Reflexiones Peruanas 160: Cuando la tierra tiembla en un país desigual

La tarde del 15 de agosto había prometido llevar a mi abuelita a comer helados. Estaba llegando al edificio donde vive, en un sexto piso, cuando el número inusitado de gente en la calle y algunos gritos me hicieron pensar que había habido temblor. Como vi el ascensor ocupado, decidí usar las escaleras, mientras muchas personas bajaban de prisa, pero con tranquilidad. Al llegar al cuarto piso, me pareció que se producía una réplica, pero el movimiento era tan fuerte que me pegué a una columna... Sólo después comprendí que en pleno terremoto había estado subiendo las escaleras.

Encontré a mi abuelita asustada, pero su departamento no había sufrido mayor deterioro, salvo dos o tres adornitos que puse en su sitio. Recordamos los terremotos de 1970 y 1974 (en el de 1966 apenas si sabía caminar) y otros que ella había vivido como el de 1940. Era una conversación lógica en un país donde siempre habrá terremotos, un detalle de la vida peruana que muchos no recordaban hasta este miércoles.

A pesar de los recientes sismos de Nazca, Arequipa y Moyobamba, en el mismo olvido se encontraba el Estado, sin ningún plan de prevención. En realidad, las autoridades aparecen tan incapaces para enfrentar el daño que generan fenómenos permanentes como la contaminación ambiental, los accidentes de carretera o los estragos del invierno en la sierra (eso que los periodistas llaman friaje), que difícilmente pueden prevenir un problema menos visible.

Cuando no hay planificacion, las medidas eficaces dejan paso a las efectistas, como que Alan García se traslade a Pisco o que él disponga la suspensión de las clases escolares en todo el país, incluyendo lugares como Huancayo, Iquitos o Piura, donde ni siquiera se había sentido el temblor.

Aunque los terremotos son inevitables, la previsión puede permitir aminorar sus peores consecuencias, considerando además que en una sociedad tan desigual, los daños serán devastadores para los que menos tienen. Por ejemplo, en Barrios Altos, el Rímac, el Callao e innumerables ciudades peruanas, millones de personas habitan en viviendas precarias que no resistirían un terremoto, pero hasta ahora, la desidia del Estado deja a quien no tiene capacidad económica condenado a la total desprotección.

La desigualdad también aparece en la diferente calidad de los servicios públicos: por ejemplo, el sismo no afectó el suministro de electricidad en Pueblo Libre o Miraflores y en San Isidro, inclusive, los teléfonos fijos siguieron funcionando con normalidad. En varias zonas populares limeñas, sin embargo, todavía no llegan ni la luz ni el agua. La misma desigualdad se manifestó en la respuesta del Estado: minutos después del terremoto, un contingente de policías ordenó el tráfico en la avenida Javier Prado, evitando las terribles congestiones que se produjeron en otros distritos por la desesperación de quienes deseaban llegar a tiempo a sus hogares.

Prevenir implica también reconocer los problemas de nuestra estructura moral, como los transportistas que aprovecharon la desesperación de quienes temían por sus seres queridos. Se trata de una manifestación despreciable de la “viveza”, que aparece en todos los estratos de la sociedad peruana.

Conociendo esos antecedentes, el Estado pudo intervenir, disponiendo, por ejemplo, que los vehículos de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas ayudaran a que todos los ciudadanos consiguieran llegar a las zonas afectadas y no sólo quienes podían pagar lo que pedía la empresa Soyuz, otro ejemplo de ausencia de escrúpulos y valores.

Es verdad, también que la solidaridad con las víctimas ha sido impresionante, pero los saqueos de farmacias, bodegas y camiones con alimentos reflejan que no se ha planificado seriamente la distribución. Algunos desubicados ministros llegaron a pedir que los damnificados caminaran durante horas en pos de una botella de agua o un paquete de galletas, en lugar de organizar directamente la entrega de víveres en las zonas periféricas de las ciudades o en los poblados más alejados y también más necesitados.

