Reflexiones Peruanas Nº 154:... Y después de la clausura, ¿qué sigue?

-Mira, yo no te voy a recibir nada, porque soy racista.

Quien así hablaba con disgusto era un individuo alto y gordo, de cabello castaño y mejillas sonrosadas, a quien yo le estaba ofreciendo la Ley de Trabajadoras del Hogar a la salida del Wong del Ovalo Gutiérrez. En un primer momento sus palabras me desconcertaron, pero luego me di cuenta que estaba viendo mi polo con la leyenda Basta de Racismo.

Se marchó altivo hacia el estacionamiento, llevando de la mano a su hijo de unos ocho años, mientras otras activistas exclamaban:

-¡Pobre niño! ¿Con qué valores estará creciendo?

Lamentablemente no es el único que crece en un ambiente donde se fomenta el racismo. Semanas después de este incidente, una estudiante de la Universidad Católica me comentó:

-Cada vez que hablo sobre racismo en casa, me dicen: “Entonces, ¿con quién estás, con nosotros o con los cholos?”.

Otras personas pueden aún ser más agresivas. En octubre estábamos realizando un plantón frente al Café del Mar, cuando desde un vehículo que pasaba por la avenida Santa Cruz un grupo de jóvenes gritó:

-¡Malditos cholos! ¡Muéranse de una vez!

Minutos después, desde otro automóvil lanzaron una frase similar. Una amiga canadiense preguntó entonces a una mujer por qué se dirigía a un local que había sido multado por prácticas discriminatorias.

-Porque yo también soy racista –dijo ella, con desfachatez

Precisamente porque existen peruanos que se jactan de despreciar a la abrumadora mayoría de sus compatriotas, es tan importante que el viernes pasado, ante una nube de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, los policías municipales de Miraflores hayan colocado en todas las puertas y paredes del Café del Mar los carteles que indicaban CLAUSURADO POR 60 DÍAS.

Por primera vez, las prácticas racistas en el Perú han generado una sanción efectiva, dado que las multas impuestas por Indecopi en los últimos años todavía no han sido pagadas, ni siquiera la que recibió la discoteca Aura en diciembre del 2004.

Además, en un país como el Perú, la clausura del Café del Mar es un precedente trascendental, porque existen personas convencidas que pueden usurpar playas, despedir trabajadores sindicalizados, contaminar ríos o atropellar ancianos en la Panamericana Sur, y que su poder y su dinero les permitirá eludir la ley. En este caso, ni las vinculaciones familiares de Rafael Osterling o Iván Kisik, ni los rumores respecto a que Claudio Pizarro era accionista del local disuadieron a Indecopi o a la Municipalidad de Miraflores a aplicar la sanción prevista.

La clausura constituye una severa advertencia, por ejemplo, para aquellos locales en el Cusco que impiden el ingreso a los peruanos y sólo aceptan turistas de rasgos europeos. Algunos, para que no quepa duda, se anuncian solamente en inglés o hebreo.

Sería muy oportuno que la Municipalidad Provincial del Cusco emitiera una ordenanza similar a la aprobada en Magdalena el año pasado, donde se dispone la cancelación de la licencia de funcionamiento a los locales discriminatorios. En realidad, estas mismas normas deberían existir en Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco y otros distritos donde han venido funcionando locales segregacionistas.

Un área en la cual aún no se aplican las normas vigentes contra el racismo es el ámbito laboral. La Ley 26772 prohibe requisitos discriminatorios en las ofertas de empleo y, sin embargo, todavía hay algunas empresas que exigen “buena presencia”, felizmente muy pocas, como el Café Don Mamino o el Bowling de Larcomar.

Igualmente, desde el pasado octubre, el Ministerio de Trabajo ha incluido como infracción muy grave la discriminación por razón de raza, sexo, origen y cualquier otra índole en la contratación, capacitación y formación del personal (artículo 25.17 del Decreto Supremo 019-TR-2006). No tomaría mucho esfuerzo a los inspectores laborales comprobar, por ejemplo, que las agencias de publicidad contratan personal con criterios racistas.

En materia penal, a pesar que el artículo 323 del Código Penal sanciona con pena de prisión los actos discriminatorios, todavía no existen condenas sobre la materia.

Es posible que las denuncias se incrementen pronto: hace dos semanas organizamos un seminario con cincuenta abogados de todo el Perú para difundir las normas que sancionan el racismo. Las intervenciones del Director Nacional de Inspección de Trabajo, los representantes de Indecopi y la Defensoría del Pueblo y el penalista Yván Montoya ayudaron a tener mayor claridad sobre las conductas discriminatorias.

Naturalmente, antes que aplicar multas, clausurar locales y enviar racistas a prisión, sería importante insistir en sensibilizar a la población sobre el daño que el racismo genera al país... pero creo que, para quienes se jactan de ser racistas, sanciones como la aplicada al Café del Mar serán más efectivas que charlas o afiches sensibilizadores.

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Además...

-Según nos informan quienes lo han escuchado, las continuas expresiones ofensivas del periodista Philip Butters hacia futbolistas negros, peruanos y extranjeros, podrían implicar una denuncia por vulnerar el artículo 323 del Código Penal.

-Felicitamos al INEI por aceptar incluir en el próximo censo una serie de preguntas respecto al ejercicio de los derechos fundamentales, que permitirá saber exactametne cuántos son los peruanos indocumentados.

-Sin mayor despliegue mediático, las alzas en los comestibles han generado mucha preocupación a la población, especialmente a los más pobres.

-Hablando de la dura vida de los pobres, mientras más de 4,000 puneños han logrado atención médica gratuita en Bolivia, incluyendo intervenciones quirúrgicas, resulta escandaloso que en el Perú los hospitales públicos continúen cobrando a los pacientes por tratamientos, medicinas y hasta por “derecho de consulta”. En los hospitales peruanos no se perciben los grandes ingresos que viene recibiendo el Estado.

-Hablando de salud, el nuevo reglamento de ensayos médicos con seres humanos ha sido duramente cuestionado por médicos y congresistas, preocupados por la mayor vulnerabilidad de los ciudadanos.

-Gracias a la intervención de sindicatos españoles y organizaciones internacionales, los 70 trabajadores despedidos por Topy Top fueron repuestos a sus cargos y el sindicato fue reconocido (RP 153). En Casapalca en cambio se mantiene la frustración y lo mismo sucede con los trabajadores despedidos por la empresa agroexportadora Camposol ubicada en Virú, al sur de Trujillo, que empleó un grupo de delincuentes para atacar a balazos a los sindicalistas.

-Hablando de serios problemas laborales, continúan presos en Cajamarca los campesinos de Totorococha, por haberse enfrentado a la empresa Yanacocha y en una prisión iqueña el dirigente de Marcona Rony Cueto. Ante este panorama, es urgente aprobar la propuesta de la Ministra de Trabajo que retire las concesiones a las empresas mineras que cometan reiterados abusos laborales.