RP 464: La Defensoría del Pueblo y la Lucha contra la Discriminación

En  un colegio de Huanta, se pretende obligar a un niño que profesa la religión israelita a cortarse el cabello, lo cual va en contra de sus creencias.  En El Tambo (Huancayo), la Municipalidad se rehúsa a casar a una pareja de sordomudos.   Otra pareja enfrenta una decisión similar en Chiclayo, en este caso porque el novio es portador de VIH.  

Los hechos mencionados ocurrieron durante este año y el 2012.   La discriminación en nuestro país se produce de manera cotidiana, en buena medida debido a la ausencia  de intervención por las autoridades estatales, al punto que, hasta hace poco, negaban que existiera o que fuera un problema grave.   

Recuerdo que en el 2007 una investigadora checa me escribió: “Estoy buscando en internet informaciones sobre políticas antidiscriminatorias en el Perú y no he encontrado nada.   Quería preguntarle cómo acceder a esta información”.  Tuve que decirle que, lamentablemente, esas políticas no existían.  Inclusive, a veces las instituciones estatales son los lugares donde la discriminación se manifiesta de manera más inflexible.  De esta manera, mientras en un banco, una tienda por departamentos o un cine nadie cerraría el paso a un ciudadano por usar short, sí se le impide el ingreso a una comisaría o una dependencia judicial.  

Afortunadamente, si ahora me escribiera la socióloga checa, le diría que las cosas vienen cambiando poco a poco.    Tenemos decenas de Ordenanzas regionales y municipales contra la discriminación.   Hay esfuerzos importantes por incluir a las personas con discapacidad, como el interesante programa que lleva a cabo la Municipalidad de Miraflores.   INDECOPI ha sancionado a varias empresas por discriminación, como le ocurrió la semana pasada a un hotel de Tacna que se negó a recibir a una pareja de homosexuales.   En febrero, el Ministerio de Cultura lanzó la plataforma Alerta contra el Racismo, que brinda información muy completa sobre esta problemática, y ha organizado el Mes de la Cultura Afroperuana. 

Sin embargo, de todas las instituciones estatales, la que más ha promovido la eliminación de prácticas discriminatorias ha sido la Defensoría del Pueblo.   En todos los casos que mencioné al principio, fueron los integrantes de la Defensoría quienes lograron que se pudiera respetar los derechos de los ciudadanos.     

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo dio otra muestra de su compromiso contra la discriminación al presentar una acción de amparo y una medida cautelar frente al sorteo para el servicio militar obligatorio.    La decisión del juez David Suárez Burgos de suspender el sorteo fue un hito fundamental en la historia de los derechos humanos en nuestro país.   “Muchas campesinas estaban angustiadas temiendo que sus hijos tendrían que dejar los institutos donde estudiaban”, me contaba un amigo de Chulucanas.

La respuesta del Presidente Humala y del Ministro de Defensa Pedro Cateriano frente al Defensor Eduardo Vega, fue penosa, pretendiendo descalificarlo por su condición de “interino”.  Deberían mas bien enorgullecerse de que en el Perú existan funcionarios tan comprometidos contra la discriminación. 

Es evidente, además, que este es un compromiso que ha asumido toda la Defensoría del Pueblo y gracias a ello, se han respetado los derechos de muchos ciudadanos.  Por ejemplo, en cuanto a la discriminación religiosa, se logró que el niño israelita de Huanta no tuviera que cortarse el cabello y ocurrió lo mismo en un colegio de Chumbivilcas donde se pretendía obligar a otra niña de la misma religión a quitarse el velo.     Igualmente se apoyó a varias familias Testigos de Jehová a quienes un colegio de Moquegua pretendía que presentaran partida de bautismo o declaración jurada de ser católicos para permanecer en el colegio.   

Frente a la absurda discriminación a las mujeres embarazadas, la Defensoría ha respaldado en los tribunales a las cadetes que las Fuerzas Armadas pretendían expulsar y en Vilcashuamán lograron revertir la decisión de que una profesora perdiera su plaza laboral por esta razón.   Gracias a las intervenciones de la Defensoría, en Ayacucho y Huancavelica se derogaron las disposiciones que daban mayor puntaje a los profesores nacidos en la región y a nivel nacional, el INEI derogó una convocatoria laboral que era sólo para menores de 40 años.

