Reflexiones Peruanas Nº 165 PASEANDO CON FUJIMORI

Un domingo de 1998 cae la noche en la Plaza de Armas de Ayacucho. Frente a la iluminada fachada de la Catedral esperan varios ómnibus con los carteles del PRONAA (Programa Nacional de Apoyo Alimentario). Decenas de campesinos se despiden emocionados de sus familiares y suben a los vehículos que los llevarán a conocer Lima. Con huaynos y marineras, una banda militar ameniza el momento.

Mientras veía esta escena, inimaginable cuatro o cinco años antes, cuando Ayacucho era presa de la violencia y el horror, no dejaba de recordar la frase que tantas veces oí en tiempos fujimoristas, desde los pueblos jóvenes de Chorrillos hasta los caseríos de Amazonas: “Nunca nadie se había acordado de nosotros”.

Fujimori es responsable de muchos crímenes, pero debe reconocérsele la habilidad de obtener, en una sociedad tan excluyente como la nuestra, el respaldo simultáneo de los más pobres y los más acaudalados.

De hecho, algunas de sus medidas más negativas parecían no dañar a los extremos del espectro social. Por ejemplo, las combis sumieron en el caos a Lima y otras ciudades importantes, pero ni los campesinos ni las personas adineradas viajaban en los desaparecidos ómnibus de Enatru. Se redujo el financiamiento a los hospitales públicos, obligándolos a cobrar a los pacientes por consultas o medicinas, pero quienes estaban habituados a acudir a clínicas privadas ni se enteraron de ello y tampoco los cinco millones de excluidos de los servicios de salud. Se creó la ONP para impedir que los jubilados cobraran sus pensiones, pero los pobres extremos no estaban cubiertos por la seguridad social y los ancianos más acomodados tenían otros ingresos.

Casi todos los empresarios agradecían al régimen la flexibilización laboral, el debilitamiento de los sindicatos, las restricciones al derecho de huelga, las facilidades para despedir o explotar trabajadores. Algunas actividades, además, fueron especialmente favorecidas gracias a la disminución de la regulación estatal, desde la importación de Ticos (prohibidos en el resto del mundo) hasta la proliferación de universidades mediocres, pasando por la expansión de las cadenas de farmacias en desmedro de las más pequeñas. La vorágine de privatizaciones también permitió asegurar a algunos afortunados grandes ganancias con poca inversión y a veces servicios de inferior calidad.

Sin embargo, el mismo régimen tan neoliberal era populista frente a los más pobres a través de los programas de asistencia social. Con la derrota de los senderistas, además, el Estado regresó a muchas zonas del país donde había desaparecido hacía más de una década. Muchos campesinos recuerdan a Fujimori como el único Presidente que han conocido.

Se expandía el Estado, sí, pero no el Estado de Derecho ni la condición de ciudadanía. Muchas personas entablaron con el régimen una relación de clientelaje como la que establecían los antiguos hacendados, crueles y poderosos, pero eventualmente benevolentes con quienes demostraban lealtad y sumisión.

En realidad, las principales víctimas de la crueldad del régimen eran personas muy pobres, como las mujeres esterilizadas sin su consentimiento, los inocentes condenados por tribunales sin rostro o los jóvenes soldados muertos durante el conflicto bélico que promovió con el Ecuador para elevar sus posibilidades en la campaña electoral de 1995. Los medios de comunicación en manos del régimen ocultaban todas estas víctimas, dedicándose a presentar a Fujimori como el Presidente de los pobres y minando el tejido moral al estilo de Laura Bozzo.

¿Ha cambiado realmente el Perú? Los sucesores de Fujimori no han reparado a las víctimas de estos abusos, ni han sancionado a los responsables. Tampoco parece valer mucho la vida de los pobres frente a los abusos policiales o militares en tiempos democráticos. El olvido y la indiferencia acompañan casos como los de Jonathan Condori, Marvin Gonzales o Imel Huayta, muerto a los siete años de edad, delante de sus padres, por la policía de Puno el pasado mes de abril.

De hecho, García ha parecido más obsesionado con la pena de muerte que el propio Fujimori, al punto que ha dispuesto que no se procese a los policías o militares que maten ciudadanos con sus armas reglamentarias.

