Reflexiones Peruanas 141: ¿Abusivos con tarjeta amarilla?

No llevan cascos, ni arneses. Apoyan un pie sobre una estrecha cornisa y el otro en un andamio tan inestable que otro obrero debe sujetarlo con toda su fuerza, para evitar que se venga abajo y se incremente la larga lista de los accidentes laborales en el Perú.

Los pintores que así se juegan la vida se encuentran a cien metros de la sede principal del Ministerio de Trabajo. No trabajan para el sector informal, ni para un empresario inescrupuloso, sino que están pintando la fachada de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Al lado del tambaleante andamio se exhibe el anuncio de un seminario sobre las nuevas tendencias del Derecho del Trabajo.

Estas personas arriesgan su vida no por voluntad propia, sino porque se encuentran obligadas por la extrema necesidad en que viven. Sucedió así hace pocos días con los obreros sepultados vivos en una obra en Chosica o en aquellos electrocutados al tocar una varilla de fierro en una construcción en Chilca (Huancayo). En el Perú, la precariedad del empleo permite que, cuando se contrata a una persona pobre para trabajos manuales, sea posible someterla a todo tipo de peligros.

Si resulta escasa la protección frente a accidentes, mucho más grave es la desprotección frente a las enfermedades (véase la RP 109 sobre los problemas que padecen quienes trabajan en la agroexportación en Ica). Desde Chorrillos hasta Lince, la mayoría de empresas encargadas de recoger la basura en Lima incumplen requisitos mínimos como entregar guantes a los trabajadores. En Trujillo, una abogada me cuenta: “Actualmente hay un boom de edificaciones y en ninguna existen facilidades mínimas para que los albañiles puedan hacer sus necesidades, tomar sus alimentos, tener agua, etc.”. En un estudio de abogados miraflorino, se dispuso que los vigilantes que estaban en la puerta, durante doce horas, no podían sentarse ni un momento, porque esto atentaba contra la imagen del local.

El patético panorama de explotación laboral que se vive en el Perú solamente ha salido a la luz recientemente, porque en los Estados Unidos los congresistas demócratas han señalado que no existen condiciones para suscribir el TLC con el gobierno peruano, dado el incumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Para la mayoría de peruanos, los convenios de la OIT a que se refieren los demócratas son ciencia ficción, especialmente porque los trabajadores no son percibidos por muchos empleadores como seres humanos con derechos.

El flagrante incumplimiento de normas laborales tiene varias razones: el incremento de requisitos para formar un sindicato ha generado mucha debilidad de las organizaciones laborales (hay que tener más de treinta años para recordar una huelga bancaria en el Perú). Tenemos también el sector informal, tan elogiado, donde se logran grandes ganancias a costa de pésimas condiciones laborales, sea en los talleres textiles de Gamarra o las galerías de Mesa Redonda... y quienes llegan allí escapan de otras formas aún peores de explotación en las zonas rurales, como la servidumbre por deudas aplicada por los madereros en la región amazónica.

Debe decirse, además, que los inspectores del Ministerio de Trabajo siguen siendo muy pocos y están concentrados en Lima, lo cual permite a las grandes empresas mineras o los complejos agroexportadores vulnerar impunemente las normas.

En ocasiones el propio Estado marca la pauta de explotación: en hospitales o ministerios, existen miles de trabajadores que llevan años bajo la modalidad de “servicios no personales”, sin derecho a vacaciones o gratificación y muchos ganando apenas el sueldo mínimo. El programa A Trabajar aún es más discutible, porque está en manos del propio Ministerio de Trabajo, que se jacta de haber dispuesto 400,000 puestos laborales temporales... a 14 soles diarios, es decir, en el mejor de los casos, 364 soles mensuales. Cuando los campesinos de una comunidad de Amazonas señalaron que por lo menos querían el sueldo mínimo, los ingenieros decían que como vivían en extrema pobreza, debían conformarse con eso o no habría obras en su localidad.

Por lo tanto, las cifras sobre el crecimiento económico esconden condiciones laborales inhumanas y es natural que tantos peruanos prefieran marcharse, aunque sea arriesgando la vida en Irak o Afganistán.

Sin embargo, quizás los demócratas de Estados Unidos no tendrían que venir hasta acá para comprobar estas formas de explotación: el mes pasado, se produjo una renuncia masiva de trabajadores en la sucursal de Nueva York de una afamada cadena peruana de restaurantes, cansados de los abusos que se cometían contra ellos.

Veremos si los políticos y los periodistas que sostenían que el TLC favorecería a las grandes mayorías, siquiera pensando en las objeciones de los demócratas, promueven el cumplimiento de los derechos laborales.


Además...

-La captura del mayor Telmo Hurtado en Miami genera muchas esperanzas que los campesinos de Accomarca logren obtener justicia. Hurtado podría revelar quiénes lo protegieron durante varios años después de la masacre, hasta otorgarle un importante puesto en la base militar de San Ignacio, donde dispuso también cometer otros abusos.

-En un ejemplo que muchas municipalidades deberían seguir, el Alcalde de Chilina ha declarado zona intangible los andenes y demás elementos del paisaje de este hermoso lugar de la campiña arequipeña, casi destruida por una urbanización desordenada.

-Siempre en Arequipa, el temblor del Jueves Santo evidenció que en el Hospital Honorio Delgado, el más importante de la ciudad, no existe servicio de rayos X... y al no funcionar las ambulancias se trasladó a una mujer herida en la tolva de una camioneta. Resulta escandalosa la falta de preparación del sistema de salud para atender emergencias.

-La frustrada marcha de Ollanta Humala a la frontera con Chile ha evidenciado una realidad que a pocos políticos peruanos inquieta: la existencia de miles de minas chilenas en la frontera. Retirarlas sería el mejor gesto de paz que Chile podría hacer.

-Desde Jaén, la Policía sostiene que el periodista Miguel Pérez Julca habría sido asesinado por criticar a la directora de una ONG local. Otros periodistas de la zona han mostrado su escepticismo.