En cuanto a discriminación por vestimenta, la Defensoría logró vencer las reticencias de los magistrados más conservadores y hace dos años el Consejo Ejecutivo del Poder  Judicial derogó las normas que restringían el ingreso de los ciudadanos por usar short o sandalias, mediante la Resolución 225-2011-CE-PJ, que todavía muchas Cortes Superiores y Juzgados pretenden ignorar.  

El camino para construir una sociedad más justa e igualitaria todavía es muy largo en el Perú, pero es muy positivo saber que desde el Estado se busca generar cambios efectivos.    Sea quien sea quien en algunas semanas o meses asuma la gestión de la Defensoría del Pueblo tiene el reto de continuar el camino trazado por Eduardo Vega y centenares de comisionados en todo el país.  

RP 463: Mirándose al espejo

El cabello de las mujeres negras… el tema del conversatorio, realizado hace dos semanas, en el marco del Mes de la Cultura Afroperuana, podía parecer secundario o anecdótico desde la concepción que algunas personas tienen sobre la cultura.  Sin embargo, la discusión realizada en la PUCP terminó involucrando a todos los asistentes, porque nos hacía pensar en cómo el entorno social genera que percibamos a nuestro propio cuerpo. 

Un video elaborado por Sharún Gonzales, alumna de Comunicaciones, y una ponencia de Claudia Reyes, estudiante de Antropología, mostraban la manera en que las mujeres negras enfrentan tener un cabello diferente al de “las demás”.

“En el colegio yo también quería tener cerquillo y no podía” recordaba una de las entrevistadas.   “Me frustraba que mi cabello no se pudiera mover en el comercial de Pantene”, añadía otra.

Son temas que quizás por ser muy íntimos y delicados, no se discuten normalmente al abordar la problemática sobre el racismo, pero en realidad, si una persona es discriminada por sus rasgos físicos, es comprensible que intente hacerlos menos evidentes, para ser más aceptada o para lograr ascenso social: “Me lacié el cabello”, dice una mujer entrevistada, “porque soy la imagen de la empresa y tengo que lucir profesional”. 

Recordé que en otro evento, uno de los pocos actores negros peruanos comentaba:

-Uno es más aceptado cuando escapa del estereotipo del negro, por ejemplo, si su color es más claro o la nariz es más pequeña -, haciéndome pensar en la expresión “negro fino”, que tiene una valoración positiva.

Resulta interesante que, pese al racismo existente, los negros son considerados más guapos que los andinos.   “Las mujeres andinas son consideradas asexuales, no atractivas”, comentó Rocío Muñoz, la representante del Viceministerio de Interculturalidad. 

-Por eso en la sierra tantas mujeres de clase media se cortan el cabello, nada de trenzas, de preferencia se lo ondulan (se hacen la permanente) y se lo tiñen –replicó otra participante, proveniente del centro del país.

A esto hay que añadir, evidentemente, la necesidad que experimentan de dejar la vestimenta tradicional y, entre las más jóvenes, la preocupación por parecer mucho más delgadas que sus madres o abuelas.    

Un cambio mucho más radical de apariencia es la presión que sufren muchos hombres y mujeres para operarse la nariz aguileña.

“Le cambiamos la vida a estos chicos”, me decía un médico que se dedica a estas intervenciones quirúrgicas, explicando que muchas veces se operan antes de postular a determinados trabajos. 

No se trata de casos individuales:  la presión social, impulsada por los medios de comunicación, se centra en la población de rasgos considerados poco atractivos, mientras los blancos no quieren parecer andinos o negros. 

A mí me pareció muy interesante que, siendo muy pocas,  las integrantes de la asociación AFROPUCP hubieran sido capaces de generar una discusión con tanta convocatoria… mientras en la PUCP, como en cualquier otra universidad limeña de la actualidad, más del 50% de los estudiantes tienen rasgos andinos, pero prefieren no hablar sobre sus rasgos. 

