martes, agosto 28, 2007

Reflexiones Peruanas Nº 165: Recuerdos de Pisco y San Clemente

La noche del 15 de junio llegué a Pisco. Me habían recomendado alojarme en el Hotel Embassy, pero encontré en internet un albergue más sencillo y económico, dirigido sobre todo a turistas extranjeros. Estaba en una calle solitaria a una cuadra del cementerio, frente al cual había unos muchachos aparentemente esperando a algún amigo.

El pequeño restaurante del albergue estaba cerrado, pero el vigilante me dijo que podría comer en la Plaza de Armas.

-Mejor espere un mototaxi –me recomendó–. Es peligroso caminar de noche por acá.

Finalmente, como no pasaba ningún vehículo, me entregó un planito de la ciudad en inglés y me mostró la ruta. Me advirtió que evitara el cementerio, porque los chicos que había visto eran pandilleros.

En el trayecto encontré a varias personas conversando fuera de sus casas, como si fuera una noche de verano. Algunos me miraban con sobresalto, como sucede en lugares anteriormente tranquilos frente a los desconocidos, pero yo saludaba amablemente, para eliminar tensiones.

Al llegar a la plaza, pasé al lado del sólido edificio celeste que asemejaba una mezquita por sus azulejos y columnas: era la municipalidad, construida en los años veinte. Pasé al lado del monumento a San Martín y llegué a la calle Progreso, donde lo único que parecía reflejar este nombre eran los modernos locales de Botica Arcángel e Inkafarma. Al lado estaba el restaurante donde terminé rápidamente una palta rellena.

Después de revisar mi correo en una cabina de internet, que encontré en una calle peatonal, regresé al hotel por el mismo camino. El vigilante me reprendió por haberme arriesgado a volver a pie.

-Jamás lo volveré a hacer –declaré.

Al día siguiente muy temprano, me despertaron las voces de los turistas, que partían hacia las líneas de Nazca. Yo debía ir a San Clemente, un distrito donde los habitantes tienen marcados rasgos andinos y algunas mujeres llevan a sus hijos en lliclla: son migrantes ayacuchanos y huancavelicanos, desplazados por la violencia y la pobreza.

Su nueva vida no ha sido mucho mejor: en medio de la avenida principal, un pequeño monumento recordaba a los mártires de San Clemente. Recordé al anciano Marcelino Sulca, muerto en febrero del 2002 por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. La policía, al mando del entonces Ministro Fernando Rospigliosi, había estado arrojando estos proyectiles desde helicópteros, afectando a toda la población, para reprimir una protesta de campesinos algodoneros.

Al lado del monumento se encontraba el colegio José Carlos Mariátegui, el principal del distrito, donde me habían pedido un taller sobre el VIH, tomando en cuenta que Ica es uno de los departamentos donde más ha impactado esta enfermedad.

Mientras conversaba con alumnos y profesores sobre cómo los jóvenes con baja autoestima y sin un proyecto de vida pueden desarrollar conductas autodestructivas, pensaba que era difícil lograr una autoestima equilibrada estudiando en un aula oscura, con lunas rotas, carpetas deterioradas y baños que no describo por respeto a los lectores. Seis o siete perros correteaban por el patio de tierra y de vez en cuando entraban en la clase.

Los jóvenes de San Clemente eran tan pobres que aún la posibilidad estudiar en el Instituto Pedagógico de Pisco era demasiado costosa. La frustración llevaba a algunos al alcohol, el pandillaje o a otras salidas desesperadas. Los profesores me confiaron que una de las alumnas asistentes al taller había intentado recientemente suicidarse y que no era el primer caso.

Después del almuerzo salí a comprar una botella de agua. Pasé delante de varios bares que estaban frente al colegio y encontré una bodega, donde unos hombres embriagados bebían mientras escuchaban tecnocumbia. La vendedora miró mi polo con curiosidad. Había entendido la inscripción en quechua Ayacucho sonkoykipi (en tu corazón).

Esperé que atendiera a una anciana en polleras que compraba un paquete de velas.

-Mejor dos paquetes, para no tener que volver –pidió la señora.

A San Clemente bajaban a hacer compras muchas personas desde poblados más apartados, sin energía eléctrica.

Más que en cualquier otra visita a Ica, fue en Pisco y San Clemente, donde los informes oficiales sobre pleno empleo y prosperidad me parecieron un grotesco sarcasmo. Curiosamente, en Pisco se encuentran varias exitosas empresas agroexportadoras, pero pagan sueldos tan reducidos que difícilmente podrían generar alguna inversión sostenible... como mejorar las precarias viviendas. Por eso, el trágico saldo del terremoto no se debe tanto a la naturaleza, sino a la miseria y la ausencia del Estado.

