castañeda Lossio sigue mostrando su improvisación.

-Publicada el viernes 2 de mayo, la Ley 29222 extiende a ocho años el plazo de vigencia del DNI y prohibe que la falta de actualización de datos impida a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles.

-Hacemos llegar nuestra felicitación a la Municipalidad de Huamanga por la publicación de una Ordenanza contra la Discriminación. Apenas tengamos el texto completo la haremos llegar a todos los lectores. Al parecer sería similar a la Ordenanza aprobada por la Municipalidad de Abancay (RP 188).

-En el Perú la frecuencia de homicidios es 20 veces menor que en Colombia y 3 veces menor que en Chile. A pesar de ello, los peruanos se encuentran entre los latinoamericanos que más temen a la delincuencia (y algunos hasta temen ir al Parque Kennedy, RP 193).

-Como en años anteriores, persisten los agravios a millones de madres peruanas por parte de las agencias de publicidad, que consideran sus rostros indignos de aparecer en los comerciales que preparan.

-La frase W:

La clase que preparas con más esmero es aquella a la que menos alumnos asisten.