Siete años después de la fuga de Fujimori, persiste la precariedad en los hospitales, seguimos sin una empresa de transporte público, cientos de personas mueren en accidentes generados por Ticos y combis y la ONP continúa pagando grandes cantidades a diversos estudios de abogados para perjudicar a millares de ancianos indefensos. Si Fujimori pregunta por sus antiguos colaboradores, encontrará a varios de ellos fungiendo tranquilamente como reconocidos líderes de opinión en medios económicos, laborales, académicos o espirituales, cuando no operando desde el mismo gobierno de García.

Esperamos que sea juzgado y condenado por todos sus crímenes, pero su retorno debería hacernos reflexionar sobre cómo peruanos muy distintos colocaron de lado los principios éticos para apoyar un régimen que sabía manipular sus ambiciones, fueran éstos una cocina para el comedor popular o presidir una entidad estatal, una prestigiosa embajada o un paseo a la capital.


Además...

-Felicitamos al equipo de SOLAC, que caminó cinco horas en la oscuridad llevando una recua de quince caballos y burros con donaciones para los habitantes de Tupe (RP 162). Están planeando llegar a zonas aún más alejadas por si alguien desea apoyarles. Más fotos e información en www.solacespanol.blogspot.com

-Quienes deseen ver nuevas fotos del Operativo Cuerazos Peruanos que busca sensibilizar sobre el racismo en la publicidad pueden ingresar a picasaweb.google.es/chaskky/LosNuevosModelosDeRipley La cámara y el trabajo de edición son cortesía de Emilio Salcedo. Las demás fotos aparecen en www.cuerazosperuanos.org

-La reducida alza del salario mínimo parece un sarcasmo frente a las necesidades de la población. Dicho sea de paso, muchos trabajadores de “services” de limpieza que atienden respetables instituciones públicas y universidades ni siquiera ganan eso.

-El Parque de la Reserva no será el único por el cual se cobrará el ingreso. Ahora la Municipalidad de Lima ha entregado el Parque Universitario a la Universidad de San Marcos, que pronto anunciará las tarifas que exigirá a los ciudadanos.

-Hablando del centro de Lima, hasta el 30 de setiembre, quienes tengan un recibo de Edelnor podrán ingresar gratuitamente al Museo de Arte y disfrutar de talleres para niños y actividades culturales.

-La empresa Claro ha instalado varias antenas en una zona arqueológica de Lambayeque, causando daños irreparables.

-Hablando del patrimonio de Lambayeque, afortunadamente se ha establecido en Chiclayo la primera escuela de cocina regional y al parecer pronto se desarrollará la misma iniciativa en otros lugares del país.

-Agradecemos a los abogados Edwin Aldana y Daniel Sánchez, el sociólogo Santiago Alfaro, la filósofa Alessandra Dibós, el publicista Gustavo Rodríguez, la historiadora Cecilia Mendez y los futbolistas Sandro Cavero y Francesco Manassero por su participación en el Seminario ¿Cómo Enfrentar el Racismo desde el Derecho, la Educación y la Publicidad? realizado en la Universidad Católica la semana pasada.

-Agradecemos a la empresa Backus por retirar de sus convocatorias de empleo el requisito “fotografía reciente”.

Reflexiones Peruanas Nº 164: ¿Por qué causa tanto miedo la democracia?

La agresiva oposición de los funcionarios del gobierno y diversos medios de comunicación hacia la consulta vecinal en Ayabaca y Huancabamba muestra la debilidad con que han sido asumidos valores como la democracia y la igualdad por las mismas élites peruanas que presumen de su modernidad.

De hecho, resulta sorprendente que un régimen que se proclama democrático descalifique a tres alcaldes simplemente por convocar a los ciudadanos a expresar su punto de vista. Ensayemos una explicación: los campesinos y las autoridades de Ayabaca y Huancabamba consideran que democracia implica gobernar respetando los intereses del pueblo y escuchando lo que piensa. Se trata de una concepción de democracia participativa, muy arraigada en el Perú, como se advierte en las comunidades campesinas y nativas.

En cambio, el gobierno de García, como antes Toledo, Fujimori o Belaúnde, tiene una concepción de democracia delegativa en la que un mandatario tiene cinco años de libertad para actuar según les parezca y a la población le corresponde simplemente obedecer. Desde esta percepción, una consulta vecinal resulta un “acto subversivo”, porque sólo el gobierno está facultado para decidir lo que afecta a los ciudadanos.