A pesar de ello, el gobierno ha ignorado a las autoridades regionales y locales encargando la “reconstrucción” a empresarios cercanos a Fujimori, quienes parecen ver el desastre como una oportunidad comercial: hablan de otorgar en concesión el servicio de agua, el puerto, el aeropuerto, y la edificación de las viviendas. Sus prioridades deberían ser mas bien consolidar el tejido social y promover una vida digna para los iqueños. De lo contrario, la inseguridad y la pobreza serán mucho peores que antes del terremoto. Los ayacuchanos saben muy bien lo que sucede cuando se prefiere ignorar los problemas de fondo.


Además...

- Mientras la improvisación y la precariedad han generado la muerte de varios niños y ancianos que no pudieron resistir el frío, al Ministro de la Producción Rafael Rey, cuya insensibilidad es ya conocida, se le ocurrió pretender usar la tragedia como una infame publicidad para el pisco.

-Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna son tres provincias en extrema pobreza de cuya existencia por fin muchos limeños están siendo conscientes, enviando importante ayuda, que parcialmente suple el abandono estatal. Debido a dicho abandono, en muchos lugares, los propios periodistas han tenido que convertirse en agentes de ayuda humanitaria que han obtenido en sus medios de comunicación. Los reportajes de Zoraida Portillo, Norka Peralta, Nelly Luna y Beto Ortiz han sido especialmente conmovedores.

-Como un gesto humanitario RENIEC ha prorrogado la vigencia de los DNI de las zonas afectadas. Sería conveniente que esta medida se extendiera a todos los peruanos pobres o, como aparece en el proyecto de ley presentado por la congresista Hilaria Supa, que los peruanos volviéramos a tener documentos de identidad gratuitos y vitalicios.

-El manifiesto deterioro de tantas zonas pobres del centro de Lima revela una vez más el condenable derroche que la Municipalidad Metropolitana practicó al destinar 13 millones de dólares para edificar unas fuentes en el Parque de la Reserva.

-La empresa Casapalca fue multada con 289,000 soles por Osinergmin debido a sus gravísimas infracciones a la seguridad y la salud de los trabajadores, así como por daños ambientales.

-Hablando de empresas sancionables, Elektra viene siendo acusada de prácticas discriminatorias al no admitir abogados como sujetos de crédito.

-Felicitamos a los integrantes del COSDEJ, a la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y a la Corte Superior de Lambayeque por la organización de las últimas actividades para promover que los abogados, magistrados y fiscales del norte del país se familiaricen con los instrumentos legales para erradicar la discriminación.

martes, agosto 21, 2007

Reflexiones Peruanas 160: Cuando la tierra tiembla en un país desigual


La tarde del 15 de agosto había prometido llevar a mi abuelita a comer helados. Estaba llegando al edificio donde vive, en un sexto piso, cuando el número inusitado de gente en la calle y algunos gritos me hicieron pensar que había habido temblor. Como vi el ascensor ocupado, decidí usar las escaleras, mientras muchas personas bajaban de prisa, pero con tranquilidad. Al llegar al cuarto piso, me pareció que se producía una réplica, pero el movimiento era tan fuerte que me pegué a una columna... Sólo después comprendí que en pleno terremoto había estado subiendo las escaleras.

Encontré a mi abuelita asustada, pero su departamento no había sufrido mayor deterioro, salvo dos o tres adornitos que puse en su sitio. Recordamos los terremotos de 1970 y 1974 (en el de 1966 apenas si sabía caminar) y otros que ella había vivido como el de 1940. Era una conversación lógica en un país donde siempre habrá terremotos, un detalle de la vida peruana que muchos no recordaban hasta este miércoles.

A pesar de los recientes sismos de Nazca, Arequipa y Moyobamba, en el mismo olvido se encontraba el Estado, sin ningún plan de prevención. En realidad, las autoridades aparecen tan incapaces para enfrentar el daño que generan fenómenos permanentes como la contaminación ambiental, los accidentes de carretera o los estragos del invierno en la sierra (eso que los periodistas llaman friaje), que difícilmente pueden prevenir un problema menos visible.

Cuando no hay planificacion, las medidas eficaces dejan paso a las efectistas, como que Alan García se traslade a Pisco o que él disponga la suspensión de las clases escolares en todo el país, incluyendo lugares como Huancayo, Iquitos o Piura, donde ni siquiera se había sentido el temblor.

Aunque los terremotos son inevitables, la previsión puede permitir aminorar sus peores consecuencias, considerando además que en una sociedad tan desigual, los daños serán devastadores para los que menos tienen. Por ejemplo, en Barrios Altos, el Rímac, el Callao e innumerables ciudades peruanas, millones de personas habitan en viviendas precarias que no resistirían un terremoto, pero hasta ahora, la desidia del Estado deja a quien no tiene capacidad económica condenado a la total desprotección.

La desigualdad también aparece en la diferente calidad de los servicios públicos: por ejemplo, el sismo no afectó el suministro de electricidad en Pueblo Libre o Miraflores y en San Isidro, inclusive, los teléfonos fijos siguieron funcionando con normalidad. En varias zonas populares limeñas, sin embargo, todavía no llegan ni la luz ni el agua. La misma desigualdad se manifestó en la respuesta del Estado: minutos después del terremoto, un contingente de policías ordenó el tráfico en la avenida Javier Prado, evitando las terribles congestiones que se produjeron en otros distritos por la desesperación de quienes deseaban llegar a tiempo a sus hogares.

