viernes, agosto 03, 2007

Reflexiones Peruanas Nº 157: García y Toledo: peligrosas semejanzas y peligrosas diferencias

-¿Adónde pido garantías para el plantón que vamos a organizar? –me preguntó hace poco un estudiante de la Universidad Villarreal, empeñado en exigir la extradición de Fujimori.

La pregunta refleja la mayor diferencia entre el gobierno de Alan García y su predecesor: la creciente restricción de los derechos fundamentales. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente en lugares públicos, salvo que empleen armas u obstruyan el tránsito. Pueden pedir garantías si lo consideran necesario, para evitar ser agredidos por terceros, estando las Fuerzas Policiales obligadas a proporcionárselas.

En los últimos meses, sin embargo, la Policía Nacional viene interpretando la solicitud de garantías como una especie de “autorización para manifestarse”. Quienes no cuentan con las garantías corren el riesgo de ser golpeados, detenidos e incomunicados por la propia policía, a semejanza de lo que ocurría a fines del régimen de Fujimori.

Este proceso es bastante comprensible, porque otra diferencia con el régimen de Toledo es que, a la sólida alianza que éste tenía con los grupos de poder económico, el régimen actual ha permitido que se incorporen entusiastas los sectores militares y fujimoristas.

Como ha sucedido en otras experiencias históricas, cuando un régimen se vuelve paulatinamente represivo, la mayoría de ciudadanos prefiere ignorarlo, si no se sienten directamente afectados. Cuando el caricaturista Piero Quijano fue censurado en la Casa-Museo de José Carlos Mariátegui, algunos artistas y periodistas reaccionaron sorprendidos y escandalizados, pero deberían haber tomado en cuenta los antecedentes de los últimos doce meses: desde la desaparición de la columna de César Hildebrandt tras algunas revelaciones incómodas, hasta la absurda detención de los campesinos de Chacas; desde la ley que restringe las actividades de las ONGs hasta la masiva detención de dirigentes del SUTEP sin orden judicial; desde el impulso a la pena de muerte, hasta la irrupción en las viviendas de Guillermo Bermejo y Omar Paredes.

En cuanto a las demandas sociales, lamentablemente, no existen diferencias saltantes con los tiempos de Toledo: se mantiene la misma incapacidad e indiferencia, como lo ha demostrado la reacción improvisada ante la cantidad de campesinos fallecidos por el invierno en la zona andina. El agravante, claro, es que el gobierno actual tiene aún más recursos.

Resulta muy positivo que se hayan restringido aquellos gastos suntuarios que caracterizaron a Toledo, desde los viajes a China en avión presidencial hasta los sueldos escandalosos de los funcionarios públicos, pero más allá de la retórica, la población no siente beneficios concretos. De hecho, ahora que se podría eliminar el analfabetismo, asegurar que los documentos de identidad sean gratuitos para todos los ciudadanos o que existan ómnibus escolares en las zonas rurales no hay pasos efectivos en estas direcciones. Ni siquiera el Ministerio de Salud ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional para salvaguardar la salud de los niños de La Oroya.

Eso sí, este régimen parece considerar más oportuno invertir dinero en golpes de efecto: en setiembre del año pasado millones de personas fueron vacunadas contra la rubeola... una enfermedad casi inexistente (el último caso que yo conocí fue hace más de treinta años). Para miles de puneños, cruzar la frontera y ser operados gratuitamente por médicos cubanos en Bolivia resulta más práctico que esperar que su propio gobierno se acuerde de ellos.

En cuanto al empleo, debe reconocerse que existe una mayor incidencia de las inspecciones laborales, con el respaldo del Decreto Supremo 016-TR-2006, que establece severas sanciones para numerosas infracciones. Sin embargo, la mayor parte de la herencia de Toledo (y Fujimori) se mantiene intacta: dentro del propio Estado, millares de empleados, obreros y profesionales se encuentran por años en situación de precariedad a través de los llamados “servicios no personales”. En el sector privado, los trabajadores precarios siguen siendo frecuentes víctimas de accidentes de trabajo, como sucede en el sector minero, donde las huelgas han sido mucho más numerosas que en tiempos de Toledo.

En casos como Casapalca, la empresa textil Topy Top o la agroexportadora Camposol, los trabajadores han enfrentado despidos y golpizas por el simple hecho de organizarse en sindicatos. Mientras esto sucedía, el gobierno de García aseguraba al de Estados Unidos la plena vigencia de los derechos laborales en nuestro país. Se trata, mas bien, de efectos retóricos, como instituir el Día de las Trabajadoras del Hogar, sin tomar medidas efectivas para apoyarlas.

En cuanto al medio ambiente, aunque Toledo no estaba precisamente comprometido en este tema, los retrocesos han sido marcados: se ha impedido a las Municipalidades crear zonas ecológicas y se han otorgado mayores facilidades para que las concesiones de exploración minera, disminuyendo la participación de la población. Desde Perú Petro se busca inclusive negar la existencia de pueblos indígenas aislados para entregar los lugares donde éstos viven a empresas petroleras.

Como Toledo, García ha tenido que enfrentar muchas protestas sociales, pero éstas ya no están motivadas por alcaldes corruptos o conflictos limítrofes con otras provincias, sino un descontento hacia el gobierno central. En las últimas semanas, solamente Lima y algunas ciudades del norte del país no quedaron paralizadas por las movilizaciones. Más allá de las cifras económicas positivas, la sensación de malestar está muy presente, como recuerda el pronunciamiento por Fiestas Patrias de la Iglesia Católica. Afortunadamente, ningún vocero del régimen se atreve ahora a hablar de “chorreo”, que se consideraría una expresión inaceptable e insultante.