Debajo de ese silencio subyace muchas veces la convicción de que es un problema encontrarse lejos del estereotipo de belleza oficial.     “Solamente cuando estuve en Europa pude darme cuenta que yo también era guapo”, me dice un historiador.   Una abogada tuvo una experiencia similar:  “Pese a lo que me decían en Francia, me resistía a creerme guapa.  Es que en el Perú a una no le enseñan a sentirse hermosamente chola, por el contrario, la programan para desear ser lo más distinta posible a como una es… (¡a lo Barbie!).  Desde mi experiencia, la mejor forma de aprender la lección fue dejar que los no cholos me descubrieran ante la verdadera belleza de mi piel cobriza, nariz aguileña y ojos negrotes.  Entonces, cuán poderosos podemos llegar a ser, afirmados en lo que realmente somos, y cuánto podemos transmitir de esa actitud a los cholos y cholas con quienes compartimos el día a día... Yo creo que ya nos hace falta el "Día del Orgullo Cholo".

Lo más interesante del conversatorio fue romper con la idea que la cultura está solamente vinculada a bailes o música, y asociarla a vivencias más íntimas y personales.    Recordé cuántas veces, paseando los domingos por el centro de Lima, he visto a los residentes de Puno o Cusco desfilar o bailar con orgullo sus vistosos trajes.   Me pregunto, ¿qué sucedería si este orgullo se trasladase al propio cuerpo o las facciones?  ¿O será que el énfasis en la vistosidad del traje hace que la persona pase a segundo plano?  

Muchas veces he dicho que la principal lucha contra el racismo implica luchar contra los propios prejuicios, aprender a quererse y aceptarse.   A veces el peor racista puede ser uno mismo, cuando termina interiorizando que vale menos por sus rasgos.   Cabría preguntarse entonces qué ve cada peruano cuando se mira al espejo.     

Pedimos que se suspenda el sorteo para el Servicio Militar Obligatorio

Los abajo firmantes rechazamos el sorteo para el servicio militar obligatorio, programado para este miércoles 19 de junio, por considerarlo profundamente injusto y discriminatorio.  

Creemos que el servicio militar debe tener carácter voluntario y que obligar a los jóvenes a prestarlo es un atropello contra la libertad individual, la libertad de trabajo y los proyectos de vida que se trazan muchos jóvenes peruanos.  Creemos además que este proceso tiene un carácter marcadamente discriminatorio, puesto que se excluye del mismo a los universitarios y los jóvenes que puedan pagar 1,850 soles de multa, con lo cual, los más pobres, serán los obligados a realizarlo. 

En ese sentido respaldamos la decisión de la Defensoría del Pueblo de interponer una acción de amparo para pedir que se suspenda el sorteo y hacemos un llamado al Ministerio de Defensa y al Presidente de la República para detener un proceso que profundizará las diferencias sociales en nuestra sociedad y generará un serio descrédito para el actual gobierno.

Wilfredo Ardito Vega   DNI 06522399

Carlos Valdiviezo Alarcón DNI 06232611

Alejandra Alayza Moncloa 06673820

Aída Alonso DNI 09142714

Geraldo César Flores Suárez 42946261

Alfredo Rodríguez Vargas DNI 00370811

Alejandro Tintaya Félix DNI 06154455

Vladimir Alfredo Cerna Barreto D.N.I. N° 40668750

Patricia Urteaga Crovetto  DNI 07952139

Antonio Bueno Vásquez DNI 10809043

Alonso Quiroz Villafranca DNI 40088168

Alvaro Jesús Delgado Ayca DNI 40395214

Alvaro Puga Capelli DNI 007804728

André Castañeda Hidalgo D.N.I. 46705492.

