RP 135: Primer Proceso Penal por Discriminación

Hasta el pasado 21 de febrero, parecía que el artículo 323 del Código Penal, que sanciona el delito de discriminación, quedaría como una de esas normas promulgadas con una finalidad retórica. Sin embargo, ese día la Defensoría del Pueblo entabló una denuncia penal contra cuatro profesores de un instituto tecnológico de Los Olivos por sus permanentes prácticas discriminatorias hacia una joven con discapacidad motora y algunos problemas de lenguaje. Ella había logrado vencer estos obstáculos y era una alumna destacada, pero los profesores declararon que no dictarían clase, mientras estuviera presente.

En el Perú, las prácticas discriminatorias son tan frecuentes que quienes las realizan muchas veces están seguros que son correctas. Su extensión refleja la dificultad de los peruanos para manejar las diferencias entre nosotros. Con frecuencia percibimos la diversidad como una situación de desigualdad: quien siente algún tipo de ventaja, real o aparente, sobre los demás, busca remarcarla.

Se trata del fenómeno que Jorge Bruce denomina “el narcisismo de las pequeñas diferencias” y que evidencia una situación de inseguridad: los discriminadores no se sienten personas valiosas no por sí mismas, sino porque tienen una piel más blanca, un hijo en un colegio más prestigioso, una mejor ubicación laboral o un lugar más exclusivo para veranear.

El artículo 323 señala que la discriminación es la acción realizada “con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona” y enumera las causales de discriminación sancionadas, entre las que se encuentran sexo, raza, religión, edad, filiación, discapacidad, opinión política y condición económica. Existen también varias causales que se aplican especialmente a la población de origen indígena: identidad étnica y cultural, indumentaria e idioma.

Puede apreciarse que está pendiente incorporar al Código Penal causales contempladas en la legislación de otros países, como estado civil y orientación sexual. No se ha incorporado todavía la condición de salud, aunque debe señalarse que los actos discriminatorios hacia los portadores de VIH están sancionados ya por la Ley 26626, pero el VIH no es la única enfermedad que produce estigmatización (a veces extendida a los familiares). Tampoco aparece la discriminación por actividad u ocupación, que afecta a las trabajadoras del hogar, aunque otras causales como sexo, raza y edad suelen estar presentes en muchos maltratos que sufren.

En cuanto a la sanción que podría recaer sobre los cuatro profesores de Los Olivos, el Código Penal sigue los estándares internacionales, al establecer penas de prisión de entre dos y tres años, pudiendo llegar hasta cuatro cuando se emplea violencia física o mental o si el agente es funcionario público. No necesariamente, sin embargo, los denunciados irán a prisión, porque también se señala como pena alternativa la prestación de servicios comunitarios.

El artículo 323 establece que será sancionado también quien discrimine por medio de otras personas, en alusión a los locales limeños y cusqueños donde se instruye a los vigilantes para que impidan el ingreso a las personas de rasgos andinos, mestizos o negros.

Respecto a estas prácticas de discriminación a los consumidores, tenemos, además de la sanción penal, la intervención administrativa a cargo de Indecopi, según la Ley 27049. Sin embargo, existen varias deficiencias en la aplicación de esta norma. En primer lugar, la víctima de discriminación debe pagar una tasa ante Indecopi lo cual disuade a muchas personas de denunciar y constituye una barrera para el ejercicio de un derecho fundamental.

Un segundo problema es que la carga de la prueba recae en la víctima, siendo bastante improbable que alguien acuda a un restaurante o una discoteca con una cámara fotográfica o una filmadora previendo que será discriminado. A nuestro entender, debería ser obligación de Indecopi realizar una investigación sobre los hechos, abriéndose a la posibilidad de recibir diversas pruebas. En un reciente caso respecto a un local miraflorino, los funcionarios de Indecopi hicieron visible su desconfianza hacia los denunciantes y, cuando otras personas discriminadas por el mismo establecimiento quisieron brindar su testimonio, los funcionarios señalaron que era una situación ajena al incidente. No parecían entender que, normalmente, no se trata de casos aislados, sino de prácticas permanentes.