Sin embargo, probablemente la diferencia más marcada es la violenta respuesta del régimen a las protestas sociales y, en general, un accionar policial donde disparar primero y preguntar después se hace cada vez más frecuente, como ocurrió con las muertes del empresario Guillermo Li o el niño Imel Huayta cerca de Ilave. En los cinco meses desde que Luis Alva Castro asumió el Ministerio del Interior han fallecido más personas a consecuencia de excesos policiales que en cualquiera de los cinco años que gobernó Toledo.

Al parecer, es muy posible que estas muertes se multipliquen: el 22 de julio se publicó el Decreto Legislativo 982 que dispone la inimputabilidad de los militares y policías que maten personas empleando sus armas reglamentarias y en cumplimiento de su deber. Seguramente, los policías involucrados en las ocho muertes ocurridas en lo que va del régimen invocarán esta causal para evitar cualquier sanción. Inclusive desde la prisión norteamericana donde se encuentra, puede usarla en su favor el sanguinario Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca. Debe señalarse, en honor a la verdad, que ni en los peores tiempos de la violencia política se planteó una norma semejante.

En general, no parece que el actual gobierno otorgue mucho valor a la vida humana: mientras la sanción penal para el homicidio es de 15 años, el Decreto Legislativo 982 dispone que si dos personas bloquean pacíficamente una carretera enfrentan hasta 25 años de cárcel, porque esta conducta es considerada una forma agravada de “extorsión”.

Las nuevas normas fueron presentadas como mecanismos eficaces contra el crimen organizado, pero mas bien constituyen nuevas formas de criminalizar las protestas sociales. El transfondo político resulta muy evidente, porque en la concepción de extorsión se incluye la participación en huelgas de las autoridades regionales y locales, sancionándolas con inhabilitación. En realidad, existe un problema de redacción, porque las autoridades no suelen involucrarse en huelgas y sí en otras movilizaciones sociales, que sería aquello que se intenta impedir. En todo caso, el decreto no distingue entre la incitación a actos violentos, que sí debería acarrear la inhabilitación, y las expresiones populares pacíficas y justas.

Mientras el Decreto 982 viene generando hondo rechazo al interior del país, los optimistas confían en que las nuevas medidas represivas sean una respuesta desesperada frente a las demandas sociales y que pronto serán derogadas. Los pesimistas sostienen que se trata de un camino sin retorno hacia el autoritarismo. La situación de las libertades democráticas y los derechos humanos en los próximos meses nos mostrará quiénes tuvieron la razón.


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Además...

-Fueron internados en la cárcel de Huancayo varios médicos implicados en emitir certificados falsos de discapacidad para lograr que algunas personas obtuvieran indebidamente pensiones de jubilación en la ONP.

-La Municipalidad de Trujillo sancionará a todos los conductores que abusen del claxon. Sería muy positivo que medidas similares se aplicaran en otras ciudades ruidosas como Piura, Chiclayo y Arequipa.

-El impedimento para que se realice una inspección laboral en las instalaciones laborales de Panamericana Televisión pone de relieve los abusos que se cometen en algunas empresas periodísticas.

-40 millones de soles ha costado la instalación de fuentes luminosas en el Parque de la Reserva … en el cual ahora se cobra 4 soles por ingresar. Una cantidad de dinero que hubiera servido para satisfacer necesidades más importantes de muchos limeños.



RELACIÓN DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS POLICIALES DURANTE EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006, Sicuani, Cusco. Jonathan era un adolescente de 17 años, que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la policía abrió fuego contra la población.

Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006, Abancay, Apurímac. Participaba en unas protestas contra la Presidenta Regional.

Guillermo Li, 6 de abril del 2007, Lima. Este empresario fue asesinado por integrantes de la comisaría de Monterrico, que aparentemente lo confundieron con uno de sus secuestradores, debido a sus rasgos físicos.

Marvin Gonzales, 11 de abril del 2007, Ancash. Este agricultor participaba en un paro departamental. La policía le disparó por la espalda. Las estaciones de televisión que difundieron los hechos fueron clausuradas a la semana siguiente.

Imel Huayta, 22 de abril de 2007, Puno. Imel, de 8 años, viajaba en un camión con sus padres cerca de Ilave, cuando la policía que realizaba operativo contra el contrabando disparó al parabrisas.

Julio Raymundo y Oscar Fernández, 15 de junio del 2007. Trabajadores de la empresa Casapalca, fallecidos cuando la policía pretendía abrir un bloqueo de la Carretera Central.

Julián Altamirano, 15 de julio del 2007. Campesino de Andahuaylas, fallecido durante las protestas realizadas en esta localidad.

Sergio Alanoca, 19 de julio del 2007. Profesor de Puno, fallecido en el Hospital de Essalud de Juliaca debido al impacto de una bomba lacrimógena ocurrido el 12 de julio, cuando participaba en una protesta del SUTEP.


VÍCTIMA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Octavio Aquino, 19 de marzo del año 2007. Profesor de la comunidad de Huachocolpa (Huancavelica), falleció al parecer a consecuencia de una bala perdida durante un confuso incidente en el que al parecer los militares se enfrentaron a un grupo subversivo.


CASOS EN LOS QUE SUBSISTEN DUDAS

Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006. Campesino de Combayo (Cajamarca), sobre cuya muerte no existe total claridad, siendo también atribuida al personal de seguridad de la empresa Yanacocha. Esta muerte se produjo a cuatro días de asumir el gobierno Alan García y las investigaciones se encuentran paralizadas.

Herminia Herrera, profesora del SUTEP fallecida el 11 de julio del 2007 en el Hospital Rebagliati aparentemente debido a la violencia policial. Las autoridades han negado los hechos.

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