Antonio Zavaleta Tacuri DNI 43529248

Edwin Carlos Bautista Garagundo DNI 40043423

Carlos M. Sotomayor Barrera. DNI 10002922

Angel Palacios Trujillo DNI 09210920

Cesar Leonidas Gamboa Balbin DNI 07526056

Carlos Bravo Catter DNI 45471221

Beatriz Angelica Huertas Castillo DNI 10867668

Percy Barranzuela Bombilla DNI: 42322016

Armando Alva Canales DNI 06676460

Carmen Julia García Torres DNI: 41067757

Ana Graciela Vera Vargas DNI 10343379

Katherine Cáceres Ale DNI 70880006

Caroll Victoria Ortiz Lavi DNI 07782875

Alessandro Caviglia Marconi. DNI: 07617425

Eduardo Miguel Huaytán Martínez DNI 41779995

Allan Joel Chávez Tapia. DNI. 41160427

Susana Bedoya Garland DNI 07842489

Cinthia Miranda Tovar DNI 41840584

Dante Ruiz Zelada DNI 09918123

Beatriz Canales Languasco DNI 10146984

Martín Humberto Portillo Contreras DNI 07754005

Roy Herd Núñez Joyo DNI 41372103

Enrique Castro Vargas DNI 07764841

Ethel Mijaila Torres Ortiz DNI 42148771

Carmela Chavez Irigoyen DNI 10696871

Diego Armando Santillán Jaramillo DNI 41729772

Fernando Morote Arista  DNI 06840654.

José Manuel Barboza Chávez  DNI 06708915

Dora Marlene Barboza Mejía  DNI  06767068

Esteban Poole Fuller                      DNI 45478649

Rosa Maria Villaràn de la Puente DNI 07033947

Julissa Mantilla Falcón DNI 07969030 

Carlos Arroyo Vivanco DNI 41063946

José Antonio Cruz  DNI 23993269

Luis Fernán Cisneros Coloma  DNI 07825819

Norma Rodríguez Terry, DNI 09335924

Flor de Maria Valdez, DNI 10177778.

Alain Elvis Alanoca Aragón DNI 25220925

Giovanna Aguilar Andia DNI 08667305

Gina Pancorbo Valdivia DNI 42143603

José Abelardo Güich Rodríguez DNI 07272400

Jorge Mendoza Argomedo, DNI 40954113

Edison Vásquez Fernández DNI 44876109

Gabriel de la Cruz Soler, DNI 42530412

Eduardo Guevara DNI 07871820

Gustavo Alcedo Silva DNI 41463164

Germán Álvarez Arbulú DNI 06638272

Patricia Stockton Ballardo DNI 40691362

Iván José Abrill Mendoza DNI 08036185

Claudia Cermeño Durand DNI 43977931

Miguel Lévano Muñoz DNI 08691911

Raquel Palomino DNI 09536909

José Enrique Orihuela Espinoza DNI 07631093

Ysabel Gutiérez Yagui DNI 09843047

Aníbal Mayurí Hermijo DNI 40859827

Ronald Cortez Palomino 46653308

Rina Vitorino Saire de Tolbert-Gordon DNI 10264506

Luis Alberto Donayre Valdés DNI 42030173                              

José Ragas DNI 10587115

Maria Elsa Bustamante Soto DNI 25724311

Massiel Silva Santisteban Amésquita. DNI 46674277

RP 462: El injusto sorteo del 19 de junio

El pasado martes fue presentado el  Informe Defensorial sobre discriminación en el Perú y, después de los comentarios del Ministro de Cultura, Luis Peirano y de mi persona, el Defensor Eduardo Vega tomó la palabra para denunciar, como un ejemplo de discriminación, el Decreto Supremo 003-DE-2013 publicado la víspera.   La norma reglamenta el sorteo para el servicio militar obligatorio y dispone que deberán prestarlo los jóvenes que tengan entre 18 y 25 años que no puedan pagar la multa de 1,850 soles.  En respuesta, el Ministro de Defensa Pedro Cateriano recurrió a la prepotencia y al ataque personal, acusando al Defensor de tener “objetivos políticos”.    

Gracias a la decisión del gobierno, este Día del Padre será una fecha de incertidumbre para muchas familias peruanas, pues tres días después, el 19 de junio, si sus hijos salen sorteados deberán enfrentar un destino incierto y peligroso.   No se trata de prejuicios o suposiciones: la Defensoría ha elaborado un informe sobre la situación del servicio militar, señalando que en los últimos años más de 26,000 reclutas han desertado hartos de las privaciones y maltratos.

-La solución no es obligar a los jóvenes a realizar el servicio militar, sino invertir en hacerlo más atractivo –ha indicado varias veces Eduardo Vega.