A esto se añade que uno de los principios fundamentales de la democracia, la igualdad entre los ciudadanos, en realidad tiene muy poca aceptación entre los peruanos con mayor poder. Recordemos que ante el proyecto de ley que buscaba incorporar el uso de idiomas indígenas en la administración pública, Martha Hildebrandt declaró que no discutiría con quienes “no eran iguales a ella”. En otro país, su actitud prepotente y altanera habría generado que fuera sancionada u obligada a renunciar.

En esa misma línea, hace poco un empresario piurano sostuvo que los campesinos no tenían criterio para decidir, porque eran como “niños de cinco años”. Expresiones similares han proferido el ex congresista y actual embajador ante la OEA Antero Flores Araoz (“llamas y vicuñas”) y el ex Primer Ministro y actual integrante de FORSUR Pedro Pablo Kuczinsky (“la falta de oxígeno les afecta el cerebro”), cuando los campesinos podían tener un punto de vista diferente al de ellos en un proceso electoral.

Desde esta percepción, se podía insistir en que “detrás de la consulta” está todo tipo de azuzadores, sean curas, senderistas, ONGs, Hugo Chávez o Al Qaeda. Aún la hipótesis más delirante era preferible a aceptar que un campesino podía pensar por sí mismo.

Además, principios que un régimen democrático debería defender como la libertad de expresión, la participación política o la seguridad jurídica pasan totalmente a segundo plano, cuando amenazan a un régimen que gobierna para satisfacer los intereses de una minoría afortunada, sin molestarse siquiera en pretender ocultarlo como intentaban sus predecesores.

Los campesinos de Ayabaca y Huancabamba consideran que antes que el gobierno pretenda otorgar una concesión minera o petrolera, debe haberse escuchado a los habitantes de la zona afectada. Su consulta se basó en el precedente de Tambogrande, cuyos habitantes en junio del 2002 rechazaron abrumadoramente las pretensiones de la empresa Manhattan y en estos cinco años han logrado que sus cultivos de limón y mango les generen cada vez mayores ingresos (RP 159).

Sin embargo, la semana pasada, los empresarios mineros reunidos en Arequipa rechazaron que pudiera darse un ordenamiento territorial planificado para disponer en cuáles lugares puede realizarse actividad minera y en cuáles no. Bajo esa mentalidad, la consulta vecinal era aberrante y debía ser desacreditada a toda costa.

Con esa intención, se difundió que tras la consulta de Tambogrande, los cultivos habían quedado arrasados por la minería artesanal. El propio gobierno usó esos argumentos, así como ocultó que Majaz ocupa ilegalmente los terrenos de dos comunidades.

En ese mismo afán, se llegó a decir que una empresa china con dos meses operando en el Perú representa nada menos que “el interés nacional” y que los campesinos a punto de ser despojados son individuos egoístas. Resulta ingenuo pensar que la empresa tenga otro interés, además de maximizar sus ganancias.

Podría señalarse que efectivamente habrá más ingresos fiscales, pero los campesinos no tienen mayores ilusiones de lo que pueda hacer el régimen con ello: después de todo, en una democracia delegativa, puede destinar todo el dinero que desee a bombas lacrimógenas y al pago de la deuda externa, a costa de mantener reducida la inversión social. En el probable caso que Ayabaca, Huancabamba o las provincias vecinas sufran daños ambientales, les quedaría sólo la resignación, porque las multas que impone OSINERGMIN se destinan a esta institución.

Desafiando a un régimen autoritario y a una empresa sin escrúpulos, los habitantes de Ayabaca y Huancabamba han dado este 16 de setiembre un ejemplo de compromiso por el medio ambiente, la construcción de la democracia y la dignidad de los peruanos. A todos ellos, a quienes caminaron varias horas, a quienes pernoctaron en plazas y a los que desafiaron la lluvia y las amenazas les hacemos llegar nuestro agradecimiento.

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-Además..

-Un nuevo contagio de VIH en un hospital público pone en evidencia la situación de la salud en nuestro país: 5 millones de personas excluidas de todo servicio de salud y muchos hospitales obligados a establecer clínicas para compensar sus escasos presupuestos.

-Decenas de ciudadanos han fallecido en las últimas semanas en accidentes de carretera, demostrándose nuevamente la falta de responsabilidad de la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hace poco hubo una agresiva campaña contra los buses-camión... pero miles de personas siguen viajando en camión, como los campesinos que murieron en las afueras de Olmos.