Prevenir implica también reconocer los problemas de nuestra estructura moral, como los transportistas que aprovecharon la desesperación de quienes temían por sus seres queridos. Se trata de una manifestación despreciable de la “viveza”, que aparece en todos los estratos de la sociedad peruana.

Conociendo esos antecedentes, el Estado pudo intervenir, disponiendo, por ejemplo, que los vehículos de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas ayudaran a que todos los ciudadanos consiguieran llegar a las zonas afectadas y no sólo quienes podían pagar lo que pedía la empresa Soyuz, otro ejemplo de ausencia de escrúpulos y valores.

Es verdad, también que la solidaridad con las víctimas ha sido impresionante, pero los saqueos de farmacias, bodegas y camiones con alimentos reflejan que no se ha planificado seriamente la distribución. Algunos desubicados ministros llegaron a pedir que los damnificados caminaran durante horas en pos de una botella de agua o un paquete de galletas, en lugar de organizar directamente la entrega de víveres en las zonas periféricas de las ciudades o en los poblados más alejados y también más necesitados.

Me disculparán la dureza, pero creo que el manejo del desastre muestra algo muy simple: para el Estado los iqueños como la mayoría de peruanos, siempre han sido ciudadanos de segunda categoría. Por eso se permite a Soyuz arriesgar sus vidas con toda impunidad. Por eso los complejos agroexportadores pudieron apoderarse del agua que antes abastecía a los pueblos jóvenes de Ica. Por eso en dichos complejos ocurre todo tipo de abusos laborales hacia las trabajadoras y recién este año ha aparecido un solitario sindicato. Por eso los hospitales son tan precarios, más aún si el gobierno actual continúa la política establecida por Fujimori, que los centros de salud estatales deben “autofinanciarse” cobrándole a la gente por las atenciones que reciben. Por eso no se piensa en organizar a la población o en llevarle ayuda a los lugares donde se encuentra.

Unas pocas personas, niños sobre todo, han sido acogidos por sus familiares en Lima, pero el resto se encuentra en total incertidumbre. Muy cerca de la zona devastada, sin embargo, las casas de playa de los veraneantes de Asia cuentan con infraestructura para albergar a todos los damnificados, pero, salvo la Defensora del Pueblo, a ninguna autoridad se le ocurre siquiera sugerir una medida que incomode a los acaudalados propietarios.

Los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias reflejan la solidaridad de algunos y la ausencia de valores de otros, la imprevisión de las autoridades y, especialmente, la terrible desigualdad en que vivimos.


Además...

-El propietario de la empresa Unique ha prometido que financiará la reconstrucción del santuario del Señor de Luren. Seguramente, muchos damnificados en Pisco, Chincha e Ica lo considerarían mejor cristiano si los ayudara en otras necesidades.

-El terremoto reveló la explotación a que son sometidos miles de empleados estatales, trabajadores de empresas privadas y ONGs, quienes se encontraban trabajando a las 6 y 40pm. Las horas extras y los demás derechos laborales son para ellos ciencia ficción.

-Hablando de explotación laboral, el programa A Trabajar pagará 14 soles diarios a los iqueños que participen en la reconstrucción. Resulta escandaloso que en este programa del Ministerio de Trabajo se incumpla el salario mínimo.

-En un sorprendente despliegue de insensibilidad Ripley, McDonald’s, Saga Falabella y otras empresas han aprovechado la catástrofe para pagar costosos e innecesarios avisos invitando a personas ingenuas a depositar donaciones en sus locales.

-Los canales de televisión tuvieron un rol lamentable el pasado miércoles, preocupados por obtener imágenes sensacionalistas y desgarradoras o transmitir “recomendaciones” alarmistas. Ninguno pensó en centralizar información para ayudar a los peruanos que, dentro y fuera del país, querían ubicar desesperados a sus seres queridos.

-Mientras miles de juguetes chinos fueron decomisados porque pueden tener pintura con plomo, la mayoría de niños peruanos sigue expuesta a emanaciones de plomo mucho más tóxicas como las generadas por la contaminación ambiental sin que esto merezca mayor intervención de las autoridades.

-Hablando de lucha contra la contaminación, el alcalde de San Ignacio (Cajamarca) se salvó de morir en una emboscada el pasado martes 14. Se sospecha de un atentado, por su oposición a la acción de la empresa minera Majaz, pero no se descarta que se haya tratado de delincuentes comunes.

-Hablando de Majaz, los alcaldes de Ayabaca y Carmen de La Frontera han anunciado que proseguirá la consulta popular programada para el 16 de setiembre, aunque el Jurado Nacional de Elecciones sostiene que los resultados no tendrán validez legal.