De hecho, los reclutas reciben una propina que está entre 265 y 365 soles mensuales, mucho menos de lo que ganarían trabajando en un grifo o en un  mercado.   Pareciera que para las Fuerzas Armadas, existen peruanos cuya libertad y cuyo tiempo valen muy poco: pueden ser obligados a trabajar, sin recibir siquiera el sueldo mínimo.   En algunos casos, además, este dinero no es entregado por varios meses o se retiene a los reclutas la tarjeta del Banco de la Nación impidiéndoseles que retiren dinero. 

Es más, los reclutas son obligados a adquirir provisiones y útiles de aseo en la tienda que existe en la base militar y en 17 de las 24 bases estudiadas por la Defensoría del Pueblo, la tienda pertenecía al comandante nada menos que al comandante de la base. 

Por otro lado, el Informe Defensorial que hace varias semanas fue remitido al Ministerio de Defensa, muestra los casos de varios jóvenes que habían sufrido fracturas en diversos accidentes, pero la reticencia de las autoridades militares a prestarles la atención adecuada había agravado su estado.  En un caso, ocurrido en Pisco, se le había obligado inclusive al recluta convaleciente a continuar realizando labores físicas.    En casos más graves, se ha denunciado que no se ha pagado la pensión de invalidez a quienes han quedado con discapacidad.   Las familias también han tenido que enfrentar la incertidumbre respecto a las razones por las que sus hijos fallecieron.   

El problema, nuevamente, es que en una sociedad tan racista y discriminadora, dentro de las propias Fuerzas Armadas se valora muy poco la vida y el bienestar de los soldados.   Recuerdo siempre el caso de los sargentos Luis Quispe y Joel Guzmán y los cabos Anthony Atoche, José Eduardo Cavero y Freddy Mamani, que hace unos años perecieron ahogados en el río Vilcanota en el Cusco, en una absurda prueba de supervivencia.   

En este contexto de incertidumbre, la semana pasada, Cibertec, ISIL, IPAE, la Clínica Ricardo Palma publicaron un aviso de una página reclamando porque también sus alumnos serán obligados a dejar las aulas por las armas si el 19 de junio salen sorteados.  Resulta totalmente indignante que queden truncadas las carreras que muchos jóvenes siguen carreras en dichas entidades.   Sin embargo, no creo que la solución frente al sorteo se limite a incluir a los alumnos de los institutos tecnológicos y pedagógicos en la lista de exceptuados, junto con los jóvenes con discapacidad, los que están presos, los que son padres de familia y, por esta vez, las mujeres. 

En realidad, ningún joven, universitario o no,  debe ser obligado a hacer el servicio militar contra su voluntad, pero es peor establecer que el pago de dinero es una forma de liberarse de esta obligación.   Como señalamos en la RP 451, muchas familias que votaron por Humala serán las que vean como se produce este abuso hacia sus hijos. 

La Defensoría ha señalado que antes de este jueves interpondrá acciones legales frente al sorteo del 19 de junio y confía en obtener una medida cautelar que logre detenerlo.   El Colegio de Abogados de Lima ha realizado un anuncio similar. 

Entretanto, los preparativos para el temido sorteo continúan: se ha anunciado que de los 12,500 sorteados, 5,500 provendrán de la zona sur del país, en su mayor parte de Arequipa y Puno.    En Loreto serán sorteados mil jóvenes.  Quienes no puedan pagar la multa,  deberán internarse en los cuarteles a partir del 15 de julio.  

Esperemos en que el Poder Judicial logre detener esta absurda medida y que mas bien se logren corregir todos los abusos que siguen ocurriendo en los cuarteles. 

RP 461: Calicatas y Territorios Ancestrales

Para muchas personas, los términos “comunidades nativas” y “pueblos indígenas” son equivalentes, pero en realidad son conceptos muy diferentes.   Un pueblo indígena está unido por una serie de elementos culturales, como el idioma, la cosmovisión, las tradiciones.    Son pueblos indígenas los shipibos, los awajún o los asháninkas, todos los cuales vivían en la selva desde mucho antes que se formara el Estado peruano.    

En cambio, una comunidad nativa es una aldea o poblado, donde residen algunas familias indígenas.   De esta manera, los integrantes de cada pueblo indígena viven divididos en decenas o a veces centenares de comunidades nativas diferentes, cada una con su título de propiedad y sus autoridades.