-Hablando del mencionado ministerio, en abril de este año dispuso la clausura de los canales de televisión y emisoras de radio de Chimbote que denunciaron la muerte de Marvin Gonzales por la policía. Ocurrió lo mismo esta semana con Radio Orión, la emisora pisqueña que canalizaba el descontento de los damnificados por el terremoto. Según diversos testigos, se empleó inusual e innecesaria violencia.

-Hablando de emisoras radiales amenazadas, nos solidarizamos con Radio Cutivalú de Piura, a la cual el gobierno ha pretendido denunciar por negarse a difundir un pronunciamiento para desacreditar la consulta vecinal, que contenía además diversas falsedades.

-Expresamos también nuestra solidaridad con Javier Jahncke, Quique Rodríguez, Daniel Turley, José De Echave, Juan Aste y las demás personas que han sido calumniadas por el diario Correo y otros medios de comunicación, simplemente por defender el medio ambiente y el derecho de los campesinos a decidir su destino.

-Hablando de autoritarismo, la Defensoría del Pueblo ha señalado que los Decretos Legislativos aprobados el 22 de julio tienen numerosos aspectos inconstitucionales. Existe un análisis al respecto preparado por APRODEH, que se puede hacer llegar a quienes lo soliciten.

-A pesar de su accidentado inicio, las revisiones técnicas en Lima podrán permitir reducir los accidentes de tránsito y el grado de contaminación en la capital. Desde esta semana comienzan a las 7am.

Reflexiones Peruanas Nº 163 16 de Setiembre: Consulta en los Andes Verdes

Si todo sale bien, el próximo domingo 16, los habitantes de los distritos piuranos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa darán al país una lección de práctica democrática al participar en la consulta convocada por sus alcaldes sobre la realización de actividades mineras en su territorio.

Antes de partir a Australia, el Presidente Alan García acusó al “comunismo” de promover la consulta vecinal. La realidad es bastante más seria que esas extrañas alusiones al tiempo de la Guerra Fría: hace varios años, la empresa inglesa Majaz ingresó a las comunidades campesinas de Yanta y Segundo-y-Cajas, sin la autorización de los comuneros.

Majaz viene realizando actividades de exploración en una zona ecológicamente muy frágil, negándose a salir de la zona, pese a las exigencias de los campesinos. Debe señalarse, además, que originalmente había sido autorizada originalmente para explorar en otro distrito, Huarmaca, pero luego, una simple fe de erratas justificó su presencia en la zona.

La zona usurpada no está en la desolada puna, sino en el único sector en el Perú de “Andes Verdes”, donde la sierra aparece cubierta de bosque húmedo como en Colombia. Se trata de un ecosistema muy frágil donde han logrado refugiarse los pocos ejemplares del tapir de altura o tapir andino que quedan en el país y también los osos de anteojos, otra especie en vías de extinción.

Según el biólogo Fidel Torres, aunque los campesinos no tienen muchos ingresos monetarios, la fertilidad del suelo les garantiza una dieta balanceada, incluida tubérculos como la pituca y árboles frutales.

Torres viajó a las dos comunidades y constató que la empresa se ha expandido fuera del área en concesión, extendiendo varios kilómetros un gigantesco cerco que parece extraído de la novela de Manuel Scorza, Redoble por Rancas. Por supuesto, también están presentes los guardias armados de la empresa Forza, impidiendo a los campesinos ingresar a sus antiguas parcelas.

Naturalmente, estos hechos han generado mucho rechazo en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, donde se sabe que todo el medio ambiente puede quedar dañado si comienzan las operaciones de tajo abierto y se contaminarían las aguas que llegan hasta el Bajo Piura. También en Jaén y San Ignacio, las dos provincias cajamarquinas limítrofes, existe mucho temor por el posible daño a ríos como el Chinchipe.

La conducta de Majaz ha sido sumamente confrontacional, empleando todos los medios posibles para denigrar a quienes tienen una posición favorable al medio ambiente, inclusive acusándolos de terroristas.