-Felicitamos al Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú por una nueva edición de Procaddes, un programa de capacitación a profesores de colegios nacionales, donde se trabajan conceptos como ciudadanía, formación en valores y rechazo a la discriminación.

jueves, agosto 16, 2007

Reflexiones Peruanas 159: Los Mangos de la Macarena


Una imagen del reservorio de San Lorenzo


Los diminutos mangos. Tardarán unos cinco meses para ser cosechados

“¡Felicitaciones por haber construido algo así!” “¡Es impresionante!” “¡Espectacular!”

En el libro de visitas del reservorio de San Lorenzo, toda la última página aparece llena de estas expresiones de admiración por parte de un grupo de universitarios ecuatorianos, quienes se encontraban en Piura para un intercambio estudiantil.

Yo también me había quedado boquiabierto al ver la extensión del lago artificial, pero especialmente cuando nos llevaron a conocer la sala de válvulas y luego bajamos hasta las gigantescas tuberías que se encuentran debajo del reservorio y permiten irrigar Tambogrande, Las Lomas y los demás distritos del valle de San Lorenzo.

Me había alojado en el pequeño caserío de Cruceta, ubicado en el antiguo campamento donde vivieron los obreros e ingenieros que hace varias décadas canalizaron aguas subterráneas para construir el reservorio y así transformaron parte del desierto de Piura en uno de los valles más prósperos del Perú.

Cuando uno recorre las fecundas plantaciones de mango, limón y otros cultivos comprende la férrea defensa de los habitantes del valle ante las pretensiones de la empresa canadiense Manhattan, que a comienzos de este agitado siglo quiso establecer una gigantesca mina de tajo abierto arrasando los fundos y la ciudad de Tambogrande.

Afortunadamente, en el 2003, aislada y sin financiamiento, Manhattan tuvo que retirarse del país y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Perú, mientras los mangos adquieren cada vez más renombre en el mercado internacional.

Entre varios fundos, visité La Macarena, donde, mediante el riego por goteo, se cultivan mangos de tres variedades distintas. En esta época del año, los frutos son muy pequeños, apenas del tamaño de una uva.

-El clima de Piura es ideal para el mango, porque tiene un período de invierno que permite desarrollar la fruta-, me explicó un ingeniero, que me explicaba el crecimiento de las exportaciones.

-Supongo que los pequeños agricultores producen para el mercado nacional – comenté.

-¡No! –exclamaron al unísono mis interlocutores.

-¡Hasta el que tiene la chacra más pequeña ya cultiva para la exportación! –me indicó Santos, un trabajador de la Parroquia de Cruceta.

Todos han aprendido a lograr el tamaño, la forma, el color y la consistencia que esperan los compradores extranjeros.

La recolección del mango es también una labor muy delicada, después de la cual, el control de calidad es también preocupación de las numerosas fábricas de Tambogrande donde se embalan los mangos para su exportación.

Todo lo que se ve en el valle de San Lorenzo devuelve la confianza que en el Perú es posible una adecuada planificación y así promover el desarrollo sostenible, cuyos beneficios se extiendan a toda la población. “He regresado a Cruceta después de unos años”, dice una monja hondureña, “y ahora hay agua, luz y hasta camión de basura”.

Sin embargo, parece increíble que los mangos, las fábricas, el gran reservorio y la fuente de trabajo para millares de personas estén en peligro de desaparecer por una combinación de improvisación e intereses políticos mezquinos. Desde hace dos años, se han establecido mineros artesanales en la parte alta de la cuenca y sus procesos de cianuración podrían afectar las aguas del reservorio y la calidad de la cosecha.

En Lima, donde todavía se cree que Tambogrande es un pueblito sin veredas ni semáforos, algunos medios han informado que dentro del valle, los propios habitantes se están dedicando a la minería artesanal en su tiempo libre, cuando ellos saben muy bien que basta que llegue un solo mango contaminado a Europa o Estados Unidos para que nunca más puedan exportar.

Cuando hace unos meses, el Presidente Regional César Trelles dispuso la formalización de los mineros artesanales en una reciente ordenanza, 20,000 tambograndinos realizaron una marcha de protesta en las calles de Piura, llevando a Trelles a señalar que la ordenanza quedaría sin efecto (pero no derogada).

Al parecer, existiría el interés de varias empresas mineras para, después de la formalización, adquirir las tierras que ocupan los mineros artesanales y paulatinamente llegar hasta el propio valle de San Lorenzo, logrando la explotación que Manhattan no pudo llevar a cabo. Los agricultores y los alcaldes del valle están exigiendo la derogación de la ordenanza, la total prohibición de la minería artesanal y la intangibilidad del valle. Esperan que el discurso de defensa de la inversión privada y la seguridad jurídica, que tanto enarbola este gobierno, funcione también para los tambograndinos.

Ajenos a lo que se viene debatiendo, mientras usted lee estas líneas, los mangos de La Macarena y de todo el valle de San Lorenzo vienen creciendo y tomando forma hasta que en noviembre y diciembre llegue la cosecha. Esperemos que este ciclo pueda continuar por muchos años, sin que lo interrumpan la ambición o la irresponsabilidad.