Me disculparán la dureza, pero creo que el manejo del desastre muestra algo muy simple: para el Estado los iqueños como la mayoría de peruanos, siempre han sido ciudadanos de segunda categoría. Por eso se permite a Soyuz arriesgar sus vidas con toda impunidad. Por eso los complejos agroexportadores pudieron apoderarse del agua que antes abastecía a los pueblos jóvenes de Ica. Por eso en dichos complejos ocurre todo tipo de abusos laborales hacia las trabajadoras y recién este año ha aparecido un solitario sindicato. Por eso los hospitales son tan precarios, más aún si el gobierno actual continúa la política establecida por Fujimori, que los centros de salud estatales deben “autofinanciarse” cobrándole a la gente por las atenciones que reciben. Por eso no se piensa en organizar a la población o en llevarle ayuda a los lugares donde se encuentra.

Unas pocas personas, niños sobre todo, han sido acogidos por sus familiares en Lima, pero el resto se encuentra en total incertidumbre. Muy cerca de la zona devastada, sin embargo, las casas de playa de los veraneantes de Asia cuentan con infraestructura para albergar a todos los damnificados, pero, salvo la Defensora del Pueblo, a ninguna autoridad se le ocurre siquiera sugerir una medida que incomode a los acaudalados propietarios.

Los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias reflejan la solidaridad de algunos y la ausencia de valores de otros, la imprevisión de las autoridades y, especialmente, la terrible desigualdad en que vivimos.


Además...

-El propietario de la empresa Unique ha prometido que financiará la reconstrucción del santuario del Señor de Luren. Seguramente, muchos damnificados en Pisco, Chincha e Ica lo considerarían mejor cristiano si los ayudara en otras necesidades.

-El terremoto reveló la explotación a que son sometidos miles de empleados estatales, trabajadores de empresas privadas y ONGs, quienes se encontraban trabajando a las 6 y 40pm. Las horas extras y los demás derechos laborales son para ellos ciencia ficción.

-Hablando de explotación laboral, el programa A Trabajar pagará 14 soles diarios a los iqueños que participen en la reconstrucción. Resulta escandaloso que en este programa del Ministerio de Trabajo se incumpla el salario mínimo.

-En un sorprendente despliegue de insensibilidad Ripley, McDonald’s, Saga Falabella y otras empresas han aprovechado la catástrofe para pagar costosos e innecesarios avisos invitando a personas ingenuas a depositar donaciones en sus locales.

-Los canales de televisión tuvieron un rol lamentable el pasado miércoles, preocupados por obtener imágenes sensacionalistas y desgarradoras o transmitir “recomendaciones” alarmistas. Ninguno pensó en centralizar información para ayudar a los peruanos que, dentro y fuera del país, querían ubicar desesperados a sus seres queridos.

-Mientras miles de juguetes chinos fueron decomisados porque pueden tener pintura con plomo, la mayoría de niños peruanos sigue expuesta a emanaciones de plomo mucho más tóxicas como las generadas por la contaminación ambiental sin que esto merezca mayor intervención de las autoridades.

-Hablando de lucha contra la contaminación, el alcalde de San Ignacio (Cajamarca) se salvó de morir en una emboscada el pasado martes 14. Se sospecha de un atentado, por su oposición a la acción de la empresa minera Majaz, pero no se descarta que se haya tratado de delincuentes comunes.

-Hablando de Majaz, los alcaldes de Ayabaca y Carmen de La Frontera han anunciado que proseguirá la consulta popular programada para el 16 de setiembre, aunque el Jurado Nacional de Elecciones sostiene que los resultados no tendrán validez legal.

-Felicitamos al Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú por una nueva edición de Procaddes, un programa de capacitación a profesores de colegios nacionales, donde se trabajan conceptos como ciudadanía, formación en valores y rechazo a la discriminación.