La violencia también ha estado presente, como ocurrió cuando fue destruida la emisora La Poderosa, que transmitía un programa ecológico. En febrero del 2006, varios gerentes de Majaz dirigieron una turba que interrumpió violentamente un foro sobre ecología en Huancabamba, agrediendo a pedradas a Torres y otros expositores. Sin embargo, los hechos más dolorosos para los piuranos son las muertes de Reemberto Herrera (abril del 2004) y Melanio García (julio del 2005), asesinados por la policía cuando marchaban para recuperar las tierras usurpadas.

El año pasado, cuando Richard Ralph, el ex embajador inglés, fue nombrado gerente general, Majaz pareció cambiar. Publicó avisos disculpándose por la tensión generada (pero no por la usurpación), los gerentes violentistas dejaron de trabajar y cesaron las campañas de amedrentamiento en periódicos y radios locales.

Sin embargo, este año, Monterrico Metals vendió Majaz a la empresa china Zijin y la situación ha vuelto a ponerse tensa. A nuestro entender, Zijin se siente envalentonada por el abierto respaldo del gobierno aprista, al punto que ha suscrito un convenio de estabilidad jurídica, sin tomar en cuenta las observaciones de la Defensoría del Pueblo, de diversos expertos peruanos y extranjeros y, especialmente, de los comuneros.

Majaz sostiene que la pequeña área donde va a realizar su exploración no debería generar tanta alarma, pero se ha ha descubierto que su socia Monterrico Metals ha logrado una concesión mucho más extensa, que abarca a las lagunas de las Huaringas, afectando la naciente de los ríos Quiroz y Huancabamba, por lo que el peligro de un desastre ecológico se hace cada vez más real.

En los últimos días, los campesinos han rechazado los 80 millones de dólares que la empresa les ha ofrecido si aceptan su presencia. Ahora, estaría convocando a grandes fiestas para el viernes 14 y el sábado 15, con mucho licor, para tratar de que la consulta no se realice. En todo caos, un grupo de observadores peruanos y extranjeros se dispone a viajar a los tres distritos para verificar la transparencia del proceso.

Esperamos que la consulta se realice sin mayores inconvenientes, por el bien de la democracia y del medio ambiente. Esperamos también que en el Perú pueda construirse un marco legal que no subordine los seres humanos a los intereses económicos particulares.



Además...

-Hablando de muertes que pueden quedar impunes, es posible que esto suceda con el caso del adolescente Jonathan Condori, el primero de los diez peruanos muertos por la Policía Nacional durante este gobierno. Amparado en el reciente Decreto Legislativo 982, el Fiscal de Sicuani pretende señalar como inimputable al policía César Salas, que disparó a Jonathan una bomba lacrimógena en la cabeza (RP 157).

-Hacemos llegar a la congresista María Sumire nuestra solidaridad frente a la actitud racista y prepotente de Martha Hildebrandt, quien pretende combatir la posibilidad de acercar el Estado a la población que no habla castellano. La congresista Hildebrandt debería ser denunciada ante la Comisión de Etica del Congreso... de la cual ella misma forma parte. También habría incurrido en el delito de discriminación, contemplado en el artículo 323 del Código Penal.

-Hablando de agravios a la población andina, la semana pasada los canillitas puneños se rehusaron a vender el diario Correo debido a las ofensas lanzadas por el columnista Pedro Salinas contra la ciudad de Juliaca. En realidad, el director del diario, Aldo Mariátegui, y el columnista Andrés Bedoya suelen tener frases aún más despectivas hacia los puneños y, en general, hacia todo el Sur Andino.

-Una nueva campaña grotesca en el Ministerio de Salud: esta vez se empleó al animal que asesinó a dentelladas a Wilson Paredes nada menos que como símbolo de una campaña para la vacunación de perros.

-Un canal de televisión de Pisco que criticaba la improvisación y el maltrato a la población ha sido clausurado, nada menos que por integrantes del Ejército. Resulta interesante cómo durante la reconstrucción de Armenia, en Colombia, se exhortaba mas bien a la población a quejarse, para saber qué andaba mal en el proceso de reconstrucción. En Lima residen varios expertos colombianos que convendría contactar.

-En medio de tantas demostraciones de autoritarismo, resulta un alivio que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales los aspectos más cuestionables de la Ley 28925, que permitía ejercer el control político sobre las ONG.