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Además...

-Las polémicas generadas por el chocante afiche del Festival de Cine de la Universidad Católica, que comentamos anteriormente (RP 156) y por la discriminación sufrida por el periodista Marco Avilés en el local miraflorino La Sede, refleja la creciente sensibilidad respecto al racismo. A pesar de ello, el grupo Gildemeister continúa exigiendo “excelente presencia” y “fotografía reciente” a las personas que pretende contratar.

-Mientras los sucesivos accidentes de carreteras demuestran la negligencia de numerosas autoridades, resulta sorprendente el privilegio otorgado por el Ministerio de Transportes, a la empresa Soyuz para dirigirse a Huacho por la ruta destinada a los vehículos livianos. Sólo la semana pasada esta empresa tuvo dos accidentes.

-Mientras finalmente, Topy Top será multada por el Ministerio de Trabajo por sus prácticas antisindicales, la agroexportadora Camposol, de capitales venezolanos, continúa en la impunidad después de haber despedido a centenares de trabajadoras por haberse atrevido a formar un sindicato (RP 154).

-El Ministerio Público ha solicitado varios años de prisión para el ex Director de la Maternidad de Lima y los demás médicos involucrados en la transfusión de sangre contaminada con VIH a varios recién nacidos en el año 2004.

-Hablando de médicos, la empresa Nestlé organizó una fiesta para los nuevos pediatras del Perú en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. En muchos países, esta conducta sería considerada una práctica reñida con la ética para influenciar a los profesionales.

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miércoles, agosto 08, 2007

Reflexiones Peruanas Nº 158: Camina, no sabes lo que te pierdes

Cae la noche y decenas de personas de toda edad y condición salen a caminar hasta la Plaza de Armas, el parque, la calle peatonal o algún otro punto de encuentro. Familias, parejas de enamorados, personas solas, grupos de jóvenes que tienen ya una banca o una esquina reservada. Nadie parece tener prisa ni estar preocupado por ir a casa para ver la telenovela, el noticiero o el programa político dominical.

He visto esa escena en muchas ciudades del Perú, desde las más calurosas, como Tumbes o Pucallpa, hasta aquéllas donde hay que abrigarse para la caminata nocturna, como Huancayo o Chachapoyas.

En realidad, salir a caminar es una actividad muy saludable y Lima tiene grandes ventajas para ello: casi toda la ciudad es plana, las veredas son más anchas y existen más áreas verdes que en otros lugares. ¿Por qué entonces muchos limeños no aprovechan los espacios públicos a su disposición?

Un argumento frecuente es el temor a exponerse a la delincuencia, pero la verdad es que muchos lugares para caminar como el Parque de Lima, el Parque de la Muralla, la bahía de Miraflores, los malecones de La Punta o el Olivar de San Isidro existe bastante vigilancia.

A los extranjeros que llevo a conocer el Jirón de la Unión o la Plaza San Martín les sorprende que haya personas temerosas de darse una vuelta por allí. Es triste decirlo, pero hay quienes prefieren abstenerse de caminar para evitar mayor contacto con limeños “diferentes”. A ellos podría aplicarse la frase acuñada por mi amigo José Carlos Machicao: “Si eres racista, no sabes lo que te pierdes”.

Ahora bien, para quien camina por Lima el principal factor de inseguridad es que muchos choferes lo perciben como una especie de obstáculo móvil y no un ser con derechos. De hecho, manejar un vehículo genera una sensación de poder y para muchos peruanos, el poder debe ser ejercido con prepotencia.

Muchos peatones están tan acostumbrados a ello que, cuando un conductor civilizado (como por ejemplo, los que leen estas páginas) se detiene para cederles el paso, se desconciertan y luego cruzan corriendo, como si su benefactor estuviera esperando que comiencen a caminar para atropellarlos.

En realidad, ceder el paso a quien está cruzando en una esquina o un crucero peatonal no es un acto de cortesía, sino una obligación contemplada desde hace seis años en el Reglamento Nacional de Tránsito, con una multa de 170 soles para los infractores, que jamás se aplica. De hecho, tampoco se multa a los transeúntes que no usan los puentes peatonales ni a los que arriesgan su vida inútilmente cruzando por cualquier lugar y en cualquier momento, en avenidas donde el tráfico es ahora más fluido, como Tacna o Abancay. Difundir y aplicar el Reglamento es una tarea pendiente para el Ministerio de Transportes, la Policía Nacional y las municipalidades.

Sin embargo, las autoridades podrían hacer mucho más para generar condiciones seguras a quienes desean seguir el sano hábito de caminar o simplemente tienen que hacerlo. Una necesidad urgente sería colocar semáforos en zonas de alto peligro peatonal como la entrada del Hospital Rebagliati, el mercado de Lince o la esquina de Ripley en Miraflores. Otra medida sería establecer más zonas peatonales, lo cual además contribuiría a reducir la contaminación ambiental. Resulta interesante cómo las nuevas calles peatonales y el ensanchamiento de las veredas han contribuido a la calidad de vida de los ciudadanos en Ayacucho y Huancavelica y pronto habrá calles similares en el Cusco.