Un último problema respecto a la actual regulación administrativa es que, cuando se sanciona económicamente a un local por sus prácticas racistas, como sucedió con Aura en el año 2004 y Café del Mar el año pasado, la víctima no recibe ninguna indemnización, salvo que comience un tortuoso proceso judicial.

El Proyecto de Ley 876, presentado por el congresista Edgard Reymundo, pretende enfrentar estas deficiencias en el tratamiento de la discriminación a los consumidores. Entretanto, conviene prestar atención respecto al proceso penal contra los profesores de Los Olivos. Si son efectivamente sancionados, acaso muchas víctimas de discriminación sientan que vale la pena entablar una denuncia y muchos discriminadores corrijan su proceder.

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SEGUNDO OPERATIVO EMPLEADA AUDAZ

¿CUÁNDO? : El domingo 4 de marzo, de 5 a 7pm.

¿DÓNDE?: En el Ovalo Gutiérrez y el Parque Kennedy. Se llevará a cabo también en el Cusco y Huamachuco.

¿EN QUÉ CONSISTE?: Empleadas Audaces y otras personas solidarias colocarán sobre la solapa de los transeúntes (que lo acepten libremente) una calcomanía con información sobre la ley 28963 que sanciona la violación de una trabajadora del hogar hasta con 18 años de prisión. También entregarán la ley sobre los derechos de las trabajadoras del hogar (Ley 27986)

¿POR QUÉ EN ESTA FECHA? Porque el 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer y es conveniente acordarse en esta oportunidad de las mujeres cuyos derechos se encuentran más vulnerados.

¿PUEDEN PARTICIPAR PERSONAS DE TODAS LAS EDADES? Por supuesto que sí: no implica una larga caminata, ni mayores esfuerzos físicos.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? La asistencia es libre, pero quienes quieran vestir el uniforme de las Empleadas Audaces, escriban a Susel Paredes a susel@flora.org.pe o llamen al 433-1457 anexo 282. Se brinda también información sobre una actividad similar a realizarse en el Cusco. A quienes estén en Lima, los esperamos en la reunión de coordinación el viernes 2 de marzo a las 5pm en el acogedor local de Flora Tristán, Parque Hernán Velarde 42, a la altura de la primera cuadra de la Avenida Petit Thouars. Cualquier consulta posterior al correo de Susel Paredes o a warditovega@yahoo.es

¿QUIÉN AUSPICIA?: Flora Tristán, la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, AGTR- La Casa de Panchita, el Grupo Impulsor contra el Racismo, la Sección Peruana de Amnistía Internacional, APRODEH, el Programa de Estudios de Género de la Universidad de San Marcos y otras organizaciones.



Además...

-Ante el contexto de pobreza, explotación y discriminación que sufren tantos indígenas y afroperuanos, la existencia del INDEPA (antes CONAPA) parecía una burla. Ahora que esta entidad ha sido absorbida por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿se promoverán por fin políticas públicas hacia quienes más las necesitan?

-Las Fuerzas Armadas han asegurado que investigarán al Teniente Anderson Alarcón por la leva producida en Espinar hace dos semanas y que los jóvenes reclutados contra su voluntad ya regresaron con sus familias. Entretanto, en Iquitos se ha denunciado otro caso de tortura, esta vez contra el recluta Eli Zumaeta mediante descargas eléctricas.

-Diversos distritos limeños vienen estableciendo disposiciones en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo la prohibición de consumirlas en vehículos. Esperamos que estas normas logren disminuir los accidentes de tránsito y los problemas de violencia.

-En la reciente evaluación de profesores, Loreto ha sido uno de los departamentos con los niveles más bajos. Debe señalarse que en dicha región el rendimiento NO es un criterio fundamental para obtener una plaza docente, sino el lugar de origen, con lo cual los más perjudicados son los estudiantes.

-Trece millones de dólares ha gastado la Municipalidad de Lima en la remodelación del Parque de la Reserva. La mayor parte de este dinero se destinó a las fuentes que allí se han instalado, aunque en Lima existen muchas obras más necesarias. A pesar de este evidente despilfarro, el Alcalde Luis Castañeda, ha sido designado integrante del jurado del concurso Buenas Prácticas Gubernamentales.