-Del 19 al 21 de setiembre se llevará a cabo el seminario sobre Cómo Enfrentar el Racismo desde el Derecho, la Educación y la Publicidad en el Pabellón de Ciencias Sociales de la Universidad Católica (Aula J-101, de 7pm a 9pm). Entre los expositores se encuentran Santiago Alfaro, Alessandra Dibós, Gustavo Rodríguez, Cecilia Méndez y Daniel Sánchez, de la Defensoría del Pueblo. La asistencia es libre, pero las personas interesadas en participar que no pertenecen a la PUCP me pueden hacer llegar sus nombres para hacer más rápido el ingreso.

Reflexiones Peruanas Nº 162: ¿Está en buenas manos la reconstrucción?

Hace dos años, en Nueva Orleans, varias gasolineras fueron severamente multadas por haber elevado el precio del combustible ante la llegada del huracán Katrina. En el Perú, a las pocas horas de producido el terremoto, algunas empresas de transporte y las agencias funerarias, cuadruplicaron el precio de sus servicios, pero ninguna instancia estatal estaba facultada para intervenir en beneficio de la población afectada.

A nuestro entender, las empresas privadas son eficientes motores para el desarrollo de la sociedad, cuando se cumplen condiciones mínimas como la libre competencia, la información adecuada a los clientes, la existencia de canales para reclamar por un mal servicio y la regulación estatal que evite posibles excesos.

Entre nosotros, en cambio, la regulación sobre las actividades económicas es muy débil y en algunos lugares del Perú, simplemente no existe. A pesar de ello, en los últimos años se han privatizado actividades que aún en los países más capitalistas son ejercidas por el Estado. Un ejemplo fue la disolución de ENATRU-PERÚ (la empresa de transporte público) y el reemplazo de los ómnibus que circulaban por Trujillo, Arequipa o Lima por las ingobernables combis, cuyos choferes compiten desesperados por cada pasajero. Coincidentemente, las autoridades dejaron de practicar las revisiones técnicas del parque automotor, con los resultados de accidentes, contaminación y caos vehicular que vivimos día a día.

El reciente nombramiento de un grupo de empresarios para dirigir las labores de reconstrucción a través del llamado FORSUR, ha sido aplaudido por quienes profesan el dogma de la eficiencia irrestricta del sector privado. Para ellos, claro, es una herejía recordar que el servicio de la empresa telefónica estatal no se interrumpió en Lima, después del terremoto de 1974, a diferencia de lo ocurrido el pasado 15 de agosto. También es una herejía señalar que la zona más deteriorada de la carretera a Ica ha sido la que fue concesionada a la empresa Covial.

La conducción empresarial de FORSUR hace recurrente el control de crecientes porciones del territorio nacional por grupos económicos privados (con sus propios intereses), dejando un rol decorativo a las autoridades democráticamente elegidas por la población.

Un ejemplo cercano a los limeños (y a las víctimas del terremoto) es APRILS, la Asociación de Propietarios de Asia, que ha llegado a apropiarse del agua que serviría a los poblados y agricultores pobres para venderla a quienes veranean en los balnearios. APRILS vulnera también toda la legislación relativa al uso de las playas sin que ningún fiscal o alcalde pueda hacerles frente.

El manejo de asuntos sociales, diferencias culturales o problemas de exclusión no aparece en los manuales empresariales. Por eso, a pesar de los millones de dólares que Yanacocha ha entregado para restaurar iglesias o auspiciar conciertos de rock en Cajamarca, su relación con la población sigue siendo muy tensa. Similar es la situación de Pro-Inversión (que no es una empresa privada, pero que suele olvidarlo) frente a las 49 comunidades de Apurímac cuyos recursos administra sin su consentimiento. Los campesinos cocaleros del Huallaga han denunciado muchas veces la improvisación y los incumplimientos de las empresas contratadas para proponer cultivos alternativos.

En todos estos casos, a la inexperiencia de las empresas involucradas se suma que no sienten la exigencia de los clientes, porque los habitantes de las zonas donde operan sus “programas sociales” no son vistos como tales. La tentación de obtener ganancias aparece inclusive en empresas que se pretenden mostrar desinteresadas: el costo de los avisos de Telefónica, Saga Falabella, Scotiabank, Wong, Doe Run, Ripley y otras empresas más publicitando sus acciones de solidaridad con las víctimas del sismo está en camino a alcanzar el millón de dólares. ¿Es preocupación social o inversión para lograr una buena imagen empresarial?