Hace unos años, la Municipalidad de Lima parecía ir en esa dirección cuando anunció que los jirones Ica y Ucayali se volverían peatonales, pero lejos de cumplir con ello, ha privado mas bien a los ciudadanos de un inmenso espacio público al anexar varias áreas verdes al Parque de la Reserva... y disponer que sólo ingresarán quienes paguen por ello.

Afortunadamente, en otros distritos sí se ha avanzado en proteger a los transeúntes: en Miraflores, a fines de la gestión de Fernando Andrade, se construyeron varios puentes peatonales sobre el circuito de playas. Ante el local de Saga Falabella de ese distrito, en Plaza San Miguel y frente al Hospital Militar se han instalado semáforos que sirven básicamente a los peatones.

En el Olivar de San Isidro los cruceros peatonales ahora se encuentran al mismo nivel que la vereda, haciendo mucho más fácil el desplazamiento de personas mayores, discapacitados y quienes llevan cochecitos de bebé. Carteles y rompemuelles convencen además a los automovilistas para que den preferencia a los peatones, hasta que llegue el día que se aplique la multa correspondiente.

En una ciudad donde la lluvia, la nieve, los rayos o el viento son fenómenos exóticos que sólo se conocen por viajes o películas, salir a dar una vuelta debería ser una actividad cotidiana, para sentir que Lima es una ciudad nuestra, una ciudad de todos.



Además...

-A la lista de personas fallecidas por excesos policiales que adjuntamos en la RP 157 debe sumarse el profesor Sergio Alanoca, quien murió en el hospital de Essalud de Juliaca el pasado 19 de julio a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena.

-Hablando de violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la culpabilidad del Estado peruano por el asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral durante el primer gobierno aprista y dispuso una indemnización para sus hijos.

-Gracias a la firmeza de la Municipalidad de Piura, las motos lineales prácticamente han desaparecido del centro de esa ciudad (RP 142).

-Hablando de Piura, pese a los pedidos de los agricultores de Tambogrande, Las Lomas y el resto del valle de San Lorenzo, el Gobierno Regional no cumple su ofrecimiento de derogar la ordenanza que ampara a los mineros artesanales.

-Hablando de conflictos con empresas mineras, fue liberado por fin el dirigente Ronny Cueto enfrentado a la empresa Shougang en Marcona. En Piura fueron absueltos los los maestros Mario Tabra y Gerardo Chamba y el rondero José Acha acusados injustamente de secuestrar un funcionario de la empresa Majaz. A pesar de la extrema oposición que genera esta empresa en la población, el Estado pretende suscribir con ella un convenio de estabilidad jurídica por diez años.

-La grotesca exhibición de los pacientes psiquiátricos del Hospital Larco Herrera disfrazados como próceres y precursores de la Independencia constituyó un chocante desatino. El Ministro de Salud, presente durante el desfile, debería preocuparse mas bien por asegurar un tratamiento adecuado a los pacientes.

-Hablando del sector Salud, la Defensoría del Pueblo ha detectado que en la Maternidad de Lima no se cumple la disposición que permite la modalidad del parto vertical, siguiendo las pautas culturales de muchas zonas andinas y amazónicas.

-Agradecemos a la empresa Langrow por haber eliminado el requisito “fotografía reciente” de sus ofertas de empleo. Lamentablemente, la aerolínea LC Busre lo considera “requisito indispensable”.

viernes, agosto 03, 2007

Reflexiones Peruanas Nº 157: García y Toledo: peligrosas semejanzas y peligrosas diferencias

-¿Adónde pido garantías para el plantón que vamos a organizar? –me preguntó hace poco un estudiante de la Universidad Villarreal, empeñado en exigir la extradición de Fujimori.

La pregunta refleja la mayor diferencia entre el gobierno de Alan García y su predecesor: la creciente restricción de los derechos fundamentales. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente en lugares públicos, salvo que empleen armas u obstruyan el tránsito. Pueden pedir garantías si lo consideran necesario, para evitar ser agredidos por terceros, estando las Fuerzas Policiales obligadas a proporcionárselas.

En los últimos meses, sin embargo, la Policía Nacional viene interpretando la solicitud de garantías como una especie de “autorización para manifestarse”. Quienes no cuentan con las garantías corren el riesgo de ser golpeados, detenidos e incomunicados por la propia policía, a semejanza de lo que ocurría a fines del régimen de Fujimori.

Este proceso es bastante comprensible, porque otra diferencia con el régimen de Toledo es que, a la sólida alianza que éste tenía con los grupos de poder económico, el régimen actual ha permitido que se incorporen entusiastas los sectores militares y fujimoristas.

