lunes, abril 21, 2008

Reflexiones Peruanas Nº 195 En caso de duda, manténganlos encerrados

“¿Y si me matan a mí? ¿Y si matan a alguien de mi familia?”

Esos eran los terribles temores que enfrentaban los limeños allá por 1992, cuando la capital estaba asediada por coches bomba y los “paros armados” ordenados por los senderistas.


Mientras esto sucedía, el régimen de Fujimori encarcelaba a millares de personas acusándolas injustamente por terrorismo. En procesos sumarios, con jueces sin rostro, eran condenadas a penas elevadísimas. Quienes trabajaban en las cárceles, sabían que se trataba de personas inocentes, que eran hostilizados por los verdaderos senderistas.


Sin embargo, para la mayoría de ciudadanos, el miedo había sido tan grande, que era preferible tener un inocente preso que arriesgarse a que un posible terrorista saliera en libertad. Dieciséis años después, esa misma actitud se repite frente a Carmen Azparrent, Melissa Patiño y las otras cinco personas detenidas en Aguas Verdes.


La señora Azparrent conoce la violencia de cerca, porque su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado por los senderistas en 1989, cuando era alcalde de Ayacucho. Ella vivía en Huancayo, con su esposo y sus dos hijos, la menor de los cuales cumplió quince años hace dos semanas, mientras ella estaba presa en el penal de Chorrillos.

A fines de febrero, Carmen Azparrent viajó a Quito para una reunión de la llamada Coordinadora Bolivariana que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica, administrada por la congregación salesiana, y en la Casa de la Cultura de Quito. A ella le interesaba porque se iba a discutir la problemática de medio ambiente, un tema que afecta severamente al valle del Mantaro.

Durante el viaje de regreso, la señora Azparrent se dirigió a Machala, para averiguar sobre las operaciones gratuitas a la vista que allí se realizaban. Sin embargo, los hospitales de la zona concentrados en atender a las víctimas de fuertes inundaciones y ella decidió regresar al Perú.

Al llegar a Tumbes, llamó al celular de otra huancaína, la señora Socorro Gabriel, que también había acudido a la reunión de Quito, para ver si podían regresar juntas. Socorro le contestó diciendo, entre sollozos, que la habían detenido por terrorismo, con otros cinco participantes en el evento. La llamada se cortó y, desesperada, la señora Azparrent decidió buscar a su amiga en las comisarías de Tumbes, para llevarle agua y comida.


Al no hallarla en Tumbes, decidió dirigirse hasta Aguas Verdes, donde efectivamente, se encontraban los detenidos... y a ella también la detuvieron. Resulta curioso que se pueda considerar terrorista a quien por voluntad propia acude a una comisaría.

Al día siguiente, la policía señaló que había detenido a siete terroristas que pretendían atentar contra las cumbres internacionales. La única prueba era la participación en la reunión de Quito y, francamente, resulta poco creíble la existencia de una red de terrorismo internacional que recluta mujeres de avanzada edad y enfermas (la señora Azparrent padece de lupus y la señora Gabriel y otra detenida sufren de cáncer). En el caso de Melissa Patiño, la única detenida joven, centenares de artistas e intelectuales sostienen su inocencia.

Sin embargo, como sucedió en los años noventa, muchas personas que conocieron la noticia, experimentaron una vaga sensación de alivio y, a pesar de la ausencia de pruebas, no les incomoda mucho que se prolongue la detención. En el penal de Chorrillos, además, se ha colocado a las seis mujeres bajo el mismo régimen estricto que se aplica a las terroristas más avezadas... aunque ni siquiera han sido juzgadas o sentenciadas.

Sólo cuando las personas van distanciándose de sus temores, comienzan a percibir lo evidente: la detención en Aguas Verdes se debe a la creciente intolerancia del régimen y a que éste pretendía, a la vez, mostrar su eficiencia e intimidar a posibles opositores.

En ese contexto, resulta lamentable el papel del Director de la Policía Nacional, Octavio Salazar. Muchas personas en Trujillo recuerdan cuando logró reducir la delincuencia en esa ciudad, que actualmente debe ser la más peligrosa del Perú. Sin embargo, actualmente, tiene mucho que explicar, como la muerte de tres campesinos el pasado mes de febrero, la violenta represión a todo tipo de manifestaciones sociales (desde activistas homosexuales hasta antitaurinos), los allanamientos a bares y cafés en el centro de Lima y las detenciones a decenas de personas por no portar documentos, todo lo cual termina presentándolo como un individuo poco preocupado por los derechos ciudadanos.

Ha pasado mes y medio desde que la señora Azparrent fue detenida y para desesperación de sus familiares, su salud se viene deteriorando seriamente. A pesar de ello, las autoridades del penal no permiten aún que sea examinada en un hospital. El prolongado encarcelamiento de una madre de familia enferma, víctima ella misma de la violencia terrorista, genera serias dudas sobre que realmente estemos viviendo en un Estado de Derecho.

Además…

-Lamentamos el absurdo cierre de la Biblioteca Nacional, debido a realización de la próxima cumbre de presidentes americanos y europeos en el Museo de la Nación. Si se hubiera elegido un centro de convenciones no se afectaría tantas instituciones culturales.

-Dado que las autoridades se muestran incapaces de cumplir la ley, cientos de choferes han decidido dejar de pagar el peaje ilegal de la avenida Faucett, que nunca debió instalarse (RP 33: Yo concesiono, tú congestionas, ellos pagan).


-El gobierno francés advirtió a sus ciudadanos sobre los peligros que entraña sobrevolar las líneas de Nazca. Haría bien el gobierno peruano en suspender los vuelos hasta que hayan desaparecido las condiciones de precariedad e informalidad de las diversas compañías.

-Mañana 22 de abril se cumplen cuatro años de la muerte del rondero Reemberto Herrera, asesinado por la policía, mientras participaba en una marcha de protesta contra la empresa minera Majaz. El campamento de la empresa, ahora en manos del grupo chino Zijin, continúa ocupando el territorio usurpado a dos comunidades campesinas.

-Hablando de abusos policiales, fueron apresados los tres policías implicados en la violación de un detenido en Ascope (La Libertad).

-En las últimas tres semanas, los cuerpos de casi veinte personas, ejecutadas durante el gobierno de Fernando Belaúnde, han sido exhumadas en el Cuartel Los Cabitos de Ayacucho.


-Hacemos llegar nuestra solidaridad con los abogados Laurence Chunga y Daiana Serván, quienes después de muchos años de trabajo comprometido con los derechos humanos han debido retirarse de Diaconía, la ONG piurana donde laboraban. Se está produciendo una situación similar a la que llevó al cierre de las Vicarías de Solidaridad de Juli y Ayaviri (véase la RP 125: La Incierta Navidad del Padre Francisco)


-Saludamos a todos los lectores de Chiclayo, que han celebrado el aniversario de su ciudad, y a los de Huamanga, que se encuentr
an ahora en plena semana de festejos.

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