El caso de FORSUR es especialmente grave, porque se ha otorgado la presidencia a Julio Favre, sin ninguna experiencia en temas sociales, urbanismo o establecer consensos, además de haber defendido violaciones masivas de derechos humanos y a empresas corruptas como Lucchetti.

Resulta curiosa además, la inclusión de José Chlimper, de conocidos intereses económicos en la zona. Hace unos años, siendo Ministro de Agricultura del último gabinete de Fujimori, Chlimper logró que éste, días antes de huir del país, suscribiera una ley para que no se reconociera a los trabajadores agrícolas gratificación, CTS o vacaciones, lo cual beneficiaba directamente sus actividades agroexportadoras.

Con estos antecedentes, parece lógico que los empresarios de FORSUR estén hablando más de potenciar las exportaciones, que de reconstruir viviendas u hospitales. Buscar la constructora para una gran autopista es prioritario frente a la desnutrición o el incumplimiento de los derechos laborales. Garantizar las inversiones hoteleras en Paracas parece más importante que el tratamiento psicológico de las víctimas.

Hace algunos días, como la mayoría de peruanos, me sentí indignado cuando supe que Rafael Rey estaba promoviendo el lanzamiento de una botella de pisco denominado 7.9.
Lamentablemente, ahora comprendo que para algunos el terremoto es una buena ocasión para brindar.


Además...

- Miles de ciudadanos continúen haciendo generosas donaciones, hacia los damnificados del terremoto, quienes se preguntan dónde queda toda la ayuda. Antonio Peña y sus vecinos en Pisco tuvieron que bregar durante una semana para obtener las carpas que se encontraban en la Base Militar de San Andrés (puedo enviar el relato de su enfrentamiento con la burocracia a quienes no lo hayan recibido).

-En una sobria ceremonia, donde fueron recordadas las víctimas de la violencia política, la Defensora del Pueblo lamentó los avances en la sanción de quienes desde el Estado cometieron masacres, desapariciones, asesinatos selectivos y otros crímenes.

-Miles de campesinos piuranos enfrentan seria incertidumbre, porque a las empresas del grupo Romero, empeñadas en sembrar caña de azúcar para producir etanol, se les ha asignado el agua que les correspondía del reservorio de Poechos.

-La empresa Doe Run fue multada por Osinergmin con 724,500 soles debido a sus prácticas contaminantes. A la fecha, el Ministerio de Salud no cumple con su obligación de atender la salud de los niños de La Oroya, según el mandato del Tribunal Constitucional.

-Hablando del Tribunal Constitucional, en un evidente intento de presionar a sus magistrados, el embajador Antero Flores Araoz viene defendiendo con vehemencia la ley que interviene en las actividades de las ONG, sobre la cual se debería resolver pronto la acción de inconstitucionalidad.



DOS TESTIMONIOS DE AYUDA Y SOLIDARIDAD

PISCO: AL DÍA SIGUIENTE

Me encontraba haciendo guardia en el hospital el miércoles por la noche, cuando me avisaron que tenía que trasladarme con otros médicos, brigadistas y socorristas hasta Pisco.

Llegamos a las cinco de la mañana del jueves al hospital destruido. Sólo quedaba en una sala de una construcción nueva, donde estaban mezclados los heridos con las personas fallecidas. Lo primero que tuvimos que hacer fue comenzar a separarlos: colocábamos en el patio a los muertos, mientras a los heridos graves, los estabilizabamos con yeso y los llevábamos a las ambulancias con rumbo al aeropuerto.

Durante ese día, la precariedad en Pisco era total. No había nada para tomar, nada que comer. No había agua y teníamos que mojar el yeso en dextrosa, porque era todo lo que había. Las personas hacían sus necesidades donde podían, porque todos los baños estaban destrozados.
Me agarraba el corazón ver a las personas llorando y rezando al costado de sus familiares fallecidos, envueltos en frazadas. En verdad te afecta ver tanta desgracia junta: la gente cargando ataúdes y colocando en ellos a los fallecidos como sea, mientras había quienes entregaban los certificados de defunción.
Cuando creí que la situación estaba controlada, a las doce del día, llegaron más heridos, que iban rescatando de la iglesia destruida. Algunos estaban casi muertos. Empezaba nuevamente el trajín de colocarles sueros, estabilizarlos con yesos y subir a las ambulancias.