Como ha sucedido en otras experiencias históricas, cuando un régimen se vuelve paulatinamente represivo, la mayoría de ciudadanos prefiere ignorarlo, si no se sienten directamente afectados. Cuando el caricaturista Piero Quijano fue censurado en la Casa-Museo de José Carlos Mariátegui, algunos artistas y periodistas reaccionaron sorprendidos y escandalizados, pero deberían haber tomado en cuenta los antecedentes de los últimos doce meses: desde la desaparición de la columna de César Hildebrandt tras algunas revelaciones incómodas, hasta la absurda detención de los campesinos de Chacas; desde la ley que restringe las actividades de las ONGs hasta la masiva detención de dirigentes del SUTEP sin orden judicial; desde el impulso a la pena de muerte, hasta la irrupción en las viviendas de Guillermo Bermejo y Omar Paredes.

En cuanto a las demandas sociales, lamentablemente, no existen diferencias saltantes con los tiempos de Toledo: se mantiene la misma incapacidad e indiferencia, como lo ha demostrado la reacción improvisada ante la cantidad de campesinos fallecidos por el invierno en la zona andina. El agravante, claro, es que el gobierno actual tiene aún más recursos.

Resulta muy positivo que se hayan restringido aquellos gastos suntuarios que caracterizaron a Toledo, desde los viajes a China en avión presidencial hasta los sueldos escandalosos de los funcionarios públicos, pero más allá de la retórica, la población no siente beneficios concretos. De hecho, ahora que se podría eliminar el analfabetismo, asegurar que los documentos de identidad sean gratuitos para todos los ciudadanos o que existan ómnibus escolares en las zonas rurales no hay pasos efectivos en estas direcciones. Ni siquiera el Ministerio de Salud ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional para salvaguardar la salud de los niños de La Oroya.

Eso sí, este régimen parece considerar más oportuno invertir dinero en golpes de efecto: en setiembre del año pasado millones de personas fueron vacunadas contra la rubeola... una enfermedad casi inexistente (el último caso que yo conocí fue hace más de treinta años). Para miles de puneños, cruzar la frontera y ser operados gratuitamente por médicos cubanos en Bolivia resulta más práctico que esperar que su propio gobierno se acuerde de ellos.

En cuanto al empleo, debe reconocerse que existe una mayor incidencia de las inspecciones laborales, con el respaldo del Decreto Supremo 016-TR-2006, que establece severas sanciones para numerosas infracciones. Sin embargo, la mayor parte de la herencia de Toledo (y Fujimori) se mantiene intacta: dentro del propio Estado, millares de empleados, obreros y profesionales se encuentran por años en situación de precariedad a través de los llamados “servicios no personales”. En el sector privado, los trabajadores precarios siguen siendo frecuentes víctimas de accidentes de trabajo, como sucede en el sector minero, donde las huelgas han sido mucho más numerosas que en tiempos de Toledo.

En casos como Casapalca, la empresa textil Topy Top o la agroexportadora Camposol, los trabajadores han enfrentado despidos y golpizas por el simple hecho de organizarse en sindicatos. Mientras esto sucedía, el gobierno de García aseguraba al de Estados Unidos la plena vigencia de los derechos laborales en nuestro país. Se trata, mas bien, de efectos retóricos, como instituir el Día de las Trabajadoras del Hogar, sin tomar medidas efectivas para apoyarlas.

En cuanto al medio ambiente, aunque Toledo no estaba precisamente comprometido en este tema, los retrocesos han sido marcados: se ha impedido a las Municipalidades crear zonas ecológicas y se han otorgado mayores facilidades para que las concesiones de exploración minera, disminuyendo la participación de la población. Desde Perú Petro se busca inclusive negar la existencia de pueblos indígenas aislados para entregar los lugares donde éstos viven a empresas petroleras.

Como Toledo, García ha tenido que enfrentar muchas protestas sociales, pero éstas ya no están motivadas por alcaldes corruptos o conflictos limítrofes con otras provincias, sino un descontento hacia el gobierno central. En las últimas semanas, solamente Lima y algunas ciudades del norte del país no quedaron paralizadas por las movilizaciones. Más allá de las cifras económicas positivas, la sensación de malestar está muy presente, como recuerda el pronunciamiento por Fiestas Patrias de la Iglesia Católica. Afortunadamente, ningún vocero del régimen se atreve ahora a hablar de “chorreo”, que se consideraría una expresión inaceptable e insultante.

Sin embargo, probablemente la diferencia más marcada es la violenta respuesta del régimen a las protestas sociales y, en general, un accionar policial donde disparar primero y preguntar después se hace cada vez más frecuente, como ocurrió con las muertes del empresario Guillermo Li o el niño Imel Huayta cerca de Ilave. En los cinco meses desde que Luis Alva Castro asumió el Ministerio del Interior han fallecido más personas a consecuencia de excesos policiales que en cualquiera de los cinco años que gobernó Toledo.