Estas comunidades nativas son el resultado de una política gubernamental, que comenzó en 1974, cuando el gobierno de Velasco dispuso que los indígenas amazónicos se agruparan en comunidades, a semejanza de las comunidades campesinas de la sierra y la costa.   Mediante la agrupación en comunidades, se planteaba  que los indígenas tuvieran una cantidad de tierra adecuada para sus actividades agrícolas y de subsistencia,  mientras el resto de su territorio ancestral quedaba disponible y bajo el dominio del Estado.   Podía ser otorgado a colonos o inclusive ser entregado en concesión para la actividad petrolera, que entonces comenzaba en la Amazonía.   

La Ley de Comunidades Nativas dispuso además que en los títulos de propiedad se incluyera también las tierras donde los indígenas realizaban sus migraciones estacionales.   Sin embargo, los funcionarios estatales siempre eran muy renuentes a ello, porque les parecía que era tierra desperdiciada.   La concepción “la tierra es de quien la trabaja”, empleada durante la Reforma Agraria para entregar la tierra de las haciendas a los campesinos andinos terminó siendo usada en contra de los derechos de los indígenas amazónicos sobre sus territorios ancestrales.

Aunque la estructura comunal era ajena a los indígenas y con los nuevos títulos ellos perdían el control legal sobre parte importante de sus antiguos territorios, aceptaron el proceso de sedentarización, porque les permitía una serie de beneficios, especialmente los títulos de propiedad y contar con escuelas para sus hijos.  En las zonas que no estaban tituladas a nombre de ninguna comunidad, seguían realizando actividades tradicionales como la caza o la recolección de plantas medicinales.     

En 1978, el gobierno de Morales Bermúdez dispuso que a las nuevas comunidades nativas ya no se les entregaría las zonas forestales en propiedad, sino en cesión en uso.   Es decir que el Estado retendría la propiedad sobre dichas áreas.    Esta decisión vulnera el principio del territorio integral de los indígenas, que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sucesivas sentencias.   

Inclusive, en varios casos, los funcionarios encargados de la titulación de una comunidad nativa, han declarado que toda su área es forestal, por lo que la comunidad no recibe título de propiedad ni siquiera sobre un metro cuadrado.   Es comprensible que los nativos se sientan despojados de su propio territorio.   Es más, algunos funcionarios dicen ahora que los indígenas no deberían ser consultados por las acciones que el Estado realice en las tierras forestales.

La titulación de las comunidades nativas es ahora además mucho más compleja y costosa, porque en el año 2009, el mismo año de las protestas de Bagua,  el régimen de García  dispuso que la clasificación de uso de suelos se realice mediante un estudio geológico a través de las llamadas calicatas, que son unos pozos, que deben ser excavados.    De ellos se toman muestras de tierra y se envían a Lima para ser analizadas y así determinar cuáles son las áreas forestales y no serán entregadas en propiedad.   Nada de esto se exige a quienes no son nativos y también reciben títulos sobre tierras amazónicas. 

A esto se añade, claro, que el Estado nunca asume los costos de la titulación y los indígenas tampoco cuentan con recursos para hacerlo, por lo que debe ser financiada por ONGs o la cooperación internacional.     “Ahora cuesta más de 10,000 dólares”, dice un dirigente awajún.    La transferencia de la titulación a los gobiernos regionales no ha abaratado los costos, porque la clasificación de tierras se sigue haciendo en Lima.

Entretanto, cuarenta años después de las primeras titulaciones, en muchas comunidades las tierras asignadas se han vuelto son insuficientes frente al crecimiento poblacional.    Muchas comunidades están pidiendo que el Estado les reconozca la ampliación de su territorio.   En otros casos, las familias indígenas sin tierras se trasladan a otras zonas dentro de los territorios ancestrales y piden ser reconocidas como comunidades, enfrentando procesos que pueden durar largos años.

El Estado peruano entonces tiene una deuda pendiente hacia los pueblos indígenas amazónicos: garantizarles la propiedad de sus tierras.   A nuestro modo de ver, esto implica también devolverles la propiedad sobre sus tierras forestales, eliminado las figuras legales que las retienen en poder del Estado.

…

Agradezco a Ermeto Tuesta, del Instituto de Bien Común, por la valiosa información que me permitió elaborar esta RP.