Toda la gente te suplicaba para embarcar a sus familiares heridos y las ambulancias sólo los podían llevar de dos en dos. Cada persona te exigía que te ocuparas de sus parientes, pero teníamos que priorizar: los más graves y los niños en primer lugar. Entonces algunos te mentaban la madre por no escoger a su familiar para subirlo a la ambulancia. Entretanto seguían llegando los heridos y tenía a la vez que cargar a los muertos para colocarlos en el patio. Dentro de todas las experiencias duras que me han tocado vivir en mi profesión, es lo más parecido al infierno.

Algo más tarde, cuando nuevamente creíamos tener la situación parcialmente bajo control, escuchamos gritos y bulla. Salí a la calle y vi a la gente correr con mantas, colchones y frazadas, gritando:

-¡SE SALE EL MAR!

En el mismo hospital, la gente salió corriendo y dejaban a los heridos tirados. ¿Ustedes creen que no quería yo escapar también? Recé, le pedí a Dios y a la Virgen por mí y mi familia, mientras intentaba calmar en algo a la población que seguía corriendo. Pensé que si se salía el mar, al menos podíamos subir con los heridos al segundo piso del hospital. En ese momento, encontré a un bombero que me dijo que era cierto que el mar estaba muy movido, pero que al parecer no habría ningún tsunami. Entonces calmé a la gente y volví al hospital a tranquilizar al personal y a quienes se habían quedado. Felizmente el mar solo se salió un poco y no llegó hasta donde estábamos nosotros, a dos kilómetros de la playa.

Seguí dándole sin descansar ni un minuto hasta las 4 de la tarde en que subí a una ambulancia con cuatro heridos en dirección al aeropuerto y de allí a un avión, para viajar a Lima con 23 heridos y sus respectivos familiares. Felizmente ninguno de ellos falleció en el viaje.

Llegando a Lima tenía que distribuir a los heridos en ambulancias, para que los llevaran a diferentes hospitales, pero no se había previsto suficientes ambulancias y llegaban de una en una. Se produjo entonces otra guerra con los familiares, porque todos exigían que sus heridos fueran trasladados primero. Entretanto, entró a mi celular una llamada de mi mujer. Mis hijitos estaban llorando, porque todo ese día no había entrado la llamada a Pisco.

Hay que vivirlo para saber como ha sido. En verdad doy gracias a Dios que en el terremoto no nos pasó nada a mí ni a mi familia, pero es sobrecogedor estar ante tanto sufrimiento junto. Algún día esto pasará y veré a mis hijos crecer grandes y sanos, pero nunca dejaré de agradecer al Altísimo, porque no fui uno de tantos desdichados.


TUPE: DOS SEMANAS DESPUÉS

Cuando en alguna clase le pregunto a los alumnos dónde se habla el idioma jaqaru, ellos normalmente creen que en algún lugar remoto de la selva amazónica. No saben que es un idioma que se habla en el departamento de Yauyos, en el distrito de Tupe. Se trata de un pueblo que quedó aislado con el paso del tiempo, conserva su antigua vestimenta y hasta hace poco era muy visitado por lingüistas y antropólogos. Sin embargo, el aislamiento no lo protegió del terremoto. Diez días después de la tragedia, un grupo de amigos logró llegar hasta allá. Acá su testimonio:

El viaje fue bastante agotador: tuvimos que dirigirnos por la carretera que está asfaltada hasta Lunahuaná y luego continúa en pésimas condiciones. De un punto en la carretera hay que caminar aproximadamente tres horas. Encontramos en Tupe una situación muy triste. El pueblo está prácticamente destruido. Las casas eran de piedra y todas se encuentran afectadas. Los setecientos habitantes estan durmiendo en algunas carpas o a la intemperie, cubiertos por frazadas. La ayuda que llevamos en alimentos, colchones y prendas de abrigo, aunque era importante, pero resultó insuficiente frente a tanta necesidad. El colegio está totalmente en ruinas. Los niños no reciben clases desde el dia del terremoto. Encontramos que un importante número de ellos tienen problemas respiratorios por el frío. En medio de este panorama de abandono, la ausencia del Estado es lamentable y era indignante la indolencia de muchos funcionarios del Estado (educacion y salud), con los que hemos intentado comunicarnos sobre esta situación.

En Tupe no saben que existe Rafael Rey o Julio Favre, ni conocen el pisco. ¿Habrá alguien en el FORSUR que se acuerde de ellos?