Al parecer, es muy posible que estas muertes se multipliquen: el 22 de julio se publicó el Decreto Legislativo 982 que dispone la inimputabilidad de los militares y policías que maten personas empleando sus armas reglamentarias y en cumplimiento de su deber. Seguramente, los policías involucrados en las ocho muertes ocurridas en lo que va del régimen invocarán esta causal para evitar cualquier sanción. Inclusive desde la prisión norteamericana donde se encuentra, puede usarla en su favor el sanguinario Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca. Debe señalarse, en honor a la verdad, que ni en los peores tiempos de la violencia política se planteó una norma semejante.

En general, no parece que el actual gobierno otorgue mucho valor a la vida humana: mientras la sanción penal para el homicidio es de 15 años, el Decreto Legislativo 982 dispone que si dos personas bloquean pacíficamente una carretera enfrentan hasta 25 años de cárcel, porque esta conducta es considerada una forma agravada de “extorsión”.

Las nuevas normas fueron presentadas como mecanismos eficaces contra el crimen organizado, pero mas bien constituyen nuevas formas de criminalizar las protestas sociales. El transfondo político resulta muy evidente, porque en la concepción de extorsión se incluye la participación en huelgas de las autoridades regionales y locales, sancionándolas con inhabilitación. En realidad, existe un problema de redacción, porque las autoridades no suelen involucrarse en huelgas y sí en otras movilizaciones sociales, que sería aquello que se intenta impedir. En todo caso, el decreto no distingue entre la incitación a actos violentos, que sí debería acarrear la inhabilitación, y las expresiones populares pacíficas y justas.

Mientras el Decreto 982 viene generando hondo rechazo al interior del país, los optimistas confían en que las nuevas medidas represivas sean una respuesta desesperada frente a las demandas sociales y que pronto serán derogadas. Los pesimistas sostienen que se trata de un camino sin retorno hacia el autoritarismo. La situación de las libertades democráticas y los derechos humanos en los próximos meses nos mostrará quiénes tuvieron la razón.


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Además...

-Fueron internados en la cárcel de Huancayo varios médicos implicados en emitir certificados falsos de discapacidad para lograr que algunas personas obtuvieran indebidamente pensiones de jubilación en la ONP.

-La Municipalidad de Trujillo sancionará a todos los conductores que abusen del claxon. Sería muy positivo que medidas similares se aplicaran en otras ciudades ruidosas como Piura, Chiclayo y Arequipa.

-El impedimento para que se realice una inspección laboral en las instalaciones laborales de Panamericana Televisión pone de relieve los abusos que se cometen en algunas empresas periodísticas.

-40 millones de soles ha costado la instalación de fuentes luminosas en el Parque de la Reserva … en el cual ahora se cobra 4 soles por ingresar. Una cantidad de dinero que hubiera servido para satisfacer necesidades más importantes de muchos limeños.



RELACIÓN DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS POLICIALES DURANTE EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006, Sicuani, Cusco. Jonathan era un adolescente de 17 años, que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la policía abrió fuego contra la población.

Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006, Abancay, Apurímac. Participaba en unas protestas contra la Presidenta Regional.

Guillermo Li, 6 de abril del 2007, Lima. Este empresario fue asesinado por integrantes de la comisaría de Monterrico, que aparentemente lo confundieron con uno de sus secuestradores, debido a sus rasgos físicos.

Marvin Gonzales, 11 de abril del 2007, Ancash. Este agricultor participaba en un paro departamental. La policía le disparó por la espalda. Las estaciones de televisión que difundieron los hechos fueron clausuradas a la semana siguiente.

Imel Huayta, 22 de abril de 2007, Puno. Imel, de 8 años, viajaba en un camión con sus padres cerca de Ilave, cuando la policía que realizaba operativo contra el contrabando disparó al parabrisas.

Julio Raymundo y Oscar Fernández, 15 de junio del 2007. Trabajadores de la empresa Casapalca, fallecidos cuando la policía pretendía abrir un bloqueo de la Carretera Central.

Julián Altamirano, 15 de julio del 2007. Campesino de Andahuaylas, fallecido durante las protestas realizadas en esta localidad.

Sergio Alanoca, 19 de julio del 2007. Profesor de Puno, fallecido en el Hospital de Essalud de Juliaca debido al impacto de una bomba lacrimógena ocurrido el 12 de julio, cuando participaba en una protesta del SUTEP.


VÍCTIMA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Octavio Aquino, 19 de marzo del año 2007. Profesor de la comunidad de Huachocolpa (Huancavelica), falleció al parecer a consecuencia de una bala perdida durante un confuso incidente en el que al parecer los militares se enfrentaron a un grupo subversivo.


CASOS EN LOS QUE SUBSISTEN DUDAS

Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006. Campesino de Combayo (Cajamarca), sobre cuya muerte no existe total claridad, siendo también atribuida al personal de seguridad de la empresa Yanacocha. Esta muerte se produjo a cuatro días de asumir el gobierno Alan García y las investigaciones se encuentran paralizadas.

Herminia Herrera, profesora del SUTEP fallecida el 11 de julio del 2007 en el Hospital Rebagliati aparentemente debido a la violencia policial. Las autoridades han negado los hechos.